Por Al presentarse a fines del año pasado el proyecto de ley Fiscal Impositiva por parte del gobierno de Axel Kicillof, dirigentes ruralistas habían puesto la lupa crítica en el entramado tributario destinado al campo, cuestionando no solo la persistencia de algunos impuestos largamente cuestionados por las entidades del sector, sino también la composición del Inmobiliario Rural. En ese contexto, en el ámbito agropecuario apostaban a obtener modificaciones en ese punto a partir de planteos legislativos emanados desde el bloque de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta la representatividad que este espacio conserva en los principales bastiones rurales bonaerenses, donde el voto duro hacia la figura de María Eugenia Vidal no se erosionó en la pasada elección.
Sin embargo, el hecho de que no se hayan realizado modificaciones en estos aspectos -pero sí en impuestos relativos a laboratorios, operadores de cable y servicios portuarios- disparó automáticamente voces de malestar hacia el desempeño de los legisladores del principal bloque opositor. Así lo puso de manifiesto en diálogo con Letra P el ex presidente y actual tesorero de Carbap, Horacio Salaverri: “Pretendíamos una acción más directa por parte de Cambiemos en este tema”, sostuvo, para subrayar que ese especio “tenía un poco la llave en esto, en cuanto a que, si tanto se pudo modificar, por ejemplo, lo del cable (operadores de televisión por suscripción), los servicios portuarios y algo del Inmobiliario Urbano con la última escala, en el Inmobiliario Rural algo se podría haber conversado”.
En esa línea, Salaverri destacó que el único planteo para realizar modificaciones en los tributos al campo provino del bloque de Cambio Federal, presidido por el possista Walter Carusso: “Hubo una presentación del bloque de Consenso Federal sobre la modificación del artículo 10 (relativo al Impuesto Inmobiliario Rural) con una pequeña ventaja sobre el inciso “e”, que era 65% en vez de 75%, si lo pagabas antes de marzo y después creaba una comisión entre las entidades rurales, la Legislatura y el Poder Ejecutivo, pero fue un dictamen en minoría que hicieron y no tuvo cabida”.
Ante eso, el dirigente de Carbap insistió: “Desde el sector esperábamos un esfuerzo más grande por parte del bloque de Cambiemos por el tema rural”, más aun teniendo en cuenta que habían establecido contacto con senadores y diputados a los que le habían acercado la propuesta alternativa de Carbap para el entramado impositivo destinado al campo.
Como había adelantado Letra P, aquella iniciativa de la entidad ruralista reclamaba eliminar escalas pero también presentaba un plan B con un planteo de reducción del 75% al 55% en el Inmobiliario, además de pedir exenciones para zonas inundadas y cambios en Ingresos Brutos.
“Nos dijeron que la situación estaba muy compleja, que estaba haciendo un esfuerzo en ese sentido”, remarcó Salaverri sobre las conversaciones con legisladores opositores para considerar con tono crítico: “Si bien sentimos que han acompañado en el diálogo, en las acciones quedó algo ahí que nosotros entendemos que algo más se podría haber hecho por parte de Cambiemos”.
Los resquemores con el vidalismo ya se venían deslizando en voz de autoridades de Carbap. La coordinadora de Lechería de esa entidad, Andrea Passerini, resaltó días atrás a Letra P las promesas incumplidas de la administración Cambiemos: “Lo que más duele del gobierno anterior es que había prometido en campaña impulsar la derogación del Impuesto Inmobiliario Complementario que creó Scioli en 2013, que es inconstitucional e ilegal porque grava dos veces el mismo bien, y no lo derogó. Entonces, ahora estamos a merced de un doble impuestazo: el Inmobiliario y el Inmobiliario Complementario. Y Vidal tampoco derogó el Impuesto a la Herencia, que es totalmente ideológico, que también puso Scioli por el cual el Estado provincial recaudaba muy poco, no movía el amperímetro, y también lo dejó. Ahora, a llorar a la Iglesia”, expresó.
Sobre el entramado tributario bonaerense sancionado con la ley Impositiva, Salaverri analizó dos cuestiones: “Lo primero que hace la norma es revaluar las propiedades en un 30% porque utilizó un coeficiente de 1.3, produjo una revaluación de las propiedades y, en segundo lugar, modificó la base imponible, que era de 0,75 y la llevó a 0,90, o sea, del 75% al 90%. Entonces, al dejar la escala de la ley que tiene una progresividad, si tomás valores más altos en una escala de valores más chicos, te dan porcentajes mucho más altos de incrementos, es matemático. Si, asumiendo estos cálculos, tomás la mayoría de estas partidas que están en el medio, incluso las más bajas también, tienen un incremento de entre 70% y 120%”.
Bajo esa tónica, el tesorero de Carbap puntualizó: “Nos preocupa técnicamente de qué manera se ha hecho el revalúo. Los revalúos son temas técnicos. Para revaluar una propiedad la tenés que evaluar técnicamente a través de un formulario denominado 911, donde se analiza la calidad de la tierra, cercanía al puerto, una cantidad de elementos. Ahora, esta idea de manejarse con coeficiente, te pongo 1.3 y revalúo entonces un 30%, nos parece técnicamente un disparate”.
