El Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) presentó en las últimas horas una denuncia contra el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado,y otros funcionarios de su cartera por la presunta comisión de los delitos de “Estafa y defraudaciones al Estado”, “Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, “Malversación de caudales públicos en grado de conato”, “Falsedad ideológica en instrumento público” y “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.
La presentación firmada por el titular del gremio, Adolfo Barja, fue realizada ante el Juzgado Federal Nº 11 y alude a un presunto “direccionamiento” de licitaciones de obras de dragado de los puertos de San Nicolás y San Pedro, mediante contrataciones que –se afirma- “no cumplen con las condiciones y requisitos de control, verificación y certificación por parte de la autoridad portuaria”. Al marcar “objetivos financieros y económicos de ambas partes”, el gremio advirtió que, para esos trabajos, se prevé la utilización de los fondos de la Cuenta Especial Fondo Provincial de Puertos, algo que “provocaría su vaciamiento”.
Además de Tizado, la presentación también pone en la mira al director de Actividades Portuarias bonaerense, Marcelo Gentile, al delegado portuario de San Nicolás, Martín Mateucci, y al director de Asuntos Administrativos de Puertos de la provincia, Eduardo Azconegui.
Facsímil de la presentación realizada en las últimas horas en el Juzgado Nº11.
“La denuncia plantea un direccionamiento en la licitación de los dragados, favoreciendo a una empresa para hacer esos trabajos”, manifestó a Letra P el secretario General Adjunto de la Sutap, Facundo Monticelli, para detallar: “Cuando se hizo la licitación para dragar San Nicolás, en la Dirección Provincial de Puertos lo tuvieron cajoneado tres meses, cuando tenía la autorización para llamar a licitación no llamó y a los tres meses decretó una emergencia y mandó a dragar a una empresa prácticamente por teléfono, sin ningún tipo de documentación. Después fue a dragar San Pedro sin contrato, todo muy irregular y viciado. No se respetaron los procesos licitatorios, las cláusulas, los contratos, nada”.
En la denuncia a la que tuvo acceso este medio, también se hizo foco en el hecho de que esos dragados sean financiados por el Fondo Provincial de Puertos cuando el estatuto del Consorcio -creado durante la gestión vidalista- marca que será ese ente el que “dispondrá los recursos económicos y financieros” para ejecutar, entre otras cosas, “el dragado y balizamiento en el canal de acceso”. “Teniendo capacidad económica-financiera propia, debería el Consorcio afrontar dicha erogación con sus propios fondos que se han establecido con esta misma finalidad”, acusó el gremio en el texto.
La suma en cuestión para esos trabajos supera los $95 millones. El gremio requirió la medida cautelar de no innovar que contemple el embargo de la mencionada suma en la cuenta especial del Fondo Provincial de Puertos.
“La metodología de faltas de control por parte de los organismos y personal competentes de las tareas de dragado llevan ‘prima facie’ a considerar un posible direccionamiento de las tareas de dragados en los puertos de San Nicolás y San Pedro a favor de empresas privadas del rubro e imputar el pago de estos trabajos contra la Cuenta Especial del Fondo Provincial de Puertos, produciéndose de ocurrir su vaciamiento, con la consecuencia de que afectaría gravemente el normal funcionamiento de las actividades para las cuales fue creada, con el consecuente peligro para la actividad portuaria, además de afectar las arcas provinciales y/o nacionales”, resume la denuncia.
En esa línea, Monticelli enfatizó: “La Dirección de Actividades Portuarias a cargo de Gentile no permite que los profesionales del área de Dragado y Balisamiento, por ejemplo, hagan los controles habituales que venían llevando adelante en los diferentes consorcios y puertos. Ya hace más de un año, primero Esteban Pintos, un asesor de Tizado, y hoy Gentile, no permiten a los profesionales hacer esos trabajos. Eso es un problema porque no permiten que el Estado esté presente en tareas de inspección de obras”.
Bajo ese escenario, el secretario General Adjunto del Sutap advirtió que después del dragado en el puerto de San Pedro, “sin ningún tipo de autorización por parte de la autoridad portuaria”, se efectuó “la renuncia de quien era el presidente del Consorcio de San Pedro”. “Eso nos llama la atención y queremos saber por qué renunció. Pedimos que lo citen y se investigue por qué renunció. Es mucha casualidad que cuando termina ese dragado viciado para nosotros, el presidente renuncia, no firma y no avala el pago”, puntualizó.
Tal como viene contando Letra P desde el año pasado, la creación de consorcios en puertos que antes estaban directamente administrados por la Provincia, ha sido cuestionada por los gremios que aducen una “privatización encubierta” tendiente a reforzar el control de las empresas fuertes del sector en la operatividad portuaria. En ese contexto, Monticelli advirtió que la Dirección de Puertos se sostenía con los aportes generados por las terminales portuarias bonaerenses. No obstante, con el avance de los consorcios, observa que esa área está en peligro: “Tizado consorció los puertos y no tuvo en cuenta que la autoridad portuaria se queda sin fondos, hoy no recibe más aporte de los consorcios. Por eso, hace dos meses que esa Dirección de Puertos está sin actividad, con retención de tareas. El Ministerio de Trabajo de Villegas fue notificado y no interviene”, acusó.
