A menos de dos semanas de las elecciones, el fiscal federal Jorge Di Lello ordenó suspender la implementación del subsidio extraordinario a desocupados en el marco de una denuncia y amparo presentado por el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, quien advirtió que el oficialismo podría utilizar ese dinero con fines electorales.
“La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podría albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores”, sostuvo el fiscal Di Lello en el dictamen que le presentó a la jueza María Servini.
La Secretaría de Empleo había dispuesto, a través de la resolución 1177 publicada en el Boletín Oficial, que se asignara una partida de 650 millones de pesos de las arcas del Estado nacional, para 114.000 beneficiarios. El dinero se repartiría en bonos de 5000 pesos.
Este miércoles, el Gobierno publicó un rebalanceo del presupuesto, donde le destina a la Secretaría de Empleo 650 millones de pesos.
En las últimas semanas, varios intendentes peronistas denunciaron que candidatos y punteros de Cambiemos habían comenzado a hacer uso clientelista de estos planes.
Fue entonces que Di Lello abrió una investigación preliminar en base a una publicación del periodista Mariano Martín en el diario Ámbito Financiero, que revelaba la existencia de la resolución firmada por el secretario de Empleo, Fernando Prémoli.
En su nota, el periodista reveló que la mitad de esos subsidios fueron destinados a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora se habría aprobado la entrega de 80.000, mientras que 25.000 fueron rechazados por la Anses por incompatibilidades, como la percepción de otro beneficio o salario.
Este miércoles, el apoderado del PJ y el Frente de Todos, Jorge Landau, denunció ante la justicia federal que el Gobierno planea ejecutar "bonificaciones" a los fiscales de las mesas en las que gane el presidente Mauricio Macri.
En su dictamen, Di Lello explicó que el objetivo de la medida cautelar no es “desproteger a aquellos que necesitan de un ayuda”, sino “garantizar la transparencia” en el proceso electoral, y que pasado el 27 de octubre se podrían otorgar los subsidios.
En paralelo, se conoció que el Gobierno prepara un operativo, coordinado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para conformar un ejército de 150.000 fiscales en todo el país. El objetivo, según publica el diario La Nación, es evitar las "picardías" que adjudican al kirchnerismo y recuperar votos que le permitan a Juntos por el Cambio llegar a un ballotage.