En su primer encuentro del año, la CGT ratificó que no está en sus planes condicionar de ninguna manera la negociación salarial de cada sector. "No vamos a perder la soberanía ni la autonomía en las negociaciones paritarias", advierte uno de los principales dirigentes de la central a la hora de resumir la posición unánime que primó sobre el tema. 

Esa decisión fue consensuada el jueves en una cumbre sindical en el gremio de Sanidad, donde, como anfitrión y principal interlocutor con el Gobierno, Héctor Daer moderó un debate en el que se expusieron posiciones contrapuestas sobre la conveniencia o no de replicar las sumas fijas como herramientas de recomposición salarial. 

Las diferencias tienen que ver con el impacto desigual que tiene una medida de esas características en un universo gremial en el que conviven sectores con altos salarios y actividades con desplomes inéditos en el ingreso y la consecuente pérdida de puestos de empleo. 

"Estamos actuando en una situación económica extremadamente grave y con realidades muy heterogéneas entre los gremios confederados". explicó Daer a la hora de respaldar el decreto presidencial que otorgó la la suba y, según el dirigente de Sanidad, permitió "levantar a los que están más abajo".

A pocos días de asumir, Alberto Fernández firmó un decreto que ordenó una pago obligatorio para el sector privado de 4.000 pesos, en dos cuotas, que se incorporó a los salarios. La medida fue replicada después en la función pública. Planteada inicialmente como una acción de emergencia, abrió una brecha entre los gremios sobre cómo debían asimilar el aumento en las negociaciones paritarias en curso y en aquellas que tienen pendiente una revisión.

En el oficialismo presentaron la decisión como la contracara del relanzamiento del plan "Precios Cuidados", el programa que establece valores de referencia como forma de contener la inflación en los alimentos, y fue asumido por el sindicalismo como el gesto "solidario" más consistente de respaldo al plan oficial para pactar precios y salarios.

Los acuerdos, sin embargo, no disipan la desconfianza gremial sobre el grado de compromiso empresario y en la cúpula de la central obrera advierten que, para que el programa sea efectivo, "hace falta mayor responsabilidad del sector empresario porque acumularon un colchón grandísimo entre agosto y diciembre, creando precios desconsiderados respecto de los salarios".

Los gremios consideran que la estrategia oficial vuelve a asimilar a la puja salarial con la espiral inflacionaria a pesar de que durante los últimos años los números no mostraron una relación directa entre una variable y otra. El Observatorio del Derecho Social de la CTA de los Trabajadores señaló hace pocos días que, según cifras oficiales, desde octubre de 2015 los salarios acumulan un retroceso de 21,1% en el sector público y de 16,7% en el privado.

En un juego de suerte o verdad, los gremios, como buena parte de los actores sociales y políticos del país, se juegan todas las fichas a que la negociación con los acreedores extranjeros y el FMI va a llegar a buen puerto y en condiciones que permitirán tomar medidas que le den pie a la redistribución postergada.

En los últimos días, el Presidente hizo declaraciones que pusieron en guardia a los gremios, porque los llamó a moderar sus reclamos y pidió terminar con la claúsula gatillo. 

En rigor, este mecanismo de recomposición ya había sido desactivado durante la gestión de Dante Sica y quedó restringido exclusivamente al sector docentes, donde se mantuvo la actualización automática. En la CGT creen que las declaraciones de Fernández apuntaban hacia ese sector y no tanto a marcarle la cancha al conjunto de sindicatos. 

De hecho, entre la promulgación del decreto presidencial y la cumbre sindical continuaron los cierres de paritarias, actualizaciones incluidas, y en su mayoría absorvieron el pago de 4.000 pesos como parte de los acuerdos. El sindicato del vidrio, bancarios, trabajadores rurales e incluso Sanidad fueron algunos de los que durante las primeras semanas de enero cerraron acuerdos incorporando, cada uno a su manera, ese monto.

En otra esquina del ring se paró el jefe de los camioneros, Hugo Moyano, que, a contramano de los gestos de los principales gremios, no pierde oportunidad para hacer públicas sus pretenciones salariales. Imbuido en un juego de diferenciaciones con la conducción de CGT, Moyano reclama una recomposición salarial del 33% para el último semestre de su paritaria y pone en crisis la estrategia común del resto del sindicalismo.

La prueba de fuego, entonces, para el rumbo de la relación entre la CGT y el Gobierno será el inicio de las negociaciones salariales de los grandes medios. Comercio, la construcción, una rama de Sanidad y los estatales de UPCN inician, como todos los años, sus paritarias entre abril y junio, cuando ya van a estar sobre la mesa los primeros resultados económicos del nuevo gobierno.

Los gestos, sin embargo, continúan siendo de respaldo y acompañamiento. Así lo demostraron los negociadores del sindicato que conduce Armando Cavalieri, que aceptó incorporar la primera suma fija a la actualización que acordó durante las últimas semana. Atados inevitablemente a los vaivenes del consumo popular, los mercantiles dejaron la puerta abierta para repetir ese esquema si habilita un nuevo pago que se incorpore al salario. "Es posible que haya una nueva suma fija en marzo, porque el Gobierno quiere subir a los de abajo" anticipan.