El presidente Mauricio Macri lo anunció durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y el bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados aceleró el trámite: horas después del mensaje oficial del Presidente, la mesa de entradas del Parlamento recibió el proyecto del Gobierno para reformar el Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad a 15 años.
Macri lo presentó ante la Asamblea Legislativa como "una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes", ante el abucheo de legisladores opositores que, junto a organizaciones sociales, rechazan el proyecto. Es una de las puntas del plan de la Casa Rosada para instalar la agenda de seguridad durante la campaña electoral.
En los planes del Gobierno, la estrella de ese discurso será la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante el discurso de Macri apareció en pantalla en varias oportunidades. Se la vio sonriente cuando Macri habló, eufórico, sobre el decreto que habilita la extinción de dominio.
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El proyecto apunta a la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 que cometan delitos y de esta manera baja la edad de imputabilidad que actualmente es de 16 años. Según el expediente, el nuevo régimen se aplicará "al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales".
También a los mayores de 16 y menores de 18 que incurran en un acto "previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal", según consignó la agencia Noticias Argentinas (NA).
La ley advierte que la privación de la libertad "se aplicará como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible" y que nunca se tomarán este tipo de medidas ante infracciones "de naturaleza contravencional o de faltas".
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En su mensaje al Congreso, el Presidente sostuvo que el proyecto "es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves". "Hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad", agregó en referencia a los jóvenes que cometen delitos.
La duración máxima del proceso penal, según el proyecto, no deberá exceder el término de tres años. Tanto los procesos penales como la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y el adolescente tendrá derecho a ser escuchado "cada vez que lo solicitare, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecución de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto".