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El candidato del Frente de Todos trabaja en un pacto con la CGT, el moyanismo y la CTA. Blanqueo, convenios colectivos y negociación tripartita, las claves.
Por 28/08/2019 15:02

Con prácticamente todo el sindicalismo encolumnado detrás de su candidatura, Alberto Fernández, quiere dar un paso más y firmar un acuerdo con todos los sectores del mundo gremial para consensuar el trazo grueso de la política laboral del próximo gobierno peronista.

La intención del candidato del Frente de Todos es replicar la estrategia que le permitió sellar un pacto con 12 gobernadores peronistas para acordar una agenda económica y de obras que, en la práctica, le allanó el camino para sumar a los jefes provinciales a la campaña.

 Ahora, con los resultados electorales en la mano, quiere repetir la estrategia con la CGT y la CTA de Hugo Yasky, pero también con los gremios opositores a la conducción cegeteista alineados con Hugo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.

Si en el acuerdo con los gobernadores el armador fue el tucumano Juan Manzur, para el acuerdo intersindical, que también podría incluir a las organizaciones sociales, despunta la figura del secretario general de la CGT, Héctor Daer.

La movida responde a la preocupación de Fernández sobre el escenario económico y la necesidad de conseguir consensos para avanzar en un pacto social entre trabajadores y patronales que derive en un acuerdo de precios y salarios que estabilice los números durante los primero meses de gobierno.

 

 

Entre los principales líderes sindicales hay acuerdo en que, por primera vez en décadas, casi la totalidad del mundo gremial apoya la fórmula peronista. Es más, algunos de ellos arriesgan que el respaldo sindical llega al 90%. Sin embargo, también coinciden en que la posibilidad de reunir a todas las expresiones gremiales en una misma mesa para firmar un acuerdo de gobernabilidad no es una tarea sencilla.

Durante las últimas semanas, se aceitaron conversaciones con la CGT, con Yasky e incluso con dirigentes moyanistas. Pero el camino no está allanado. 

Durante las últimas semanas, se aceitaron las conversaciones con la cúpula de CGT, con Yasky e incluso con dirigentes moyanistas. No obstante, el camino no está allanado. Ni mucho menos.

Las rencillas intrasindicales son variadas y muchas veces se cruzan y superponen. Los matices internos dentro de la principal central obrera son conocidos y se complementan con los rechazos al jefe camionero, que todavía es criticado por su gestión al frente de la CGT durante los años kirchneristas. En paralelo, tanto en la cúpula de la central como en el moyanismo, hay dirigentes con una mirada crítica sobre la posibilidad de que gremios adheridos a la CTA se reincorporen a CGT, tal como discute en este tiempo el sector de Yasky.

Estas tensiones quedaron expuestas hace pocos días, cuando la corrida cambiaria sacudió la economía menos de 24 horas después del contundente triunfo peronista en las elecciones primarias. Rápidos de reflejos, algunos dirigentes opositores a la conducción de la CGT propusieron difundir una proclama conjunta con todos los sectores gremiales para advertir sobre las consecuencias de la devaluación en los salarios de los trabajadores. La iniciativa naufragó en un mar de disputas de protagonismo y enfrió las negociaciones que, de todas maneras, aseguran, avanzan hacia buen puerto.

En la CGT, varios dirigentes de peso no terminan de digerir el mal trago que significó la centralidad pública que tuvieron el moyanismo y Palazzo durante el primer tramo de la campaña y las candidaturas que consiguieron en las listas del Frente de Todos.

 


LA LETRA GRANDE. Todavía de manera descentralizada, los sindicalistas empiezan a puntear los ejes del acuerdo, que, estiman, podría firmarse durante los primeros días de la campaña que se inicia el 22 de septiembre.

Entre los múltiples documentos aportados por los centros de estudios vinculados a las centrales sindicales y a los técnicos del equipo de campaña, empieza a quedar en claro que un eje central será la institucionalización del diálogo tripartito alrededor de un instrumento conocido: el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad, el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Un eje central del acuerdo será la institucionalización del diálogo tripartito en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad, el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Desde allí se abordarán las diferentes problemáticas, entre ellas, un tema áspero que genera alta resistencia en las organizaciones sindicales: la modificación de los convenios colectivos de trabajo. La posibilidad de encarar este tema durante el próximo gobierno parte de reconocer que muchos CCT ya sufrieron modificaciones sustanciales en los últimos años, pero que no descarta poder hacer nuevos cambios acordes a la transformación del mercado laboral. La prenda de negociación es que el protagonismo sindical obture cualquier posibilidad de que la actualización de convenios sea en detrimento de los derechos laborales.

Otro de los puntos en agenda tiene que ver con la forma de afrontar el desembarco de las empresas de plataforma que, según denuncian los gremios y algunos fallos judiciales lo ratificaron, se sostienen mediante el fraude laboral. En este punto, el borrador que circula entre los sindicalistas señala que, producto de la operatoria empresaria, los empleados "se ven despojados de todos los derechos propios del empleo asalariado".

En este punto, la tarea del Ministerio de Trabajo -Fernández se comprometió a devolverle ese rango a la cartera laboral- será regular la actividad de la economía de plataforma y agudizar las inspecciones en todos los sectores para detectar los vínculos laborales clandestinos o fuera de convenio. Esto estará acompañado por una mayor fiscalización de las condiciones de trabajo y un especial hincapié para aplicar políticas que resuelvan la inequidad de género en el mundo laboral.

 

 

Algunos de estos temas ya fueron esbozados en la "Agenda urgente para la sociedad del Trabajo", un documento elaborado por técnicos e investigadores del Instituto Germán Abdala (ATE), del Centro de Investigación y Formación (CTA), del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín y del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, entre otros.

Un capitulo aparte que genera polémica en el sindicalismo es si en este acuerdo también estarán incluidos los trabajadores de la economía popular, ese vasto universo de coperativistas, changarines, carreros y demás trabajadores mayormente informales. La intención del entorno del candidato es sumarlos, pero existe cierta resistencia por parte del mundo sindical a que organizaciones como la CTEP, donde confluye el MTE, de Juan Grabois, y el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, sean equiparados con organizaciones gremiales legalmente constituidas.