Mientras crece la tensión por inminentes desalojos de familias que ocupan terrenos y distintos sectores políticos y mediáticos se escandalizan por esa práctica que sindican como delictiva, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a las empresas que realizan la explotación comercial de un predio del partido de San Isidro en el que funciona un autocine a pagar $27 millones que adeudan por la ocupación de esas tierras fiscales, que son propiedad del Estado bonaerense.
El director de la agencia, Cristian Girard, coordinó las acciones de control en el predio de casi 20.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Martínez, frente al Río de La Plata, y explicó que el grupo empresario que explota comercialmente el lugar "fue intimado a pagar los $27 millones que adeuda a la Provincia en concepto de canon de ocupación", se informó oficialmente. Según pudo saber Letra P, los responsables del emprendimiento son Marcelo Mazzini y Agustin Contepomi.
"Son tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense, se trata de un lugar con una vista privilegiada donde funcionan locales gastronómicos y un autocine", por lo que "tienen un plazo de 30 días (para pagar el canon) o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro", aseguró el funcionario.
El grupo empresario, conformado por diferentes sociedades, mantiene deudas desde 2018 que se corresponden con el momento en que cada una de las explotaciones comerciales fue instalada en el predio: algunas se remontan a dos años, como los restaurantes, y otras a 2019, como el bar y cafetería que funciona en el lugar.
Girard consideró que "son emprendimientos positivos para la Provincia, porque generan actividad económica y empleo" y "permiten que la gente pueda disfrutar de la gastronomía, el cine y espectáculos musicales en un entorno privilegiado", pero advirtió que deben "cumplir con el canon que deben pagarle al Estado, tanto en San Isidro como en cualquier otra parte del territorio bonaerense", ya que "están haciendo uso de terrenos fiscales de la Provincia y tienen que pagar de la misma manera que se paga un alquiler cuando se utiliza un predio privado".
Las acciones de ARBA también incluyeron una fiscalización tributaria sobre las empresas que actúan en el predio de Martínez, para controlar medios de facturación, situación catastral y otros temas impositivos. Producto de esa labor, se detectaron deudas e incumplimientos referidos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, motivo por el cual se labraron las notificaciones pertinentes.
