El escándalo que afecta a gran parte del Poder Judicial en Perú a partir de la difusión de unos audios que desnudan una red de corrupción a gran escala que involucra a jueces, fiscales, congresistas, empresarios y hasta al mandamás de la Federación Peruana de Fútbol parece tener un inesperado ganador: el presidente Martín Vizcarra.
Arribó al poder prácticamente por la ventana (asumió hace cuatro meses por ser vicepresidente, tras la destitución, acusado de corrupción, del ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski y nadie apostaba mucho por su continuidad. Pero, utilizando un dicho local, "se le apareció la Virgen" y se paró frente a este conmocionante caso del lado correcto, ganándose un inesperado respaldo popular que se evidenció cuando el pasado 29 de julio, tras la finalización del acto por el aniversario de la independencia, se dio el lujo -poco habitual en Perú y en Latinoamérica en estos tiempos- de recorrer caminando las veintitrés cuadras que lo separaban de la residencia oficial, recibiendo vítores y aplausos que lo llevaron a declarar frente a un micrófono que le pusieron que "tenemos la fuerza del Pueblo para hacer los cambios que el país necesita".
La frase no es solo de ocasión. Pararse del lado correcto en el caso que conmociona al poderoso mundo judicial peruano significa no solo avalar las investigaciones en marcha y haber destituido a los funcionarios involucrados bajo su mando, sino además aprovechar el momento para proponer una profunda reforma al sistema judicial, al Congreso y el financiamiento de los partidos políticos, que será plebiscitada por la ciudadanía. Dado que se descuenta un triunfo abrumador del sí, eso le dará no solo la legitimidad de la que su gestión carece por su "falla de origen" sino también una ventaja frente al eje del poder de quien hasta ahora es la principal líder opositora dentro y fuera del Congreso: Keiko Fujimori.
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En efecto, a Keiko -a quien todo Perú adjudica ser la misteriosa "señora K" que aparece mencionada en las escuchas- no le ha quedado otra que acompañar la propuesta de "limpieza" del desprestigiado Poder Judicial, de reforma del Congreso unicameral para volver al prefujimorista formato bicameral y de prohibición de la reelección de los parlamentarios. Su modesto aporte ha sido proponer infructuosamente que se incluya la pena de muerte para violadores de menores de 12 años y la salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestiones que no pueden ser plebiscitadas de acuerdo con las normas constitucionales.
Sorpresivamente, el inestable escenario político peruano da un giro y posiciona al hasta ahora opaco Vizcarra como actor protagónico, relegando una vez más las ambiciones de Keiko quien tras la destitución de PPK (la que contó con el entusiasta respaldo de su mayoritaria bancada, lo que la llevó a enfrentarse con su hermano y con su padre Alberto) creía que esta vez sí era su momento y se encuentra ahora con que las elecciones anticipadas que pretendía quedan reemplazadas o al menos relegadas por un plebiscito que legitimará a Vizcarra y lo empujará hacia su objetivo de terminar el mandato vigente en tiempo y forma en 2021 o incluso adelantar las elecciones pudiendo postularse a sí mismo como candidato.
La única buena noticia que trajo este caso para Keiko es que dejó en segundo plano la Lava Jato local, es decir la versión peruana del escándalo Odebrecht, que no solo involucraba (y le costó el cargo) a PPK sino también a ella, una ex primera dama peruana a imagen y semejanza de Zulemita Menem, ya que Keiko reemplazó a su madre, Susana Higuchi, tras el divorcio de esta con su padre. En los pasillos políticos de la elegante Lima, hay quienes dicen que un "facilitador" de la empresa viajó desde Brasil para negociar con las partes involucradas de modo que todo quede en el olvido o por lo menos duerma el sueño de los justos en los expedientes judiciales.
¿Y el caso de los audios? Más allá de la mención a la "señora K", por ahora no hay nada que la involucre directamente a ella. La difusión se hace por goteo y se esperan sorpresas todos los días, pero lo que surge es una red de corrupción que involucraba a integrantes (y titulares) de la Corte Suprema, otros miembros del Poder Judicial, al Ministro de Justicia, a titulares del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces de la corte regional del Callao, quienes tarifaban y regulaban sus sentencias a cambio de dinero y prebendas. Entre estas últimas aparecen pedidos de entradas para la Copa Mundial de Fútbol (Perú volvió a disputarla después de 36 años), algo que desenredó una madeja de delitos que tiene contra las cuerdas a Edwin Oviedo, titular de la Federación. Signo de época, su caso es por lejos el que más espacio ocupa en los medios peruanos, comparados con unos casi desconocidos jueces y funcionarios.
Curiosamente, como ha sucedido con las crisis político-judiciales que han llevado a la cárcel o a las puertas de ella a todos los presidentes democráticos del Perú de los últimos 33 años, esta crisis en la propia Justicia tampoco parece afectar el funcionamiento de la economía.
Tras el fracaso del modelo estatista de Alan García a fines de los 80, con Fujimori, Perú optó por adherir al libre mercado, sustentado sobre todo en su enorme riqueza minera, un modelo del que no se ha movido a pesar de los cambios de gobierno y de partido. Incluso la vuelta del propio García a la Casa Pizarro fue con una versión market-friendly del camaleónico y hábil político.
El analista político local Uri Ben Schmuel le explicó a Letra P que, aunque con las características injusticias que genera un modelo de este tipo y las carencias no resueltas, y a pesar de las reiteradas promesas en materia de salud y educación pública, el modelo de libre mercado ha permitido bajar la pobreza extrema, algo de lo que dan fe los incrementos en los índices de venta de pañales y televisores.
Como sucede en Chile o Colombia, otros dos países de la región donde el modelo pro mercado goza de aceptación mayoritaria no solo entre las élites sino también en los sectores populares, no hubo en Perú en el pasado un modelo alternativo que generara una mejor distribución del ingreso o una baja contundente de la pobreza. El peronismo, tan denostado por el relato oficial en la Argentina, marcó una diferencia que aún sigue vigente.