Por Paola Ingrassia y Natalia Aruguete
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Por Paola Ingrassia y Natalia Aruguete
El capítulo-2020 del debate sobre la legalización del aborto no solo no es nuevo -se ancla en una discusión originada en la Ilustración con foco en el reclamo por la libertad y recuperada en la década del setenta en América Latina-, sino que reedita las pujas alrededor de las definiciones sobre el derecho a la(s) vida(s), pero, ¿de quién o de quiénes? En este escenario importa comprender los discursos que configuran a las víctimas y, más aún, identificar el papel jugado por cada uno de los actores, tanto individuales cuanto institucionales y colectivos, que participan de estas disputas por instalar encuadres y contra-encuadres: la Iglesia, los colectivos sociales, el Estado, los medios.
A mediados del siglo pasado, Simone de Beauvoir usó el término “humanitarismo intransigente” para referirse a un derecho que la Iglesia reserva para el feto pero del que excluye a las mujeres. Al configurar el rol de hombres y mujeres en la sociedad, la tradición eclesiástica destina a la mujer un rol específico y excluyente: dar vida. Esa definición reduce la complejidad del fenómeno a una mirada binaria que vincula el derecho a interrumpir un embarazo no deseado con la cultura de la muerte. La eficacia del encuadre “pro-vida” se basa precisamente en ese universo dicotómico. Este año, sin embargo, las tramas de sentido implícitas en ese lema se resignificaron en clave feminista: la pregunta que se instaló en la agenda social fue “¿pro-vida, cuál(es) vida(s)?”
Cuestionar un encuadre que se ha vuelto hegemónico con bocados de información dispersos no parece suficiente. Es necesario promover palabras e imágenes que sean culturalmente resonantes y alcancen una magnitud y una relevancia suficientes para ser internalizadas como una alternativa sensata y coherente. Los eventos críticos -tal es el caso de la reanudación del debate parlamentario sobre el derecho al aborto- son condición de posibilidad para trazar contra-encuadres que compitan con las estrategias de comunicación oficiales. Concretamente, habitamos un escenario de posibilidad para que la etiqueta #AbortoLegalEsVida tenga una presencia inusitada en redes sociales, seguida de una narrativa pedagógica, sorora y nada beligerante que explique que “el debate no es aborto sí o aborto no. Es legal o clandestino”. Con esta frase, los colectivos feministas intentan instalar la idea de que la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es defender la vida, la de miles de mujeres que mueren por no tener las condiciones económicas y sanitarias necesarias para decidir sobre su propio destino.
Pero no solo los eventos críticos, también las divisiones en el interior de las élites -no todo el bloque de Juntos por el Cambio vota igual- dejan un resquicio para viabilizar la renovada puesta en agenda del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo .Que #AbortoLegalEsVida -ontra-encuadre de #Pro-Vida- escale en las redes no sería posible si la comunidad celeste, con narrativas inconsistentes y bajo nivel de viralización, fuera igualmente robusta.
En esta arena competitiva, en la que movimientos y contra-movimientos intentan disputar el sentido sobre el alcance y la definición de “vida”, los medios de comunicación juegan un papel clave en la construcción del evento noticioso como en el sustrato moral que subyace al eje de la discusión. Nuevamente: el derecho a la(s) vida(s), pero ¿de quién o de quiénes?
Como en ocasión del debate parlamentario de 2018, volvemos la mirada sobre aquellos actores capaces de influir en el sentido de la cobertura de dos medios que han tenido mucho engagement en las burbujas virtuales de la derecha ideológica argentina en los últimos años: Clarín y La Nación.
El tratamiento de estos dos periódicos, con énfasis creciente después de la media sanción en la Cámara de Diputados, revitaliza la palabra eclesiástica, apoyando su sustrato moral y religioso, y asigna a este fenómeno una responsabilidad individual; nunca institucional ni, mucho menos, estatal (en títulos como “Un proyecto polémico. Contra el aborto legal: la Iglesia convocó a una jornada de oración por el cuidado de la vida no nacida”, publicado en Clarín el 6 de diciembre de 2020, o “El aborto o la pobreza, ¿otro dilema ético?”, publicado en La Nación el 10 de diciembre de 2020).
La moralidad, que estructura un universo dicotómico entre el bien y el mal, no fue la única estrategia discursiva. El supuesto aprovechamiento para obtener rédito político en una situación desventajosa (Clarín, 12 de diciembre de 2020; La Nación, 13 de diciembre de 2020) no solo solapa el cumplimiento de una promesa de campaña sino que, además, banaliza y silencia el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; una vez más.
La responsabilidad de reponer -o al menos tender- a la equidad en materia de derechos y libertad no es personal, es política, es cultural, es del Estado, que tiene una oportunidad invaluable para atender una necesidad urgente. La legalización de la IVE es solo el primer paso.