Elizabeth Gómez Alcorta es la primera ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la historia argentina. Con una cartera creada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la abogada tuvo que maniobrar sin presupuesto los primeros meses de la pandemia de coronavirus. A ese desafío se le sumó, este fin de año, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una demanda histórica del movimiento de mujeres y una promesa de campaña del Frente de Todos (FdT). Gómez Alcorta participó en la redacción del proyecto del Ejecutivo que hoy se trata en el Senado y trabajó para sumar votos verdes y que el aborto legal finalmente sea una realidad en la Argentina. Horas antes de la votación definitoria en en el Senado, habló con Letra P y sostuvo que es optimista en relación con el resultado.
-¿Cómo termina la votación?
-Soy optimista, no triunfalista. No por cábala, sino porque no están dadas las condiciones objetivas para eso. En el Senado el número es más reducido, es un número que no cambió demasiado en relación con 2018 y si hay algunos cambios a favor o en contra, son muy mínimos, así que no hay chances de que la transformación sea muy grande. 2018 nos marcó en términos sociales y culturales y muy fuerte en términos políticos. El hecho de que sea un proyecto del Poder Ejecutivo va a hacer que se mueva el amperímetro, pero habrá que ver en el momento.
-¿Cómo fue el trabajo de juntar los votos?
-Eso lo destaco mucho, porque venimos muy atravesados en términos políticos y mediáticos por esta cosa de la grieta, de la imposibilidad del diálogo, pero desde antes de que el proyecto ingrese al Senado estamos trabajando con senadoras y senadoras de la oposición, de distintos bloques. Y el trabajo no es sólo de articulación, sino de mucha confianza, y eso es una condición. Sin eso, es imposible que haya ley.
-¿Qué tan importante es para el Gobierno que salga la ley?
-Es importante, porque tiene la particularidad de que fue un proyecto enunciado por el Presidente, y eso no pasa con todos los proyectos de ley. Y no lo digo solamente por el 1 de marzo, sino porque además en este año de pandemia ha sido una pregunta recurrente, más allá de tiene que ver con las convicciones de Alberto Fernández. Éste es un proyecto del movimiento de mujeres y en términos de derrotas o victorias, pertenece al movimiento de mujeres, así que me cuesta analizarlo en términos de triunfo o derrota para el Gobierno. No puedo cuantificarlo.
-¿En la reglamentación pueden incorporarse algunas de las sugerencias o pedidos que surgieron?
-Sí, se puede, y además me parece correcto. Así como cuando estábamos trabajando en el dictamen en la Cámara de Diputados, consultamos a senadoras y senadores de la oposición para llegar a esta instancia con una construcción de un texto lo más consensuado y colectivo posible, se incorporaron todas las cuestiones que nos trajeron. Esencialmente se hizo para no modificar el texto y que tuviera que volver a la cámara de origen. Y esto fue parte del aprendizaje de 2018, en donde se llegó al Senado y se quería modificar el texto de la ley.
Foto: AGLP.
-Hay una demanda del senador Alberto Weretilneck que es regresiva en relación a lo que establece el Código Penal de 1921.
-El diputado Fernando Iglesias planteó lo mismo en el recinto de Diputados. Es exclusivamente en el caso de las violaciones, no cuando está en riesgo la salud. Porque más allá de que estuvieran la limitación, el sistema penal habilita en caso de que haya riesgo de vida. Sobre esta cuestión trabajamos en varios sentidos. Primero, sobre la modificación de algo que rige desde hace 99 años, que en sí mismo no sería un problema. Pero buscamos casos, y no encontramos ningún caso en los últimos 99 años de alguien que haya pedido una interrupción de un embarazo en el tercer trimestre. Y por otro lado, de sancionarse la ley, esas primeras 14 semanas en la que es voluntaria -en las que que las mujeres y las personas gestantes no tienen que dar razones de su decisión- lo que van a hacer es acelerar los plazos de las interrupciones legales del embarazo.
-¿Cómo se puede explicar mejor eso?
-Hoy, al estar penalizado, todo el sistema es más restrictivo, el acceso también tiene más obstáculos, inclusive en lugares donde se realizan muchísimas ILEs. Entonces, al legalizarse, en vez de extenderse los plazos, se van a aminorar. La mayoría de las ILEs (entre el 80% y el 90% según datos de los Estados Unidos, de Inglaterra y de la Ciudad de Buenos Aires) se producen en las primeras 12 semanas, y entre un 1% y un 4% hasta la semana 20. Estos casos son, en general, de niñas o adolescentes abusadas por alguien de su entorno familiar y en situación de embarazo forzado, con dificultades emocionales y sociales para referir el abuso y que desconocen su condición de embarazadas. Frecuentemente estas situaciones están acompañadas de complicidades familiares que niegan y ocultan el abuso. La verdad es que volver a la Cámara de Diputados con este texto que se aprobó con 14 votos de diferencia -que es un número muy importante-, lo entendemos contraproducente.
Foto: AGLP.
-¿Qué piensa de las versiones que hablan de un empate y un desempate de Cristina?
-Espero que no se llegue a ese escenario, porque eso hablaría de lo justos que estaríamos con los votos, y no en particular porque tenga que desempatar o no la vicepresidenta. Por lo demás, son todas conjeturas. No hay nada que indique que estemos frente a ese escenario. De todos modos, es un escenario imposible de preparar porque hay personas de las que sabremos su posición recién en el momento en que efectivamente voten.
-¿Tienen algún temor a la reacción de los celestes si el aborto es ley?
-La verdad que no. En las últimas semanas hubo un nivel mayor de beligerancia, pero lo leemos como un nivel muy inferior al de 2018 y eso nos permite llegar de otro modo. Las resistencias van a estar puestas en obstaculizar la implementación más que a una cuestión en particular. Es bueno recordar que, con dos millones de personas en las calles, el 8 de agosto de 2018, cuando se perdió en el Senado, lo que se hizo fue aceptar las reglas del juego democrático. Muchas lo veían como una derrota, las que somos más viejas veíamos cómo se había avanzado muchísimo y hoy lo podemos ver. No está mal recordar que nadie va ser obligado a abortar. En caso de que se apruebe la ley, nos queda mucho trabajo por hacer. Es un punto de llegada y es un punto de partida, que será la implementación.
-¿Qué se prepara para la puesta en práctica? Ya hay sectores preparados para litigar.
-Eso no lo sabemos a ciencia cierta. De todos modos, en relación con los posibles planteos de inconstitucionalidad, estamos muy tranquilas. Sobre todo, porque el marco constitucional y convencional que tiene el proyecto de ley está centrado en los mismos fundamentos que dio la Corte Suprema de Justicia en el fallo F.A.L. y en todos los informes de los comités de seguimiento de todas las convenciones. No tenemos ningún temor.
-¿Y respecto a las objeciones de conciencia?
-Ya hay un trabajo muy grande que está haciendo el Ministerio de Salud. Ahí hay que asegurar muy prontamente las redes de derivaciones. En todas las provincias esas redes de profesionales han funcionado para hacer las ILEs en situaciones muy difíciles y ahora, con el amparo de esta ley, van a poder trabajar de otro modo. Sabemos que muchas y muchos efectores de salud, sin el riesgo de una persecución penal, van a poder realizar las prácticas, sobre todo en provincias donde no hay protocolos, porque los protocolos son ni más ni menos que un ámbito de seguridad para médicos y médicas.
