Todos espiados

Espionaje bonaerense y el hilo rojo que conecta con Vidal y Ritondo

Un documento judicial refuerza la hipótesis que apunta a exgobernadora y ex ministro como piezas de una trama de investigaciones ilegales con fines políticos.

Una de las causas en las que se investiga el espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal sumó oficialmente un documento que complica el futuro judicial en el círculo rojo del PRO y pone en la mira a la exmandataria y al exministro de Seguridad Cristian Ritondo, confirmaron fuentes de tribunales a Letra P.

 

En el marco de la causa penal que se instruye en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, ingresó formalmente al expediente un informe en el que se confirma que un sistema de búsqueda de datos patrimoniales de personas físicas y jurídicas fue contratado por la cartera de Seguridad. Se trata del expediente en el que ya fueron procesados el extitular de Asuntos Internos Guillermo Berra y la abogada Rosario Sardiña. Ambos debían declarar este lunes 29 de junio, pero la audiencia fue suspendida luego de que la defensa planteó una serie de nulidades y aportó nuevas evidencias.

 

La defensa, en manos del abogado Marcelo Peña, presentó un documento donde se detalla que el sistema de consultas en la base de datos Nosis “fue contratado por la cartera de Seguridad para obtener información en forma ilimitada para las áreas de Narcotráfico, Asuntos Internos e Inteligencia Criminal”.

 

 

Según la defensa, de los registros del Nosis surge que Asuntos Internos solicitó 1.491 informes, Narcotráfico unos dos mil y más de 40 mil, entre los que se encontrarían varios políticos como objetivos, fueron requeridos por Inteligencia Criminal. Las tres reparticiones estaban bajo la órbita de Ritondo.

 

Este nuevo escenario abre la posibilidad de que la investigación siga en la escala ascendente en el ámbito de la cartera de Seguridad y hacia la exgobernadora Vidal. La justicia deberá determinar si esas más de 43 mil consultas a bases de datos privados formaban parte de investigaciones judiciales con un juez que dictó esas órdenes (en ese caso, no habría delito) o si se utilizaron para espionaje ilegal con fines políticos.

 

 

 

La suerte de Vidal y Ritondo aparece atadas con un hilo rojo que advierte posibles turbulencias judiciales a futuro. ¿Es posible que los dos acusados actuaran de manera autónoma? La respuesta a esa pregunta deberá gestarse en el ámbito judicial.

 

El sábado 13 junio pasado, el exministro Ritondo participó en el programa televisivo "La noche de Mirtha Legrand". En esa oportunidad, habló de las causas de espionaje en general. Rechazó cualquier vínculo con esa actividad ilegal y acusó a los implicados de ser  “cuentapropistas” que actuaron como lobos solitarios, de manera inorgánica, una especie de empleados infieles que se lanzaron a jugar a los detectives privados.

 

 

 

En la causa que tiene a su cargo la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI 15, Berra y Sardiña fueron procesados por "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado".

 

En el llamado a indagatoria, al que tuvo acceso este medio, Corfield consideró que Berra y Sardiña obtuvieron "información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial" y que "para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados", según consignó en el escrito en el que los citó a indagatoria.

 

 

 

En este nuevo escenario abierto nada está descartado. Además, fuentes del proceso penal en marcha adelantaron que las esquirlas del escándalo llegarán hasta el procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, quien ya tiene una denuncia en su contra por espionaje en la justicia Federal de Lomas de Zamora, tal como anticipó Letra P el pasado 22 de junio.

 

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