Una batalla de poder se está librando casi en silencio entre representantes nacionales y provinciales de Cambiemos y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El motivo: los cuatro informes que el organismo público realizó a pedido del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien investiga presuntos delitos que tienen como protagonistas del objeto procesal al falso abogado Marcelo D’Alessio y varios periodistas de renombre en Argentina.
La investigación de la causa se inició por la denuncia del empresario Pedro Etcheves, quien aseguró que fue extorsionado por D’Alessio para que el fiscal preferido del macrismo Carlos Stornelli desactivara una causa en la que presuntamente era investigado. Ese expediente derivó en el allanamiento de la morada del supuesto cómplice del fiscal donde se secuestró documentación, computadoras, tablets y teléfonos celulares, entre otros elementos. Desde entonces, el caso fue bautizado mediáticamente como D'Alessio gate, pero detrás de esa etiqueta rutilante se teje un entramado de relaciones complejas entre espías, jueces, periodistas, medios de comunicación y políticos.
Cuando los peritos comenzaron con el análisis de esos dispositivos descubrieron que D’Alessio (quien, se sospecha, es espía de la Agencia Federal de Inteligencia –AFI) tenía aceitados y fluidos contactos con periodistas de renombre como Daniel Santoro, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña, Luis Majul y Jorge Lanata, entre otros.
Toda esa información almacenada por el espía (en sus dispositivos electrónicos y en carpetas) fue enviada a la Comisión Provincial por la Memoria a pedido del juez Ramos Padilla, uno de los magistrados que más dolores de cabeza le trajo al macrismo durante su gestión. El objetivo: que la CPM realizara un análisis de esa documentación para “identificar actividades de inteligencia con metodologías no permitidas o que podrían presentar en su ejecución patrones comunes desplegados por agencias de inteligencia nacionales e internacionales, en posibles connivencia o vinculación con poderes del Estado nacional y provincial”, explicaron desde el organismo mediante un comunicado oficial.
Desde la entidad explicaron que ya emitieron cuatro informes ajustados a los criterios del magistrado y desmintieron ser una “CONADEP contra periodistas”, al tiempo que rechazaron cualquier iniciativa que pretenda perseguir o emprender una suerte de “caza de brujas contra el periodismo”.
La expertise de la CPM en materia de análisis y peritaje de documentos vinculados con acciones de espionaje ilegal se remonta al año 2001, cuando recibió mediante ley provincial 12.642 el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para su guarda, preservación y gestión. Desde entonces, un profundo y extendido trabajo en torno a este y otros acervos documentales le ha valido múltiples y diversos reconocimientos nacionales e internacionales.
Durante el fin de semana, varios actores de Cambiemos y de entidades periodísticas criticaron los informes de la CPM y atacaron de manera personal al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, como titular del organismo.
Uno de ellos fue el diputado nacional radical Mario Negri, quien acusó a Pérez Esquivel de convertir a la CPM en “una Conadep de la prensa”, en tanto que lo asoció con “el régimen de (Nicolás) Maduro”.
Para Negri, el accionar de Pérez Esquivel “es inaceptable” ya que, a su entender, “se desvirtúa el sentido por el cual se creó la Comisión Provincial de la Memoria y se la quiere transformar en una herramienta de persecución a los periodistas de investigación”.
A estas críticas se sumó la Coalición Cívica, partido liderado por la referente Elisa Carrió. En un comunicado, la fuerza partidaria señaló que “la libertad de prensa, el respeto al secreto de las fuentes de información periodística, la libertad de expresión, la garantía del juez natural y la prohibición de que los ciudadanos sean juzgados por comisiones especiales, son garantías fundamentales de nuestra Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos que hoy sin pudor violan Pérez Esquivel y Ramos Padilla”.
“Siempre defendimos la libertad de prensa, especialmente durante los 12 años de kirchnerismo en la que fue atacada como pocas veces. No vamos a dejar de hacerlo, aunque ahora se vuelvan a escudar en organismos de derechos humanos o en un premio Nobel de la Paz para atacarla”, agregó.
La agrupación liderada por Carrió señaló que “la causa en la que Ramos Padilla ahora también investiga al periodismo es una operación del kirchnerismo para salvar a varios presos de la corrupción, esto lo denunciamos desde el primer día”.
“El juez no es el juez natural de la causa, no tiene jurisdicción, ni siquiera territorial. Que ponga a la Comisión por la Memoria a investigar periodistas es un exceso más en el expediente y es consecuencia de su militancia política”, apuntó.
A estas críticas se sumó la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) que desde su cuenta de Twitter expresó: “Pretender que un organismo gubernamental audite la tarea periodística contradice la esencia misma de la libertad de prensa, vulnera la Constitución Nacional y desconoce los tratados internacionales”.
El espacio que reúne a los grandes medios de comunicación emitió un documento titulado “Grave injerencia estatal en la labor Periodística”. En uno de los pasajes del documento se lee: “Tanto la solicitud de dicho informe por el juez Alejo Ramos Padilla como la elaboración del mismo por la Comisión constituyen peligrosos precedentes contra la libre expresión y el ejercicio profesional del periodismo”.
El avance de la causa que investiga Ramos Padilla preocupa al oficialismo. Tal como informó Letra P, en ese expediente puede estar la llave legal para que el kirchnersimo demuestre parcialmente el armado de causas en Comodoro Py como método de disciplinamiento para políticos, jueces y empresarios argentinos que se atrevan a enfrentar o cuestionar al presidente Mauricio Macri y sus políticas.
La mayoría de esas causas es impulsada por el fiscal Stonerlli (quien fue llamado a declarar en varias ocasiones y no se presentó), declarado en rebeldía. Algunos indicios indican que Stornelli se valía de notas publicadas por los periodistas mencionados para iniciar investigaciones de oficios. Esos artículos periodísticos se construyeron a partir de la información que el espía D’Alessio les aportaba a los comunicadores.
Para confirmar o descartar esta hipótesis la CPM ya emitió cuatro informes que son de acceso público y, hasta el momento, confirman la maniobra mencionada.
