Los movimientos sociales, encabezadps por la CTEP de Juan Grabois y Emilio Pérsico, mantienen por estas horas negociaciones con el presidente electo Alberto Fernández para asumir la responsabilidad de las políticas para la economía popular. En paralelo, y conscientes de que la posibilidad de concretar su desembarco en la función pública está atado al volumen de organizaciones que representen, dan las puntadas finales para lanzar el sindicato que los agrupe antes de la asunción del próximo presidente.
La intención inicial de "Los Cayetanos", el frente compuesto por la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC), que tuvo como última incorporación al Frente Darío Santillán, era la creación de una agencia especial desde la cual abordar un Programa del Buen Gobierno, nombre con el que definieron los lineamientos exclusivos para la economía popular. Los ejes principales de intervención son "Tierra, Techo y Trabajo", las tres bandera que el Papa Francisco señaló como prioritarias para una agenda de los sectores populares.
Las dificultades surgieron porque la creación de un organismo de esas características, con autonomía para la gestión política, abría desde el vamos un frente de conflicto con funcionarios que ocuparán los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y Agroindustria, que antes de asumir ya perdían el control sobre líneas de gestión y un volumen de recursos nada despreciable. Según el documento elaborado por las organizaciones, el presupuesto necesario para los programas que proponen alcanza los 120.000 millones de pesos anuales.
Sin descartar la idea de una agencia, que por ahora estaría limitada a la órbita de Desarrollo Social y sería conducida Pérsico, las organizaciones trabajan para incidir en la integración de secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales que tengan que ver con su sector, a través de la designación de dirigentes de sus tropas. La relación con Daniel Arroyo, el futuro ministro de esa cartera, es más que fluida. Se podría definir como un trabajo en tándem entre las organizaciones y el diputado nacional que asumirá la conducción del ministerio que centraliza buena parte de las partidas que se "bajan" a las organizaciones.
De hecho, Arroyo participó como panelista en la presentación del Programa del Buen Gobierno que se realizó el sábado en la Facultad de Medicina de la UBA y que organizó el Frente Patria Grande, la fuerza política que conducen Grabois y el economista Itai Hagman, que será diputado nacional por el Frente de Todos.
Sin nombres definidos para ocupar los cargos, impulsan el reconocimiento formal de los trabajadores de las diferentes "ramas" de la economía popular para que puedan realizar aportes al sistema previsional. De esa manera, recicladores urbanos, cooperativistas y cuentapropistas se asegurarían el acceso a una obra social y una futura jubilación, saliendo de la informalidad absoluta en la que están ahora. Al día de hoy, los trabajadores enrolados en la CTEP cuentan con asistencia médica a través de la mutual Amanecer, una entidad creada por esas organizaciones que atiende a más de 20 mil personas en el área metropolitana, pero también en varios puntos del país.
El proceso de "formalización" de estos trabajadores, que según los cálculos de la CTEP comprende un universo de seis millones de personas, correría por dos andariveles paralelos. Por un lado, incluiría a todos aquellos que hoy perciben el salario básico complementario, el ingreso desembolsado por el Estado para los sectores sumidos en la informalidad. A la vez, todas las negociaciones para la aplicación de las políticas sectoriales se deberían canalizar a través de una organización gremial única. Por eso, estos movimientos preparan el lanzamiento del Sindicato Único de Trabajadores de la Economía Popular (SUTEP) que se presentaría en sociedad el 7 de diciembre. Esperan que ese día esté presente el presidente electo y los y las ministras de las áreas con las que deberán compartir responsabilidades.
Los referentes sociales ya tomaron contacto con María Eugenia Bielsa, la dirigente santafecina que tiene los números puestos para ocupar el Ministerio de Vivienda y Hábitat, para acercar sus propuestas que giran, fundamentalmente, en la necesidad de garantizar políticas de integración urbana. Bajo ese nombre quieren definen el trabajo que pretenden que lleven adelante sus dirigentes, priorizando la urbanización de asentamientos y el mejoramiento de infraestructura de las barriadas populares. El punto de partida es la ley de Regularización de Barrios Populares, aprobada en el Congreso en abril del año pasado, que trazó la hoja de ruta para atender las necesidad de barrios precarios y asentamientos.
El tercer eje, el referido a la tierra, es el que menos avanzado está, dado que aún no esté confirmado el nombre de quién ocupará el ministerio nacional. Lejos de los planes de reforma agraria mencionados por Grabois, que causaron un escándalo mediático hace unos meses, los objetivos son bastante más austeros. Como primer punto, buscan regularizar las propiedades comunitarias de las colectividades indígenas que, aseguran, son más de 1.600 en todo el país. Como segundo eje, apuntan a facilitar el acceso a la tierra a unidades productivas de cooperativas, organizaciones y asociaciones campesinas y pequeño productores.
La intención es la creación cinturones verdes en la periferias de las grandes ciudades del país para desarrollar la producción agrícola familiar. La adquisición de tierras, tanto privadas como fiscales, protegería a los productores que abastecen de verduras y hortalizas a las grandes ciudades, de la especulación inmobiliaria que constantemente corre la frontera de urbanización y los obliga al movimiento constantes.
En la cúpula de la CTEP aseguran que las propuestas fueron bien recibidas por Fernández en la reunión que tuvieron la semana pasada, aunque reconocen que las negociaciones para definir la forma en que se van a implementar todavía no están cerradas.
