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Octubre chileno: las tensiones y la crisis aumentan en un mes histórico

Se calienta la previa del plebiscito a 32 años del referéndum que sacó a Pinochet y a uno del inicio de las protestas que pusieron en jaque su legado.

El décimo mes del año tiene un poder simbólico importante para Chile. El 5 de octubre de 1988, se realizó un referéndum en el que el 55,9% de la población rechazó la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet. El militar abandonó la Casa de la Moneda al año siguiente. El 18 de este mismo mes, pero del año pasado, iniciaron las protestas que pusieron en jaque al sistema político y económico heredado de aquel régimen y, finalmente, el próximo 25 se realizará un plebiscito para determinar si se cambia la constitución pinochetista. En un mes trascendental, las protestas y la represión que caracterizaron a 2019 vuelven a escena. 

 

La crisis del año pasado, iniciada luego del aumento de 30 pesos del subte, entró en stand by tras la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución por parte de los partidos políticos. Los 470 mil casos de covid-19, las casi 13 mil muertes y las cuarentenas focalizadas adormecieron el reclamo, que de todas maneras no dejó de sentirse. Con la llegada de octubre y el intento de retornar a la vida social, volvieron a ocupar el centro de la escena y la Plaza Italia, renombrada Plaza Dignidad.

 

Chispa. El joven empujado al río por un carabinero.

 

 

La tensión y la represión también reaparecieron luego de que un carabinero empujara a un manifestante de 16 años por el puente Pío Nono hacia el río Mapocho. Los años de las botas, cuando aparecían cuerpos en el mismo lugar con heridas de bala o signos de torturas, resurgieron en el imaginario social. Además, se acerca el 18 de octubre, el primer aniversario de las protestas: se esperan manifestaciones y se reforzó la seguridad. Es una jornada que mantiene expectante al país.

 

En diálogo con Letra P, Mladen Yopo Herrera, doctor en Ciencia Política por la Universidad holandesa de Leiden e investigador de la Universidad SEK de Chile, explicó que el país vive “un período conflictivo” y que las protestas vuelven a surgir porque “las demandas del año pasado no han sido satisfechas”. “Si esta efervescencia no se canaliza a través del plebiscito y la gente siente que sus intereses no están representados, las protestas van a seguir”, analizó.

 

 

 

El 6 de octubre del año pasado, el panel de expertos que le recomendó a Piñera aumentar el precio del subte no imaginó que iba a desatar el ciclo de protestas más importante de la presente era democrática. A los pocos días, cientos de estudiantes saltaban los molinetes para no pagar ante los primeros golpes de Carabineros y, a las semanas, Santiago era una capital convulsionada bajo el primer toque de queda y el primer despliegue militar desde los años de Pinochet.

 

Octubre mostró la transformación de un reclamo contra uno de los boletos de transporte más caros del mundo (en relación a los ingresos familiares) en una demanda contra el sistema chileno heredado de la dictadura. En televisión, Piñera aseguró que el país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso e implacable” y su esposa, Cecilia Morel, habló en privado de una “invasión alienígena”. No era un combate armado ni la llegada de marcianos, sino un estallido contra un sistema neoliberal y desigual que rápidamente encontró un eslogan sintetizador: “No son 30 pesos, son 30 años”.

 

La historia chilena parece estar signada por octubre. El primer plebiscito de la era democrática estaba planeado para el 26 de abril, pero el covid-19 obligó a postergarlo. En menos de tres semanas, la población entrará al cuarto oscuro con medidas de distanciamiento social y bioseguridad para responder dos preguntas. La primera estará en una boleta blanca: “¿Quiere usted una nueva Constitución?”. Las respuestas serán “apruebo” o “rechazo”. La segunda será de color beige y se centrará en la forma de escribirla: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”. Las respuestas serán Convención Mixta Constitucional, compuesta en un 50% por constituyentes y otro 50% por integrantes del Congreso, o Convención Constitucional, conformada enteramente por constituyentes.

 

 

 

El próximo 4 de abril, durante las elecciones municipales y regionales, se elegirán 155 integrantes para la primera opción o 172 personas si gana la segunda. El órgano elegido deberá contar con paridad de género y cuotas para los pueblos originarios. Todo hace indicar un triunfo del apruebo. Según la última encuesta de Criteria, el 72% votaría a favor y el 19% optaría por el rechazo, en tanto el 59% lo haría por una Convención Constituyente y el 28%, por la opción mixta. Un dato involucra a la Argentina: será el país extranjero con la mayor cantidad de habitantes para votar, con 8.778 personas.

 

“La solución de fondo a la crisis es un triunfo contundente del apruebo, pero no es la solución inmediata, porque una nueva constitución va a tardar años en forjarse”, aseguró Yopo y explicó que este proceso deberá estar acompañado “con políticas públicas que empiecen a generar límites a los abusos y a alcanzar niveles de mayor justicia e igualdad”. “La constitución va a generar cambios de fondo, pero, si no hay políticas que mejoren la calidad de vida y den una esperanza de una forma horizontal y no elitista, las protestas no van a parar”, profundizó.

 

MODELO. En el plebiscito estará en juego la constitución pinochetista que instauró un sistema desigual que convirtió a Chile en el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre y que ató de pies y manos a su democracia. “Lo que se debate es hacer una constitución sobre la base de verdaderos consensos más horizontales que representan la diversidad del país y que dé un paso mayor hacia una democracia más participativa y asociativa”, analizó Yopo.

 

El plebiscito hará de este octubre otro mes histórico para Chile. Las manifestaciones lograron poner en jaque un sistema neoliberal y desigual ilegítimo. Los votos decidirán si le dan el mate final para volver a repartir y alcanzar nuevos acuerdos.

 

Stefanía Cora, diputada provincial por Entre Ríos. Es, también, quien podría reemplazar a Edgardo Kueider.
La CTA y los movimientos sociales, en la calle (NA)

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