A pocos días de dejar el Gobierno, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se enfrenta a una decisión compleja que puede ser un problema para Alberto Fernández. Una de las empresas que integra el consorcio de la Hidrovía quiere presentarse en la licitación para extender el contrato más allá de 2021, aunque está asociada a una firma que está investigada en los cuadernos de la corrupción K. La belga experta en dragado Jan de Nul opera la autopista hídrica en tándem con la Emepa de Gabriel Romero, que figura en la causa haciendo aportes a Roberto Baratta, ex segundo de Julio De Vido.
La hidrovía, con polémica.
Jan de Nul manifestó su voluntad de ir al concurso sin Emepa, pero dejó la duda de las conexiones de ese esquema societario y de sí, al repartirse dividendos, los belgas no estaban al tanto de las movidas de la firma de Romero. Esto demoró los pliegos, que Dietrich prometió para fines de este año, porque la situación es delicada: la Ley de Administración pública exigía que se le quitara la concesión a las empresas investigadas, pero no ocurrió, lo que generó una serie de denuncias contra el estado.
Dietrich prometió los pliegos para antes de fin de año, pero se demoran.
Una de las denuncias va además sobre incumplimientos en las obras por parte de Jan de Nul. Un caso es la falta de mejoras en el canal. La belga aduce que eso responde a que el dragado representa el 90% de los costos.
La firma europea tiene, además, antecedentes internacionales que no la ayudan. Con casi 80 años de experiencia en el mercado, los hermanos De Nul fueron denunciados por pagar coimas en su país y recibieron una condena a tres años de cárcel.
