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Formalizó la presentación judicial ante el fiscal en turno de La Plata. En un allanamiento a Asunto Internos se había secuestrado evidencia de vigilancia a una fiscal y su familia.

Por 25/10/2019 17:48

El espionaje ilegal a magistrados de la provincia de Buenos Aires tomó forma de denuncia penal luego de la presentación oficial realizada este jueves por el Colegio de Magistrados de La Plata. Pidió a la justicia Penal de la capital provincial que se determine si en el allanamiento realizado en la sede de Asuntos Internos de la policía bonaerense se descubrieron evidencias de aquel delito, según se desprende del documento judicial al que accedió Letra P.

Con la firma de su presidente, el juez de Casación Víctor Violini (enfrentado a Cambiemos), la entidad que representa y defiende a jueces, fiscales y defensores oficiales del Departamento Judicial de La Plata solicitó que “se verifique la eventual existencia” de “intromisiones espurias” que afecten a magistrados o funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

 


Silvina Langone, fiscal de juicio de La Plata

 

Tal como informó este medio, en el allanamiento que encabezó la fiscal Cecilia Corfield junto a personal judicial, se encontraron documentos que indican un seguimiento de la vida privada de la fiscal de juicio de La Plata Silvina Langone y de su familia.

La presunta víctima de espionaje fue la fiscal que sostuvo la acusación y logró la condena a los protagonistas de la triple fuga del penal de máxima seguridad ubicado en la localidad bonaerense de General Alvear que, en diciembre de 2015, generaron con su evasión la primera de las turbulencias de Cambiemos en materia de seguridad, tanto en el ámbito provincial como nacional.

 


La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el fiscal Marcelo Romero

 

La reciente denuncia quedó en manos del fiscal en turno Marcelo Romero, uno de los magistrados preferidos de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien podría quedar salpicada por lo que promete convertirse en un escándalo. El otro funcionario que aparece en la línea de fuego es el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, responsable de la fuerza de seguridad.

La relación de los dirigentes del PRO con el mundo del espionaje no es nueva. Cuando fue Jefe de Gobierno porteño, el presidente Mauricio Macri fue procesado por montar una red de espionaje ilegal para husmear en la intimidad de su familia y de dirigentes políticos propios y de la oposición. Pero salió airoso de la causa. Un día antes de asumir como jefe de Estado llegó el sobreseimiento, en otra clara muestra del timing político de algunos jueces.

LA GÉNESIS. El miércoles 23 de octubre último se realizó el allanamiento en Asuntos Internos. La redada se generó en el marco de una causa iniciada por la denuncia del ex comisario Néstor Omar Martín, quien acusó al titular de la repartición, Guillermo Berra, de montar un sistema de espionaje sobre policías y magistrados, entre otros delitos.

 


La sede de Asuntos Internos fue allanada 

 

En el escrito que dio paso al inicio de la causa, el denunciante asegura que Berra “dispuso la realización de tareas de inteligencia sin previa autorización judicial”, según consta en el expediente al que accedió este medio.

En otro pasaje del documento judicial el denunciante señala que el funcionario Berra “creó una estructura administrativa como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante la Gobernadora María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración”.

En el procedimiento, la fiscal Corfield “secuestró material en formato papel y digital que será materia de análisis”, confirmaron a Letra P fuentes de la investigación.

No es la primera vez que se detectan síntomas de espionaje ilegal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya ocurrió durante la gobernación de Eduardo Duhalde. El entonces fiscal Carlos Argüero allanó en La Plata el estudio jurídico del ex comisario Luis Vicat y descubrió elementos probatorios de espionaje y escuchas ilegales en perjuicio de varios magistrados del fuero federal y penal local, entre otros. Pero esa causa fue declarada nula. El Colegio de Abogados de La Plata no había sido notificado con anterioridad del allanamiento realizado en la oficina que el acusado tenía en la capital provincial.