Insuficiente, electoralista y manotazo de ahogado. Estos son algunos de los calificativos con los que el mundo gremial recibió las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri la mañana del miércoles. Sin embargo, difícilmente estas consideraciones se hagan públicas, al menos por ahora, en la boca de los dirigentes de CGT, dado que en la reunión del martes en la sede UPCN uno de los temas centrales fue la preocupación sobre la gobernabilidad del oficialismo durante los próximos meses.
La definición de los principales sindicalista fue asumir una posición de prudencia, de "responsabilidad", según las palabras de un miembro del Consejo Directivo, en una situación que calificaron como "muy grave, por el riesgo de un descalabro mayor que solo va a afectar más a los trabajadores".
"Nadie va a salir a hablar mal de un bono o de medidas que puedan aliviar al trabajador en esta coyuntura, pero es difícil ponderar el impacto del anuncio porque la crisis está en curso, no conocemos cuál es el alcance", analizó un gremialista.
Ese análisis no impidió que en la cumbre sindical convocada de apuro, por el cimbronazo político y la agudización de la crisis económica post PASO, la plana mayor de la CGT resolviera exigirle al Gobierno la convocatoria urgente al Consejo del Salario y el pago de un bono que hiciera de aliciente al impacto que necesariamente tendrá la devaluación. El anuncio presidencial cumplió, al menos parcialmente, esas demandas, pero no incluyó ningún tipo de medida para los jubilados, un punto importante en la agenda de la central.
Aunque resultó insuficiente, entre los dirigentes hubo una valoración positiva del anuncio como un gesto oficial para corregir la línea marcada en la conferencia que brindó Macri el lunes, en la que fustigó a los votantes. De todas maneras, los sindicalistas no creen que la solución pase por los anuncios de este tipo, sino que la inestabilidad económica tiene una raigambre política. Así se analizó en la reunión y así se comenzó a deslizar públicamente.
Desde la óptica gremial, la solución a la crisis es que Macri complete su mandato, pero también que reconozca que el resultado electoral es irreversible. Esa mirada se potenció con la difusión de los resultados provisorios de la elección bonaerense que colocó a Axel Kicillof encima del 52% de los votos.
"Macri tiene la responsabilidad absoluta e institucional y debe gobernar hasta el 10 de diciembre. Hasta entonces, deberá evitar que el país desbarranque. Tiene todos los instrumentos del Estado para hacerlo", sostuvo el martes, después de la cumbre sindical, el secretario general de la CGT Héctor Daer.
Como era de esperar, desde los sectores opositores a la conducción de la CGT llovieron críticas sobre el anuncio. "Esto no se resuelve con dos mil o cinco mil pesos, es una miseria comparado nada más con la inflación que va a surgir de la devaluación del lunes", sostuvo Omar Plaini. "Acá hay que hacer un acuerdo político, de gobernabilidad entre el Gobierno y el Frente de Todos, que fue el ganador indiscutible de las elecciones", dijo el líder de los canillitas.
LA BATALLA DEL SALARIO. Minutos después de la conferencia de prensa presidencial, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se comunicó con algunos sindicalistas para anticiparles que la reunión del Consejo del Salario, que usualmente se hace durante los primeros días de agosto, se va a concretar el próximo jueves.
Con todos los indicadores económicos en rojo y la hegemonía gubernamental herida de muerte, la reunión está lejos de ser un trámite. Más bien todo lo contrario. La cúpula de la CGT llevará como piso de negociación la demanda de duplicar los irrisorios 12.500 pesos que componen hoy el salario mínimo. En el oficialismo, en cambio, se habla de una recomposición que ronda el 30%.
En el moyanismo, que no contará con representación en la mesa oficial por no formar parte de la conducción cegeteista, consideran que el punto de partida de la negociación debería ser 36.000 pesos, el monto que hoy compone la canasta básica de alimentos.
"El salario mínimo hoy debería estar entre 45 mil y 50 mil pesos", disparó Hugo Moyano, en un claro mensaje al Gobierno y a la cúpula de la central obrera.
Todas las señales indican que, al igual que el año pasado, el Consejo del Salario podría cerrarse sin un acuerdo entre las partes, con un laudo ministerial que defina unilateralmente el monto que sirve también de referencia para los asalariados que trabaja de manera informal. La diferencia, claro, es la coyuntura radicalmente distinta en la que ocurriría: hace un año, el Gobierno todavía contaba con una legitimidad de las elecciones de medio término; hoy, pelea por llegar a octubre.