Después de la suspensión y renuncia del diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri, Juntos por el Cambio desempolvó la iniciativa conocida como “ficha limpia” que propone revisar las listas de candidatos antes de que estos sean sometidos a las urnas. Tras el puntapié dado en el Congreso, el frente opositor avanza con la iniciativa en diversos territorios, como en la populosa La Matanza, donde el bloque cambiemista espera que el expediente sea tratado en el Concejo Deliberante.
En línea con la propuesta presentada por el diputado nacional y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, la mesa política de Juntos por el Cambio La Matanza y su bloque presentaron un proyecto de ordenanza que pretende impedir que personas que arrastran condenas judiciales accedan a cargos públicos.
El proyecto de ordenanza señala que se excluye del derecho a ser elegidos y a ocupar cargos directivos a los condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Estas restricciones se extenderán desde que exista sentencia condenatoria hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
“La iniciativa pretende regular en el distrito los requisitos para todos los que aspiren a ocupar cargos ejecutivos en el Departamento Ejecutivo y cargos por elección popular dentro del Honorable Concejo Deliberante”, señala el comunicado difundido por los representantes locales.
“Tiene que ver con fijar los estándares que la ciudadanía hoy está pidiendo de aquellos que se postulan para los cargos públicos, para mejorar la política”, indicó a Letra P el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, quien en 2019 buscó quedarse con la conducción municipal de La Matanza. “Vemos que, así como en otros aspectos se han dado algunas regulaciones que, por ejemplo, permitieron mayor participación de las mujeres en política, creemos que también tenemos que ir a un sistema donde quienes se postulen no hayan sido condenados por delitos que tienen que ver con la función pública y con el Estado”, señaló.
El exfuncionario rechazó que la decisión de presentar la iniciativa haya sido motorizada por un caso puntual. “Hace mucho tiempo se viene hablando en nuestro espacio. No lo hacemos por una causa particular, sino porque creemos que es algo que debe hacerse”, dijo y agregó: “Los argentinos estamos acostumbrados a reaccionar tarde y por hechos puntuales o precisos; eso es una de las cosas que llevan a las crisis de representación, porque muchas veces los ciudadanos no se sienten identificados con aquellas personas que finalmente son elegidas”.
“Esto no es contra un espacio político partidario, no es contra nadie. Esto va a mejorar la calidad de nuestras instituciones y de la política en general. Nadie debería oponerse a una norma de este estilo. No creo que los oficialismos deban sentirse ofendidos. En todo caso, como decía mi abuela, al que le quepa el sayo que se lo ponga”, añadió Finocchiaro.
No es la primera vez que Juntos por el Cambio busca introducir esta medida en Argentina. Como indicó Letra P, una iniciativa similar naufragó por falta de cuórum en 2019. En aquella ocasión, el proyecto, inspirado en la ley homónima de Brasil, fue presentado por el macrista Pablo Tonelli.
