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El fiscal que lo procesó junto a ex ministros y otros funcionarios dictó el cierre del sumario de la causa iniciada por denuncia de Elisa Carrió. Podrían ser condenados a 50 años de cárcel.
Por 05/09/2018 14:56
Multiprocesado

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, varios ex ministros de su gestión y otros funcionarios de menor rango quedaron a un paso de ir a juicio oral en el marco de la investigación por presuntos casos de corrupción que fueron denunciados por la diputada nacional Elisa Carrió.

Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que el fiscal Álvaro Garganta dictó el cierre de la investigación penal preparatoria, paso previo a solicitar el juicio oral.  En la causa número 20.688 fueron procesados Scioli junto a su ex ministro de salud Alejandro Collia, el empresario Ricardo Estanislao Miller (alias “El Petiso” o el “Lázaro Báez de Scioli) y otros funcionarios menores por “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, delitos que tienen una pena en expectativa de hasta 50 años de cárcel.

 

 

En esta causa se investigó el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Para ello habrían contratado a la empresa de Miller, quien, se sospecha, entregaba a Scioli dinero devengado del sobreprecio de las obras.

Las defensas sostuvieron que todas las licitaciones fueron aprobadas por los organismos de controles previos y posteriores a los pagos como por ejemplo, Fiscalía de Estado, a cargo del radical Hernán Gómez.

DESPRENDIMIENTOS. En el alcance número 1 de esta megacausa se investigó el manejo de fondos en la empresa de servicios de agua potable y cloacas ABSA, por la que fueron procesados Guillermo René Scarcella (ex Presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) y el funcionario Pablo Damián Elías.

Los acusados deberán defenderse en juicio por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (22 hechos en concurso real) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

 

En el alcance número 4 del expediente se indagó sobre el manejo de fondos en IOMA, la obra social de los bonaerenses. Al tope de la lista de acusados se anota el ex titular mutualista Antonio Atilio La Scaleia, junto a 19 funcionarios y presuntos empleados infieles, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de administración pública (78 casos que concursan realmente entre sí), uso de documento público falso (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con asociación ilícita”. En este tramo de la pesquisa, se indagó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias. En caso de ser hallados culpables, podrían ser condenados a cinco décadas tras las rejas.

A todo esto también se dictó el cierre de la investigación para el ex jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y para el ex subsecretario administrativo Walter Carbone (el dueño de la caja fuerte en forma de dragón), quienes, junto a otros cinco ex funcionarios, están procesados por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, delitos que se pagan con hasta diez lustros de encierro.

 

 

En este legajo se investigó el desvío de fondos destinados a la compra de material escolar sobre el cuidado del medio ambiente, que finalmente fueron utilizados para la impresión de boletas “Scioli Presidente” para las elecciones de 2015 que perdió en segunda vuelta ante Mauricio Macri. También el uso de facturas apócrifas por servicios de catering nunca realizados.

En la misma causa fueron procesados el ex ministro de Desarrollo Social Eduardo Aparicio y el empresario Daniel Roberts (oriundo de La Plata) por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conducta antijurídica que tiene una pena de hasta 12 años de prisión. En este caso se investigó la millonaria entrega de subsidios a cooperativas inexistentes.

 

 

La trama obra pública encuentra su respaldo documental y probatorio en el alcance 6 de la investigación, en la que tiene procesados a Gladys Perez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina De Tomasso, Daniel Soncini, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (19 hechos en concurso real) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (19 hecho en concurso real)” cuya pena asciende hasta 50 años de presidio.

RECUSACIONES. Mientras el cierre de la investigación sigue su curso, la jueza de Garantías Marcela Garmendia tiene pendiente de resolución las recusaciones efectuadas por las defensas de Alberto Pérez (el abogado Javier Percow), Walter Carbone (asistido por Damián Barbosa) y el empresario Ricardo Miller (con la defensa de Martín Orozco y Julio Hernández), quienes buscan apartar a la magistrada.

Puntualmente la cuestionan por discrepancias con el fiscal y la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. La jueza entiende que la segmentación de la causa en distintos alcances atenta contra la eficacia de la investigación. Para la jueza no se puede investigar por organismo, sino que hay que mirar toda la causa en su conjunto, como un mecanismo.

 

 

La Sala III entendió que la jueza Garmendia se excedió en sus funciones y fue denunciada ante Control Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero la investigación no se agota en las dependencias gubernamentales ya mencionadas. Quedan pendientes de investigar otras áreas como Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Puerto La Plata y Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

 

 

Además, de las causas que se dictaron el cierre de sumario, se extrajeron copias de pruebas para seguir adelante con la investigación y no se descartan más imputaciones para los ya procesados y nuevos llamados a indagatorias de otros ex funcionarios.

La causa se inició por la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, quien aseguró en su presentación inicial que todas las reparticiones oficiales (investigadas y por investigar) fueron cajas de financiamiento del sciolismo y del kirchnerismo entre 2008 y 2015.

 

 

 

Scioli quedó más cerca del juicio oral por corrupción en su gestión

El fiscal que lo procesó junto a ex ministros y otros funcionarios dictó el cierre del sumario de la causa iniciada por denuncia de Elisa Carrió. Podrían ser condenados a 50 años de cárcel.

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, varios ex ministros de su gestión y otros funcionarios de menor rango quedaron a un paso de ir a juicio oral en el marco de la investigación por presuntos casos de corrupción que fueron denunciados por la diputada nacional Elisa Carrió.

Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que el fiscal Álvaro Garganta dictó el cierre de la investigación penal preparatoria, paso previo a solicitar el juicio oral.  En la causa número 20.688 fueron procesados Scioli junto a su ex ministro de salud Alejandro Collia, el empresario Ricardo Estanislao Miller (alias “El Petiso” o el “Lázaro Báez de Scioli) y otros funcionarios menores por “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, delitos que tienen una pena en expectativa de hasta 50 años de cárcel.

 

 

En esta causa se investigó el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Para ello habrían contratado a la empresa de Miller, quien, se sospecha, entregaba a Scioli dinero devengado del sobreprecio de las obras.

Las defensas sostuvieron que todas las licitaciones fueron aprobadas por los organismos de controles previos y posteriores a los pagos como por ejemplo, Fiscalía de Estado, a cargo del radical Hernán Gómez.

DESPRENDIMIENTOS. En el alcance número 1 de esta megacausa se investigó el manejo de fondos en la empresa de servicios de agua potable y cloacas ABSA, por la que fueron procesados Guillermo René Scarcella (ex Presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) y el funcionario Pablo Damián Elías.

Los acusados deberán defenderse en juicio por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (22 hechos en concurso real) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

 

 

En el alcance número 4 del expediente se indagó sobre el manejo de fondos en IOMA, la obra social de los bonaerenses. Al tope de la lista de acusados se anota el ex titular mutualista Antonio Atilio La Scaleia, junto a 19 funcionarios y presuntos empleados infieles, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de administración pública (78 casos que concursan realmente entre sí), uso de documento público falso (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con asociación ilícita”. En este tramo de la pesquisa, se indagó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias. En caso de ser hallados culpables, podrían ser condenados a cinco décadas tras las rejas.

A todo esto también se dictó el cierre de la investigación para el ex jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y para el ex subsecretario administrativo Walter Carbone (el dueño de la caja fuerte en forma de dragón), quienes, junto a otros cinco ex funcionarios, están procesados por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, delitos que se pagan con hasta diez lustros de encierro.

 

 

En este legajo se investigó el desvío de fondos destinados a la compra de material escolar sobre el cuidado del medio ambiente, que finalmente fueron utilizados para la impresión de boletas “Scioli Presidente” para las elecciones de 2015 que perdió en segunda vuelta ante Mauricio Macri. También el uso de facturas apócrifas por servicios de catering nunca realizados.

En la misma causa fueron procesados el ex ministro de Desarrollo Social Eduardo Aparicio y el empresario Daniel Roberts (oriundo de La Plata) por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, conducta antijurídica que tiene una pena de hasta 12 años de prisión. En este caso se investigó la millonaria entrega de subsidios a cooperativas inexistentes.

 

 

La trama obra pública encuentra su respaldo documental y probatorio en el alcance 6 de la investigación, en la que tiene procesados a Gladys Perez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina De Tomasso, Daniel Soncini, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (19 hechos en concurso real) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (19 hecho en concurso real)” cuya pena asciende hasta 50 años de presidio.

RECUSACIONES. Mientras el cierre de la investigación sigue su curso, la jueza de Garantías Marcela Garmendia tiene pendiente de resolución las recusaciones efectuadas por las defensas de Alberto Pérez (el abogado Javier Percow), Walter Carbone (asistido por Damián Barbosa) y el empresario Ricardo Miller (con la defensa de Martín Orozco y Julio Hernández), quienes buscan apartar a la magistrada.

Puntualmente la cuestionan por discrepancias con el fiscal y la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. La jueza entiende que la segmentación de la causa en distintos alcances atenta contra la eficacia de la investigación. Para la jueza no se puede investigar por organismo, sino que hay que mirar toda la causa en su conjunto, como un mecanismo.

 

 

La Sala III entendió que la jueza Garmendia se excedió en sus funciones y fue denunciada ante Control Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero la investigación no se agota en las dependencias gubernamentales ya mencionadas. Quedan pendientes de investigar otras áreas como Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Puerto La Plata y Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

 

 

Además, de las causas que se dictaron el cierre de sumario, se extrajeron copias de pruebas para seguir adelante con la investigación y no se descartan más imputaciones para los ya procesados y nuevos llamados a indagatorias de otros ex funcionarios.

La causa se inició por la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, quien aseguró en su presentación inicial que todas las reparticiones oficiales (investigadas y por investigar) fueron cajas de financiamiento del sciolismo y del kirchnerismo entre 2008 y 2015.