Asoman nubarrones judiciales para el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitará que sea llamado a indagatoria, junto con el saliente jefe de la Policía Bonaerense Fabián Perroni, en la causa que investiga la masacre en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría en la que fallecieron diez personas que estaban allí detenidas, al cumplirse un año de aquel hecho. El organismo presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, justificó este pedido al marcar que tanto Ritondo como Perroni “conocían, por oficios de distintas instancias judiciales e informes del propio ministerio, las graves condiciones de detención en la comisaría”.
“La dependencia tenía siete órdenes de clausura, no tenía colchones ignífugos ni red contra incendio. Ritondo y Perroni tenían el deber de garante de la vida de esas personas y el control operativo para actuar y resguardar su integridad, pero no hicieron nada. La omisión y desidia funcional y política son responsables de la peor masacre en comisarías bonaerenses: diez detenidos murieron”, enfatizó el organismo defensor de los derechos humanos en un comunicado.
Por esta situación, la CPM solicita que se impute a ambos funcionarios por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público. El titular de la Unidad Fiscal 4 de Lomas de Zamora descentralizada de Monte Grande, Fernando Semisa, deberá resolver este pedido.
Un incendio en la celda 1 dejó diez muertos y dos sobrevivientes. Hasta el momento, no hay ningún imputado. Sin embargo, en la CPM recalcan que todas las pruebas que constan en la investigación judicial apuntan hacia un mismo lugar: “la responsabilidad funcional, política y penal de las máximas autoridades de la cartera de Seguridad bonaerense”.
La CPM, que patrocina a nueve de las diez familias de las víctimas fatales, viene insistiendo desde el principio en investigar esas responsabilidades. “Los dos funcionarios —uno como máxima autoridad ministerial y otro policial— tenían el deber de garante de la vida e integridad de las personas detenidas y la capacidad de control y planificación para resguardar, con medidas efectivas, la integridad y seguridad de los detenidos. Al mismo tiempo, conocían sobradamente las graves condiciones de detención en la comisaría 3ª, sabían del riesgo inminente para la vida de las personas allí alojadas y no hicieron nada”, insistieron.
En el expediente judicial, que lleva el fiscal Semisa, declararon como testigos más de 20 funcionarios, desde el jefe distrital hasta el superintendente de planeamientos y operaciones. Todos coincidieron en describir las acciones de su área como de “mera gestión”, sin posibilidades de realizar cambios estructurales en las condiciones en que se encuentran las comisarías y los detenidos alojadas en ella. También señalaron que la función de coordinación para el alojamiento en distintas dependencias policiales “cayó en desuso hace bastante tiempo ya que no hay plazas disponibles”.
“El reconocimiento de la gravedad de la situación por parte de los mismos funcionarios y la ineficacia para mejorarla responden a una decisión política que el ministro de Seguridad Cristian Ritondo graficó mejor que nadie al ser consultado sobre la sobrepoblación en comisarías: ‘Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados’”, recordaron en la CPM para cerrar: “Todo esto no hace más que reforzar la imputación de la CPM sobre las responsabilidades políticas y funcionales de quienes tenían la capacidad de actuar, el deber de garante, y no hicieron nada para impedir una masacre que era previsible, porque además había advertencias de sobra”.
