En medio de fuertes cruces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto para recortar de fondos de Nación a la ciudad de Buenos Aires. Para conseguirlo, debió hacer cambios en el articulado del texto y, por lo tanto, la iniciativa volverá al Senado.
El dictamen de mayoría fue aprobado por 129 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, 4 por Córdoba Federal, 6 por el interbloque de Unidad para el Desarrollo, 1 el Movimiento Popular Neuquino, y del Bloque Justicialista; mientras que Juntos por el Cambio -junto con otros dos bloques minoritarios- reunió 118 votos.
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El texto del proyecto establecía una suma fija de $24.500 millones actualizada trimestralmente, como el monto que recibirá Capital Federal por el gasto del traspaso de la Policía Federal en 2016. Aunque con las modificaciones se estableció que esa suma deberá acordarse en el convenio que deberán firmar la Nación y la ciudad de Buenos Aires.
El monto estipulado se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro nacional hacia la Ciudad, dejando de formar parte del porcentaje de coparticipación.
De esta manera, se convalida el convenio de transferencia firmado el 5 de enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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Juntos por el Cambio intentó demorar el tratamiento de la iniciativa con más de 50 cuestiones de privilegio, la mayoría contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por haber convocado a la sesión el viernes a última hora de manera “irregular”.
A la medianoche, se desató una disputa por la vigencia del protocolo virtual, que fue saldada tras más de dos horas de discusión con una moción -que resultó afirmativa- para reencauzar el debate.
Desde la oposición aseguraron que hay "animosidad" contra la Ciudad de parte del Gobierno Nacional y remarcaron que la Ciudad es uno de los territorios más perjudicados en materia de recursos coparticipables, ya que recibe casi 10 veces menos que lo que aporta.
"Desde la convocatoria, es inconstitucional el proyecto que estamos trabajando, porque lo que hoy está pagando la ciudad de Buenos Aires es la consecuencia política de un gobierno que empieza en el 2007 (con Mauricio Macri) y continúa con un proceso de crecimiento", afirmó el diputado del PRO Critian Ritondo.
Y agregó: "Ante las encuestas, el crecimiento de un posible candidato a presidente que gobierna la ciudad de Buenos Aires, había que atacarlo; no hay razones ni jurídicas, ni económicas, hay una sola razón que es política".