En una declaración indagatoria que duró 20 minutos y en la que no aceptó responder preguntas del juez y los fiscales, la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, Silvia Majdalani, negó ante la Justicia que en ese organismo haya existido una “banda de delincuentes ni una asociación ilícita” para el espionaje ilegal, aunque admitió que pudo haber habido “cuentapropismo” o “autoemprendimiento” de agentes que hayan realizado esa tarea. En su relato dijo estar acusada por “dimes y diretes” y por “testimonios de testigos reservados que fueron presionados a declarar”. Este viernes declara el extitular de la AFI, Gustavo Arribas.
“De ninguna manera durante mi gestión recibí ni di una orden que estuviera fuera de la ley. Jamás tuve conocimiento ni indiqué que se practicara espionaje ilegal ni político a nadie. No soy, jamás fui, la jefa de una asociación ilícita”, sostuvo la ex “Señora 8” en el descargo que brindó en la causa a cargo del juez Juan Pablo Augé en la que se investiga maniobras de espionaje ilegal.
Majdalani teorizó con que “sí puede haber existido sin duda cuentapropismo, algún autoemprendimiento, como en cualquier institución”, por parte de algunos de los espías que están siendo investigados. Esta línea argumental es la que sostiene el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, quien es apuntado en otra causa de espionaje que tramita en la justicia ordinaria bonaerense.
Pese a haber referido esta posibilidad en la institución que le tocó conducir junto con el extitular Arribas, Majdalani enfatizó en que nunca tuvo “conocimiento de que existiera espionaje ilegal” y afirmó que no recibió informes ilegales de ninguno de los agentes a su cargo.
En la causa se investigan maniobras de inteligencia supuestamente ilegales desplegadas por agentes de la AFI de la gestión de Mauricio Macri sobre numerosas personas, entre dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos y hasta periodistas. El listado abarca desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, e incluye nombres como los del sindicalista Hugo Moyano y el periodista Hugo Alconada Mon.
Este viernes concluirá la ronda de indagatorias con la declaración, también a través de la plataforma virtual zoom, del ex “Señor 5", Gustavo Arribas.
Ambos exjefes de la AFI, al igual que el exespía Alan Ruiz, están ya procesados en la parte de la causa que investiga espionaje ilegal al domicilio de Cristina Kirchner y al Instituto Patria, base política del kirchnerismo.
EL EXPEDIENTE. La instrucción de la causa está delegada en los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona, quienes en la imputación sostuvieron que los acusados “conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”.
Dentro de la estructura de la AFI, la dirección de “esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani”, sostuvieron los fiscales que, además, indicaron que “se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”.
Una parte importante del material probatorio que obra en el expediente surgió de los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados, donde se detectó que compartían parte de la información producida de forma ilegal en grupos de Whatsapp identificados como “Súper Mario Bros”, “Grupo Pilar”, “Grupo Argentina”, “Grupo Las Tres” y “Grupo Cueva”, según se desprende del expediente y que también informó la agencia Télam.
Al referirse a los grupos de chat, Majdalani remarcó que no participó de ninguno de ellos y que allí solo aparecen menciones como “dijo la Ocho” pero que en ningún caso aparece ella dando una orden por lo que se consideró “acusada solo por ‘dimes y diretes’” y por “testimonios de testigos reservados que fueron presionados a declarar”.
Al no responder preguntas, la exsubdirectora de la AFI dejó pasar la posibilidad de responder a las menciones de otros imputados que sostuvieron que las órdenes a los espías se las daba el exjefe de operaciones especiales de la central de inteligencia Alan Ruiz, y que este respondía directamente a la señora 8 a pesar de que eso no estaba previsto en el organigrama de ese organismo.
En el comienzo de su monólogo, Majdalani repasó su carrera como funcionaria pública y remarcó que como legisladora nacional integró la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de Inteligencia, por lo que conocía “perfectamente” la ley 25.520 y su modificatoria que prohíbe a la AFI realizar actividades como las ahora investigadas.
La exfuncionaria remarcó que fue la primera mujer que llegó a ese cargo en el país luego de su carrera parlamentaria y destacó que durante cuatro años trabajó con “dedicación”, por lo que cuando dejó su cargo lo hizo con “la convicción del deber cumplido y orgullosa de haber trabajado”.
Hacia el final de su exposición, que concluyó pocos minutos después de las 11, la exfuncionaria remarcó que “ningún agente en la causa dijo que recibió o me escuchó a mi dar alguna orden de efectuar alguna cosa ilegal” y cuestionó el papel del juez y los fiscales a quienes, recordó, no les reconoce la competencia en este expediente.
El martes pasado también fue indagado Darío Nieto, exsecretario privado de Macri durante su período presidencial. Aseveró que “nunca” le entregó “un informe de inteligencia” al exmandatario, negó haber recibido informes por parte de la excoordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y consideró que la causa de espionaje ilegal está armada por el kirchnerismo para hacerle daño a Macri.
Una vez que se completen las indagatorias, el juez estará en condiciones de determinar si procesa o no a los sospechosos. Para eso tiene un plazo de diez días hábiles a partir del momento en que se completan cada una de las audiencias en las que los acusados tienen la posibilidad de dar a conocer sus versiones y comenzar a desplegar sus defensas.
