El periodismo argentino, en el sótano de los servicios

El periodismo político argentino tuvo su bautismo de lo que será el año electoral con un episodio que es síntoma de la influencia que tienen los servicios de inteligencia en el troquelado de las ediciones informativas y opinativas predominantes en el país. Conmovida por un caso que involucra a uno de sus miembros, y antes incluso de preocuparse por conocer los detalles del episodio, la élite periodística se abocó a reproducir encuadres que juzgan lo sucedido, desplegando así una nueva batalla interpretativa en la que el fin parece justificar los medios.

 

El caso es una de las esquirlas de las revelaciones publicadas por Horacio Verbitsky en “El cohete a la Luna” sobre las extorsiones del falso abogado Marcelo D’Alessio, quien alegaba operar a favor del fiscal de la causa Cuadernos, Carlos Stornelli. La denuncia original por extorsión fue realizada por el productor agropecuario Pedro Etchebest y tiene ramificaciones que tocan los nervios de la familia judicial, del sistema político y del estamento periodístico, como lo muestran los calificativos que hoy usan en sus ediciones los medios que hasta hace dos meses citaban habitualmente a D´Alessio como experto en narcotráfico.

 

La evidencia reunida por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, indica en uno de sus capítulos que D´Alessio procesaba información profesional y personal de los contertulios del ciclo televisivo “Animales Sueltos” ( América TV), dedicado a opiniones sobre la coyuntura y conducido por Alejandro Fantino. Los datos que reunía D´Alessio alimentaban reportes clandestinos de inteligencia del ex policía bonaerense y sindicado servicio Ricardo Bogoliuk y sus insumos eran provistos por quien era uno de los panelistas de “Animales” y periodista de Clarín, Daniel Santoro, sobre sus ex compañeros de trabajo (al conocerse este detalle de la relación con D´Alessio, Santoro dejó el programa y manifestó que D´Alessio lo había “infiltrado”). El juez Ramos Padilla reveló que los informes de los detenidos D´Alessio y Bogoliuk en este caso estaban identificados como “Operación Fantino”.

 

La semana pasada, el mismo 7 de marzo en que dos de las víctimas del espionaje, Fantino y Romina Manguel (también integrante del panel de Animales Sueltos), declaraban como testigos en el Juzgado Federal de Dolores, un numeroso contingente de periodistas de Clarín, La Nación e Infobae (principalmente), firmaba una solicitada de defensa de Santoro intitulada “Las razones por las que descalifican al periodista Daniel Santoro” y publicada en Clarín. La solicitada, contemporánea a los apoyos a Santoro de la diputada nacional oficialista Elisa Carrió, de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) y de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), nada dice del espionaje ilegal contra Fantino o Manguel.

 

La coincidencia temporal entre la solicitada y la presentación de Fantino y Manguel en tribunales es indicio de que la toma de posición es percibida por buena parte del estamento periodístico como urgente, por encima de la indagación de los hechos sobre los que se profieren sentencias. Incluso el tradicional espíritu de cuerpo, propio de la cultura profesional, quedó subordinado a la parcial defensa de uno de los protagonistas del caso, siendo el resto, también, periodistas y objetivos damnificados.

 

Al salir del juzgado, Manguel fue entrevistada por sus colegas del ciclo que ella misma conduce en las tardes de Radio Nacional. “Hay gente que tuvo relaciones muy promiscuas con fuentes”, señaló en obvia alusión a Santoro, y añadió que “todos los que ejercemos el periodismo tenemos que estar preocupados” por el “submundo del espionaje y de los servicios” (orgánicos e inorgánicos), “que se nutren de nuestro trabajo”.

 

Sebastián Lacunza, autor de un artículo en Anfibia que constituye un ejercicio de periodismo con fuentes diversas y calificadas –algo infrecuente en Argentina- sobre la génesis y primeras reacciones del caso “D´Alessio”, reflexiona pasadas varias semanas que “ante indicios en apariencia serios, me parece fundamental que la reacción periodística sea investigar antes que absolver o condenar; de lo contrario, la libertad de expresión y la información, en lugar de derechos sociales, se transforman en cotos de caza de un grupo de notables, una empresa o una ONG, que oportunamente los esgrimen según sus intereses o afinidades”.

 

 

 

“Va más allá de Santoro”, prosigue Lacunza, “las acciones de D’Alessio y compañía violaron derechos humanos; motivo suficiente para que el periodismo se pregunte cómo un sujeto de esa calaña pudo haber sido validado en espacios centrales en los medios. Si no hubo venalidad, al menos hubo negligencia intensiva y sostenida en el tiempo. 'Siga, siga' es la peor respuesta.”

 

Agustino Fontevecchia recordó en Perfil que “la causa D’Alessio-Stornelli explotó inesperadamente luego de una nota de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, y generó una grieta periodística que se profundiza día a día. Fue llamativo ver como Clarín, La Nación e Infobae prácticamente ignoraron la bomba de Verbitsky en sus primeros días mientras que Página/12 le dio un nivel de destaque similar al que le da a las notas que buscan desacreditar al gobierno de Mauricio Macri. Desde el Grupo Clarín entrevistaron en prime time al fiscal Stornelli y criticaron a Verbitsky, luego La Nación puso toda la carne al asador con Joaquín Morales Solá y Hugo Alconada Mon yendo al choque con Verbitsky. Infobae, por su parte, intentó desacreditar la denuncia calificando a Verbitsky como 'jefe de inteligencia de Montoneros'. Periodistas de uno y otro lado del arco ideológico tomaron posición y lo dejaron claro”.

 

Por su parte, Reynaldo Sietecase opinó en Radio con Vos que “hay una doble moral todo el tiempo en el periodismo argentino. Este doble estándar. Los grandes medios se rasgan las vestiduras en este caso pero estaría bueno que lo hicieran cuando de pronto un gobierno entero condena, vamos con una antítesis de Santoro, a Verbitsky”.

 

La crema del establishment periodístico argentino y las mayores empresas de medios decidieron exponerse en un caso que, amén de las responsabilidades que determine la investigación judicial, sirve como testimonio de época por los vínculos entre el periodismo político y los servicios de inteligencia, que de tan íntimos confunden a sus protagonistas (¿qué queda para sus destinatarios?) acerca de quién es la fuente y cuál es la función de cada cual. Doble moral, sujeción de la información al cálculo acerca de quién capitalizará políticamente la noticia y relaciones carnales con los servicios parecen conformar un manual de un periodismo escasamente introspectivo.

 

La conocida metáfora de los servicios de inteligencia como sótano de la democracia merece ser revisada: si se evalúa la distorsión y el efecto de manipulación sobre la agenda política –cuando no su misma concepción-, sus ramificaciones y alcances, lo que era el sótano se transformó en planta principal con aliados valiosos y famosos.

 

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