Después de los cruces por los incidentes en la despedida por Diego Maradona y en plena guerra por la coparticipación, la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires avanzan en las conversaciones para diseñar el operativo de seguridad para el 10 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados debatirá en el recinto el debate por la legalización del aborto.
Los dos gobiernos lo saben: la sesión será larga y la movilización en torno al Congreso de la Nación, tanto del lado de quienes apoyan el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como de quienes se oponen, será multitudinaria, como en 2018. Por eso, el operativo comenzó a diseñarse con varios días de antelación y contemplará “todas las hipótesis de conflicto posibles”.
El Gobierno de la Ciudad tiene experiencia previa en el tema. En 2018, cuando el proyecto llegó al recinto, dividió en dos la Plaza de los Dos Congresos. Del lado de avenida Rivadavia, por donde se ingresa a Diputados, quedaron los pañuelos verdes. Los celestes se ubicaron en el sector que da a Hipólito Yrigoyen, donde está la entrada del Senado. En el medio dejaron un pulmón para evitar cruces y para que no se ejerciera presión cuerpo a cuerpo sobre los agentes policiales. Hubo altercados que no pasaron a mayores.
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Aquel operativo fue coordinado entre los ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad, por entonces a cargo de Patricia Bullrich y Martín Ocampo, respectivamente, ambos pertenecientes al mismo espacio político, PRO, lo que simplificó los niveles de entendimiento. Dos años después, el diseño del megadespliegue policial deberá ser nuevamente articulado por las dos jurisdicciones, ahora en cabeza de diferentes espacios políticos, cuya relación no pasa por el mejor momento.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y vicejefe de Gobierno porteño y también ministro del área, Diego Santilli, cruzaron el jueves 26 acusaciones por los incidentes que se produjeron en la despedida Maradona. Según coincidieron ante Letra P referentes de las dos administraciones, los cruces fueron “circunstanciales”, pero lo que terminó de detonar los puentes fue la discusión en torno a los fondos de coparticipación de la Ciudad, cuyo recorte impulsó el Frente de Todos en el Congreso.
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“El diálogo está muy dañado”, afirman cerca de Santilli. En la Nación coinciden. Los contactos entre Frederic y el vicejefe de Gobierno no se restablecieron y tampoco es momento para las fotos conjuntas, pero las segundas líneas mantienen buenos vínculos personales y comunicación y ya empezaron a trabajar juntos en el diseño del operativo, que seguirán diseñando durante el fin de semana, también junto a la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados. El secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro mantuvo este miércoles reuniones con referentes de los pañuelos verdes y celestes.
El Gobierno nacional estará sobre el tema. “Es una de las cuestiones centrales a atender”, confirmó a Letra P uno de los miembros del gabinete más involucrados en el tema de la legalización. Los llamados se cruzan entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Frederic, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Los equipos de los dos ministerios trabajan para garantizar y prevenir cualquier tipo de situación de violencia que pueda darse, “sobre todo ante los escraches” que los grupos autodenominados “provida” perpetraron frente a los domicilios de referentes de la legalización, como Facundo Suárez Lastra (UCR) y Carolina Gaillard (FdT).
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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también sigue de cerca la organización y, cuando la ley pase al Senado, le tocará el turno a Cristina Fernández de Kirchner. “Los dos son presidentes que administran y gestionan el detalle de todo, incluida la seguridad”, afirma un funcionario nacional involucrado en el operativo. Tanto Massa como Cristina mantienen buen diálogo con Santilli. En agosto, la vicepresidenta llamó personalmente al vicejefe de Gobierno para pedirle que la Policía de la Ciudad retirara las vallas que rodeaban el Congreso antes del debate por la reforma judicial. La relación entre ambos es buena.
Aunque los detalles se terminarán de definir en los próximos días, hasta el momento está clara la división del territorio. La Policía Federal armará el vallado perimetral que rodeará el Congreso y las fuerzas federales estarán a cargo de la seguridad tanto del edificio como de las y los legisladores. Por fuera del vallado actuará la Policía de la Ciudad. Las áreas de Seguridad de las dos jurisdicciones tienen sobre la mesa el posible resultado y, en función de eso, también manejan variables sobre los eventuales incidentes. Además, trabajan con la hipótesis de que la concentración empezará el 9, con una vigilia, y terminará el 11 a la mañana, una vez que se cierre la votación. En las próximas horas darán a conocer los detalles de cómo se organizarán los accesos al Congreso.