Mano derecha del flamante ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, desde los tiempos de Empiria consultores, Damián Pablo Bonari sale de las sombras de la Subsecretaría de Política y Coordinación Económica provincial para cubrir el cargo que su superior dejó vacante al suplir de emergencia al saliente Nicolás Dujovne. Aunque no se duda de que Bonari represente una continuidad de la impronta de Lacunza en la marcha de la economía vidalista, posee rasgos distintos que valen la pena ser mencionados.
Licenciado en Economía de la UBA en 1994 con un promedio académico de 7,16, hizo un Máster en Economía y Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, donde consolidó la orientación de sus trabajos en el gasto público.
Por esos tiempos, obtuvo becas del gobierno francés y chino. Su especialización lo llevó a participar de cursos en diversos puntos del Globo, entre los que se destaca el Curso de Finanzas Públicas que realizó en la sede de Washington DC del organismo que por estos días digita las políticas económicas del macrismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En octubre de 1996, semanas después de ser designado Roque Fernández como ministro de Economía de Menem en reemplazo de Domingo Felipe Cavallo, Bonari ingresó a esa cartera como coordinador de la Dirección Nacional de Programación del Gasto Social, a cargo de evaluar el impacto de los programas sociales públicos en la economía, en la distribución del ingreso y en la pobreza e indigencia.
Ya bajo el gobierno de Fernando De la Rúa, amplificó sus responsabilidades dentro de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, donde se desempeñó durante 12 años y en los que escribió documentos en coautoría con funcionarios de Economía que alcanzaron altos cargos durante el kirchnerismo, como la ex ministra Felisa Miceli.
En 2012 ingresó como investigador principal en uno de los think tank que más abasteció de funcionarios al macrismo: el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)). Allí, Bonari se dedicó a analizar el sistema de protección social vigente nacional y regional y a asesorar en la confección de los sistemas de evaluación de gasto público para la planificación y programación presupuestaria.
Al mismo tiempo que se desempeñaba en el Cippec, fue asesor de organismos internacionales (BID, Unicef, FAO) y comenzó su labor en Empiria, la consultora dirigida por Lacunza y Pedro Rabasa que es semillero de la actual cúpula económica nacional y bonaerense.
Bonari confeccionó bajo el sello de Empiria informes durante 2015 en los que se marcaba que “reducir los subsidios económicos que se fueron acumulando en los últimos años constituirá un desafío relevante para la política económica del próximo gobierno, porque, además de generar múltiples distorsiones, tienen un peso creciente en la economía”.
Su desempeño en Empiria fue el trampolín para su actual cargo, no sin antes haber sido el viceministro de Economía bonaerense (Subsecretaría de Coordinación Económica) desde diciembre de 2015 hasta su presente designación en el máximo asiento de esta cartera.
Docente de las materias “Presupuesto y Gasto Social” y “Gestión Presupuestaria en el Sector Público” en las universidades Torcuato Di Tella y San Andrés, Bonari es consignado dentro de la administración pública provincial como la mano derecha de Lacunza y el encargado de monitorear los números más finos de la gestión vidalista.
“Es un reemplazo que no va a variar el esquema económico. Es la continuidad de Lacunza”, coincidieron voces gremiales consultadas por Letra P que ya vienen teniendo contacto con Bonari en el marco de las paritarias.
Uno de los temas que ha sido un marcado objeto de estudio de Bonari es una política que, para los gremios estatales bonaerenses, se ha transformado en una amenaza latente bajo la administracion vidalista: la armonización de los sistemas previsionales provinciales con el sistema nacional.
En un trabajo realizado en 2004 junto con Marcelo Becerra y Ariel Fiszbein, Bonari destaca que provincias como Buenos Aires poseen una participación relativamente alta del gasto en Seguros Sociales al conservar “la responsabilidad del pago de las jubilaciones y pensiones” por no transferir sus cajas previsionales al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
“La Provincia de Buenos Aires, a pesar de no haber transferido su caja previsional, presenta una de las mayores participaciones de gasto en Educación (44,87%), luego de San Juan y Río Negro que sí transfirieron sus cajas”, destacaba Bonari en 2004 al analizar la distribución del gasto público.
DEUDA. En uno de los múltiples papers escritos por el flamante titular de la cartera económica bonaerense, la deuda es tomada como "una buena alternativa" para hacerse de recursos a destinar al sistema de protección social. En ese sentido, sostuvo: "Una alternativa es recurrir al endeudamiento como fuente de financiamiento para incrementar los recursos disponibles". Sin embargo, advirtió: "La toma de deuda debe ser una fuente transitoria y no de financiamiento permanente, ya que es necesario tener un sistema de protección que pueda armonizar a lo largo del tiempo los ingresos y erogaciones. El endeudamiento es una buena alternativa en ciertas circunstancias, pero se debe velar por la sustentabilidad del sistema".
Un año más tarde, en coautoría con Fabio Bertranou, Bonari escribió el paper “Protección Social en Argentina”, donde, al aludir a las cajas previsionales provinciales no transferidas, sostuvo que “a partir de acuerdos entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la progresiva armonización de sus sistemas con el sistema nacional les permitirá financiar una parte cada vez mayor del déficit” que se arrastraba.
Así, marcó que la Ley N° 25.239 de 1999 dispuso que la Nación financiaría el déficit de aquellas cajas que armonizaran sus edades de jubilación y cotizaciones con las del SIJP.
La armonización del sistema jubilatorio bonaerense -administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS)- con el sistema nacional de ANSES ha sido materia de fuerte discusión en diciembre de 2017, a la par de la reforma previsional abordada caóticamente en el Congreso Nacional.
Aunque por esos días incluso circuló un esbozo de proyecto de ley que, entre otras cosas, contemplaba elevar la edad jubilatoria en cinco años, finalmente la iniciativa nunca vio la luz. De todos modos, hasta estos días los gremios se mantienen en alerta al marcar que, de concretarse, atentaría contra un cúmulo de derechos adquiridos bajo el actual régimen por parte de los empleados públicos bonaerenses.
