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¿Podremos sacar la educación de la grieta?

La Argentina está sumergida en una coyuntura compleja y frustrante, que se agrava con la pelea de los dirigentes sobre el inicio del ciclo lectivo.

¿Podremos sacar la educación de la grieta?

16/11/2020 14:59

 

Argentina necesita políticas de Estado en muchos campos y, sin duda, el educativo es uno de ellos. Si algo dejó en claro la pandemia es la importancia de la escuela y la evidencia incontrastable de que asistimos a una revolución tecnológica. Más de 4 mil millones de personas están hoy conectadas a Internet y una red de dispositivos digitales rodea a las sociedades humanas. El filósofo surcoreano Byung Chul Han lo bautizó “el enjambre”. En el contexto de esta revolución, las nuevas generaciones van a la escuela. Nuestro país no tiene posibilidad de tener un rol activo en este nuevo escenario si rápidamente no incluye en el ámbito educativo lo que está sucediendo en el mundo.

Los argentinos estamos sumergidos en una coyuntura compleja y frustrante, que se agrava por la dificultad para construir consensos mínimos. Es una evidencia de esta confrontación estéril el debate sobre cuándo empiezan las clases, en la que sectores de la política usan a la escuela como un botín de guerra. Hay que sacar a la escuela de la grieta. Esa es una condición necesaria.

No siempre tuvimos esta guerra. En el siglo XIX, Domingo Sarmiento concibió a la escuela normal y la educación común como la piedra basal de la conformación de la nación argentina. Ese proyecto, que expresó claramente la ley 1.420, tuvo un largo consenso en Argentina, casi hasta finales del siglo XX. En el siglo XXI, tuvimos otro momento de acuerdos fructíferos. Allí están la Ley Nacional de Educación (26.206) y la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), todo un plexo normativo que se sancionó por unanimidad entre 2005 y 2006. 

 

 

El desafío vuelve a ser el mismo: llegar a un acuerdo para poner en valor una escuela que está en una encrucijada, ser parte de la decadencia argentina o la clave de nuestro desarrollo futuro. Tenemos que ser claros: los acuerdos que necesitamos no deben hacer foco en las cuestiones normativas, sino en lograr que esas normas sean una realidad efectiva en las escuelas y en los aprendizajes. 

Para eso, propongo una serie de consensos:

a) mejorar los ingresos docentes y garantizar un financiamiento educativo equitativo en todo el país; para esto, es necesario que el Estasdo nacional haga cumplir la Ley de Financiamiento Educativo, que establece una inversión del 6% del PBI;

b) evaluar de modo permanente todo el sistema educativo -no sólo a los alumnos-, poniendo a la escuela real como eje. A esos efectos, es necesario crear la Agencia Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Educación Básica, cuyo objeto será desarrollar las políticas de evaluación del sistema educativo (articulando todas las evaluaciones actuales y sumando los aspectos técnico/pedagógicos y, también, las condiciones edilicias, su infraestructura tecnológica, el contexto socioeconómico de los estudiantes y las familias, la capacitación de docentes y equipos directivos). En la década del 90 el sistema universitario crea la CONEAU, agencia de evaluación y seguimiento de la formación universitaria argentina. Los buenos resultados de este sistema que en la actualidad nos brindan las evaluaciones internacionales es resultado de aquel acuerdo que, recordemos, algunos sectores universitarios resistieron;

Los consensos que hacen falta no son complejos de alcanzar si las partes se disponen a sentarse en una mesa y dejar de lado sus expectativas de usar a la escuela como ring de contienda.

c) aumentar la inversión en tecnología e infraestructura escolar, creando un Fondo de Infraestructura Nacional para impulsar la construcción de nuevas escuelas con ejecución descentralizada a través de los estados provinciales y/o municipales, dando prioridad al nivel inicial y las secundarias técnicas y agrarias. En paralelo, hay que impulsar un programa nacional de Planes de Mejora con inversión tecnológica destinado a promover la innovación de proyectos pedagógicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje asociados al uso de dispositivos tecnológicos;

d) fortalecer el vínculo entre Educación y trabajo incrementando la formación técnico profesional en el nivel secundario. Argentina tiene casi la misma cantidad de escuelas técnicas que a mediados de las década del 70 del siglo pasado. La Plata, por caso, refleja dramáticamente ese déficit: hay solo ocho escuelas técnicas y una escuela agraria, las mismas que en 1980, cuando la ciudad tenía casi la mitad de la población actual;

e) por último, garantizar la Jornada Escolar Extendida y Seguridad Alimentaria en los niveles inicial y primario. Los datos de las últimas consultas del Observatorio de la Deuda Social Argentina son contundentes: más del 50% de los niños en Argentina es pobre. Por tanto, necesitamos, al menos, impulsar una política de expansión de las escuelas de jornada extendida hasta seis horas para el nivel primario en el 50% de las escuelas del país para 2030.  A este programa se le debe adosar el de garantizar, por ley, el Servicio Alimentario Escolar como un programa de Seguridad Alimentaria a cargo de las administraciones locales, con control de calidad en cuanto a los insumos, la distribución y la confección de menús.

Estos consensos no son complejos de alcanzar si las partes se disponen a sentarse en una mesa y dejar de lado sus expectativas de usar a la escuela como ring de contienda. Si seguimos perdiendo tiempo en la confrontación electoral, las generaciones futuras perderán una oportunidad única y el país seguirá metido en el lodo de la frustraciones.