La bomba que podría estallarle en las manos parece no incomodarlo. Pablo López, el ministro de Economía elegido por el gobernador Axel Kicillof para desactivar el explosivo que dejaron las administraciones Scioli y Vidal, mantiene la calma de quien sabe que está tocando las teclas correctas por ser las únicas a disposición. Lo amparan sus pergaminos, sus logros en las ligas mayores de la renegociación de la deuda con los fondos buitre y el Club de París y lo cobija su mentor y jefe político, además de una estrategia macro en la que la suya es apenas un eslabón. Sabe que no está solo en la pulseada con los tenedores de los bonos BP21, que amenazan con empujar a Buenos Aires al default.

“La Provincia no puede pagar” ahora los 250 millones de dólares de capital que vencen el 26 de enero. La sentencia repetida por el propio mandatario y el ministro Martín Guzmán le quita autonomía relativa a López, pero, al mismo tiempo, le evita la angustia de la disyuntiva. El camino es único, la tarea es persuadir.

En su entorno están convencidos de que la llevan bien. Basan su optimismo en el “número importante” de acreedores dispersos que ya dieron el visto bueno para correr el plazo de pago al 1 de mayo y en el no rechazo y la predisposición a continuar un “diálogo de buena fe” por parte del fondo que representa a una buena cantidad de bonistas, que pidió la extensión de tiempo y reclamó un plan integral para la deuda.

De “diálogo diario” con los acreedores, línea interoceánica con Kicillof –de viaje por Medio Oriente con el Presidente– y teléfono abierto con Guzmán, el deudólogo bonaerense trabaja a tiempo completo. Desde primera hora de este miércoles, la comunicación con el repatriado por Fernández para timonear las cuentas del país fue fluida y permanente. Decantó en la aceptación de la Provincia al reclamo de extensión del plazo para que los bonistas respondan a la propuesta girada el 14 de enero. Los términos del anuncio del gobierno fueron consensuados entre ambos. Única estrategia.

Fuentes de paso frecuente por el despacho principal ubicado en el primer piso del Ministerio de Economía destacan el trabajo artesanal de López y sus colaboradores, que les permitió ubicar y entablar diálogo con casi la totalidad de los bonistas ante la inexistencia de un listado formal de los mismos. Una tarea que –afirman– comenzó incluso antes de las elecciones que ratificaron el cambio de signo político que presagiaron las PASO. Le atribuyen a López paciencia de orfebre, pedagogía y facilidad para comunicar.

Arguyen que, pese a que el calendario de vencimiento aprieta, ese diálogo sin prisa pero sin pausa fue el que les permitió hacer callo la idea de que la Provincia no puede afrontar el pago. Que debe haber corrimiento de fecha o “pierden todos”. Funcionarios de su entorno describieron que la comunicación con los acreedores fue mutando en el tiempo, en la búsqueda de convencerlos de lo que el gobierno describe como “una realidad”, que no hay plata ni chances de salir a pedirla sin condenar el resto de los pagos, y poniendo en riesgo la renegociación nacional. El interés de algunos acreedores es cruzado: son tenedores del BP21 y de deuda que renegocia la Nación.

López no puede darles a los bonistas las precisiones sobre ese plan integral para la deuda que le reclaman. Sencillamente, porque aún no está definido. Será el que se termine decidiendo en la Casa Rosada. Pero para eso falta. Al menos algo más de dos meses, hasta el 31 de marzo, fecha hecha pública por Fernández como tope para encauzar el descalabro.

En la provincia consideran que la propuesta que cursaron a los bonistas en “muy simple”, que “no requiere de más tiempo” para analizarla. Y que el pedido de extensión de plazos se debe al complejo sistema que tienen los fondos para la toma de decisiones.

El ministro bonaerense sabe que es una negociación minuto a minuto, que tiene por delante casi dos semanas de frenesí. Pero eso no le quita el sueño. Sabe de qué se trata. Aguarda como en una mano de póker en la que ya no se pueden pedir cartas, con una estrategia de juego de autoría compartida de la que no puede correrse un centímetro.

Pese a todo, el Gobierno baraja la posibilidad de entrar en una cesación de pagos. El contrato establece diez días de gracia una vez vencido el plazo del 26. Si para el 5 de febrero no pagó, los bonistas podrían tomar dos caminos para intentar cobrar: judicializar el reclamo de los 250 millones de dólares de capital o apelar a la cláusula de “aceleración”, bajo la cual podrían exigir el pago total del bono. Es decir, no solo el pago de los U$S250 millones que vencen ahora sino, además, los U$S250 millones restantes. Esta última opción sólo es posible si los litigantes juntasen al menos el 25% del valor del bono.

Un reclamo de esas características abre inclusive un escenario que podría ser devastador, en tanto que habilita a otros acreedores a echar mano a ese recurso. Es decir, podrían reclamar el pago todos los tenedores de deuda bonaerense en moneda extranjera, que llega a los U$S 7 mil millones, según fuentes de Economía.

Suele decirse que quien mantiene la calma en plena tempestad tiene todo muy claro o no entiende lo que pasa. El tiempo dirá.