La pelea judicial por la venta de inmuebles valuados en casi nueve millones de dólares y nuevas sanciones dispuestas contra Edesur por el Gobierno son los últimos episodios de la traumática relación entre la empresa y el Estado en sus diferentes niveles.
Como telón de fondo, las declaraciones al portal Econo Journal del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, vaticinando “muchos cortes de luz si la gente se queda en su casa en el verano por la pandemia”, agregaron incertidumbre a un tema de enorme repercusión social, más aún, en un escenario con tarifas congeladas y pronóstico de derretimiento para 2021.
Las controversias por la calidad de la prestación y el nivel de las inversiones de la concesionaria del servicio público de electricidad en el sur del conurbano bonaerense vienen de lejos. Sin embargo, los reclamos de los usuarios tocaron un pico en julio pasado y llevaron a los intendentes de la Tercera Sección electoral a chocar fuerte con la distribuidora.
El conflicto pareció encontrar un cauce tras la reunión que mantuvieron los directivos de Enel, el grupo italiano controlante de Edesur, con el presidente Alberto Fernández. Ahora, los intercambios públicos por una serie de multas aplicadas por el ente regulador a la prestadora y la disputa en los tribunales por unos edificios en venta agitan las aguas.
INMUEBLES. En 2019, Edesur inició la venta de unos inmuebles destinados a la base operativa Lomas de Zamora y la oficina comercial Avellaneda por un total de 8.850.000 dólares, pagaderos en cuotas. Las transacciones fueron impugnadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
El organismo presentó ante la Justicia un recurso de amparo en el que solicitó pausar la enajenación de los edificios. Argumenta que “no se realizó la correspondiente auditoría técnica” para corroborar que no fueran necesarios para el servicio público que brinda la empresa.
El ENRE tiene la facultad de autorizar la venta de inmuebles afectados al servicio y de velar por el cumplimiento de los contratos. Fuera de micrófono, los encargados de los controles acusan a la empresa de hacer negocios inmobiliarios mientras redujo un 50 por ciento sus inversiones este año.
La compañía apeló la medida, que consideró “insólita” y le genera “perjuicio”, porque no existen “restricciones a la enajenación y/o transferencia de derechos reales sobre inmuebles” que no son “instalaciones destinadas a la distribución eléctrica”.
La sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal N°12 rechazó en agosto pasado el recurso de la empresa y ordenó a Edesur “que se abstenga de enajenar” los inmuebles “afectados al servicio público a su cargo” hasta tanto se realice la auditoría.
La tensión se elevó en estos días, porque se acerca la fecha exigible por los compradores para la entrega de al menos uno de los inmuebles.
MULTAS. En paralelo, el ENRE ratificó este miércoles una nueva multa contra Edesur por llevar adelante actividades no reguladas sin previa autorización, en referencia a la prestación de Servicios de Asistencia al Hogar que comenzó a brindar en enero de 2019 sin previa autorización del organismo.
La prestadora se mostró sorprendida por una sanción que, consideró, “va en contra de la inclusión de sectores vulnerables, en contra del avance en tecnología y de la cercanía con los clientes”.
Además, cita que la habilitación del ENRE está vigente mediante una resolución de 2007 que autorizó a la distribuidora a prestar los servicios de créditos de consumos y seguro de continuidad eléctrica. El ente juzga que aquella aprobación está caduca y “no resulta extensible a otras actividades”.
La sanción, de 1.640.000 de pesos, se acumula con los casi 440 millones en multas que el ente aplicó durante este año a la empresa, en su mayoría, por infracciones que tuvieron lugar durante el gobierno de Cambiemos.
Las penalidades incluyen desde la aplicación indebida de cargos e intereses por supuestas fallas técnicas en medidores a incumplimientos en materia de seguridad pública. La empresa aduce “trato discriminatorio”. En el organismo, lo niegan y apuntan a la gestión macrista, que ignoró las denuncias de la Comisión de Usuarios Residenciales.
INTENDENTES. Los cruces entre Edesur y el ente regulador se dan mientras el estado de la red eléctrica en la zona sur del Gran Buenos Aires y la problemática de los cortes de luz sigue siendo una preocupación de los intendentes, pese a las obras previstas para atender zonas prioritarias.
De hecho, los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se reunieron días atrás por este tema con el secretario de Energía para abordar “concretar mejoras en el servicio eléctrico para nuestras vecinas y vecinos”.
“De a poco tenemos que lograr ir hacia una situación en la que las distribuidoras realicen las inversiones necesarias, en la que el Estado, a través de la secretaría y del organismo de control, impulse esas obras y las controle, con los intendentes acompañando este proceso”, dijo Martínez al finalizar un encuentro.
Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, manifestó a Letra P su preocupación por la posibilidad de que se produzcan “cortes importantes” en el verano, que atribuyó a “la falta de inversión y de mantenimiento” por parte de Edesur.
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“Vamos a tener inconvenientes, porque la desinversión es estructural. En el gobierno de Cristina, se quejaban de las tarifas desfasadas, pese a que cobraban subsidios. Con Macri, tuvieron tarifas dolarizadas y tampoco llegaron las inversiones”, disparó.
Escéptico, Gray dice que “hay que sentarse seriamente” para que la empresa explicite cuándo y cómo van a realizarse las obras. Respecto del fin del congelamiento de las facturas a partir de enero, esperado por el sector y mencionado de manera general por Martínez en varias entrevistas, Gray expresó sus dudas de cara a la situación social: “Quizás pueda ser algo simbólico. No veo margen para un aumento de la tarifa”.