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El enigma Vizcarra: ¿busca ser un héroe democrático o eternizarse en el poder?

Sorpresivamente, el presidente anunció un plan de reforma constitucional para acortar su mandato y el del Congreso a 2020. Hay quienes creen de esa forma busca que se le habilite su reelección.

La novelesca política peruana sumó en los últimos días un nuevo capítulo tras la propuesta del presidente peruano, Martín Vizcarra, quien asumió en marzo de 2018 tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, de reformar la Constitución para acortar su mandato, así como el del Congreso, y adelantar las elecciones para 2020, un año antes de lo que correspondería legalmente.

 

Vizcarra tiene una relación difícil con el Congreso unicameral debido a una “falla de origen”: la mayoría de los congresistas pertenecen al opositor partido fujimorista Fuerza Popular, ya que fueron electos en coincidencia con la primera vuelta presidencial en la que su candidata, ahora acusada de corrupción y detenida, Keiko Fujimori (hija del ex presidente, también detenido, Alberto), obtuvo alrededor del 40% de los votos contra apenas 18% de  Peruanos Por el Kambio de Kuczynski. En el balotaje, el orden se invertiría, pero los congresistas para entonces ya estaban elegidos.

 

Una vez investido como presidente y a caballo de la pésima imagen de la dirigencia en general, Vizcarra promovió una fuerte reforma política y judicial. Los proyectos fueron aprobados por voto popular en un referéndum y también, aunque con resistencias, por el Congreso, excepto el punto referido a los fueros de los congresistas, que se suspendían en caso de sentencia en primera instancia, lo que dio origen a una continua tensión entre ambos poderes.

 

Además, durante el mandato Vizcarra no solo se profundizó el proceso judicial por el capítulo peruano del caso Odebrecht, sino que se descubrió una oscura trama de corrupción, abusos y asesinatos que se llevó puesta a buena parte de la cúpula del Poder Judicial y hasta de la dirigencia futbolística del país, investigación realizada a través del sitio de noticias IDL-Reporteros, que como en el caso del Consorcio de Periodistas, recibe financiamiento del especulador financiero George Soros.

 

 

 

Todo ese “paquete” le dio a Vizcarra altos índices de popularidad que legitimaron su mandato, pero profundizaron su enfrentamiento con un sistema político que sospecha de sus verdaderas intenciones.

 

En paralelo, el mercado también mira con desconfianza la gestión de un presidente que no logra que la economía despegue y que recientemente no pudo resolver, al menos no en línea con lo que los inversores esperan, conflictos mineros en el interior del Perú. La minería es la principal fuente de divisas de la economía peruana, pero enfrenta fuertes resistencias populares por los daños ambientales que causa.

 

El partido también se juega, en parte importante, en el terreno de los juristas. Muchos de ellos consideran que la propuesta de acortar el mandato es inconstitucional porque la Carta Magna peruana establece en su artículo 134 que el presidente solo puede disolver el Congreso si este le niega el voto de confianza a su Consejo de Ministros por dos veces. No hay otra forma. Pero la propuesta de Vizcarra es justamente hacer una reforma constitucional para permitir acortar los mandatos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

 

 

¿Qué puede suceder si el Congreso, como se espera, rechaza la reforma propuesta por el Ejecutivo? Ya hay incluso un argumento para que ello ocurra.

 

 

Hay otro punto que es clave en el debate. El proyecto oficial establece expresamente que no solo el presidente tiene vetada la reelección inmediata (como rige actualmente) sino que además la tendría vetada quien ejerciera el cargo de presidente aunque no haya sido elegido para él. En principio, la norma afecta directamente al propio Vizcarra y aleja el fantasma de que quiera ser reelecto con el argumento de que él fue elegido vicepresidente primero y no presidente en 2016.

 

No solo Vizcarra juega en esta partida. La vicepresidente segunda y vicepresidente de hecho, Mercedes Aráoz, guarda una prudente distancia del mandatario.

¿Pero qué puede suceder si el Congreso, como se espera, rechaza la reforma propuesta por el Ejecutivo? Ya hay incluso un argumento para que ello ocurra, que se sostiene en que cuando el presidente hizo el anuncio -el pasado 28 de julio, en el marco de los festejos por la independencia peruana- el proyecto aún no existía y que lo que Vizcarra tenía era una carpeta vacía. De hecho, el proyecto, con las firmas de los ministros, tiene fecha posterior y hay quienes creen que entonces el anuncio fue ilegal. En esa línea, la consecuencia inmediata sería que tanto Vizcarra como los congresistas deban completar su mandato hasta 2021, pero hay quienes creen que Vizcarra guarda un as bajo la manga: si el Congreso rechazara su reforma, que prohíbe la reelección no solo para el presidente sino también para quien ejerza el cargo como sustituto, podría interpretarse que quien esté alcanzado por el segundo caso tiene permitido postularse en las siguientes elecciones.

 

Claro que no solo Vizcarra juega en esta partida. La vicepresidente segunda y vicepresidente de hecho, Mercedes Aráoz, guarda una prudente distancia del mandatario y ha dicho que no está de acuerdo con el proyecto de acortamiento de los mandatos -que, por supuesto, la incluye- y que no tiene previsto renunciar antes de 2021. Se abre entonces la posibilidad de que la mayoría de los congresistas fujimoristas y apristas -muy enojados estos últimos tras el suicidio de su líder, Alan García, de lo que responsabilizan en parte a Vizcarra- busquen destituir al mandatario y posicionar a Aráoz para que complete el actual mandato.

 

 

 

En el marco de un sistema democrático profundamente desacreditado, todos los ex presidentes posteriores a la dictadura vivos están envueltos en graves casos de corrupción y consecuentemente o presos o con libertad provisional, más allá del caso mencionado de García, quien se suicidó cuando iban a detenerlo. De ese modo, parece muy peligroso profundizar la crisis en el marco de legítimos juegos de poder.

 

Para colmo, la economía, que desde las reformas pro mercado de los años 90 siempre se había mantenido al margen de las recurrentes crisis políticas, esta vez resulta  afectada. Según le contó a Letra P el analista político Uri Ben Schmuel, "la mayoría de los grandes y medianos empresarios están perplejos con Vizcarra porque creen que suma imprevisibilidad a la de por sí imprevisible política peruana y eso nunca es bueno para los negocios”.

 

En el fondo, el temor de la élite económica local es que el creciente clima anti política, del que ahora se vale Vizcarra, mañana -¿tal vez cuando terminen los Juegos Panamericanos, como pasó en Brasil tras el Mundial de Fútbol?- pueda volverse contra él y termine por parir un liderazgo populista que rompa el trabajoso consenso obtenido respecto al modelo económico y que, por amor o por temor, ningún presidente ha tocado aún. Ese modelo le ha brindado a Perú un gran crecimiento económico que permitió bajar la pobreza, pero no ha dado otras respuestas y ha incrementado la desigualdad.

 

Eso justamente, la desigualdad, es el mal persistente de nuestra América Latina y factótum de la persistente inestabilidad política de Perú y de la región.

 

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