General Pueyrredón y Bahía Blanca son dos de los bastiones más importantes que tiene Cambiemos en el interior bonaerense. En estos distritos, el conflicto con los trabajadores municipales ha sido una constante en la gestión de Carlos Arroyo y Héctor Gay. En plena temporada, la falta de acuerdo salarial ha provocado retención de tareas en todos los servicios municipales del partido costero. En la región sureña de la provincia de Buenos Aires, la designación de cuatro puestos en la obra social municipal desató un nuevo foco de enfrentamientos entre los estatales locales y el Ejecutivo.
Las diferencias entre los trabajadores municipales y las autoridades municipales de ambos distritos no son nueva. Desde que Arroyo y Gay asumieron el mando de General Pueyrredón y Bahía Blanca respectivamente, los cruces con el sector fueron protagonistas en varias ocasiones.
El inicio de la temporada estival y la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de pasar sus vacaciones en el distrito costero más importante de la provincia no impidieron que el conflicto entre el Ejecutivo y los municipales continuara. Esta semana es la cuarta en la que los empleados dependientes de la órbita estatal local están con retención de tareas lo que está ocasionando una serie de trastornos que van desde la falta de controles en el tránsito, la venta de alcohol en horarios no permitidos y la proliferación, por la falta de inspectores, de todo tipo de actividad comercial ilegal en las calles.
Este jueves hubo una nueva oferta salarial por parte de la administración arroyista que consiste en un aumento del 12% retroactivo a octubre de 2018 y un 2% a diciembre del mismo año, cifra que no cumpliría con las expectativas del sindicato, según expresiones de los dirigentes sindicales al diario La Capital.
Hasta ahora, ante la imposibilidad de un acuerdo entre las partes, la mediación estaba en manos de autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense. Sin embargo, las negociaciones se empantanaron cuando los representantes del sindicato insistieron en tratar en esa mesa la cuestión de las bonificaciones a los docentes municipales eliminadas por el Ejecutivo a partir de una presentación judicial ante la Suprema Corte. Desde el Ministerio de Trabajo se sugirió conformar una mesa técnica para la discusión excluyente de esta delicada situación, pero el sindicato se opuso. Esa situación provocó la salida de la cartera.
En este marco, Arroyo advirtió sobre la posibilidad de culminar la medida de fuerza de los trabajadores a través de acciones legales y aseguró, en diálogo con radio Brisas, que la decisión del gremio es una "violación de los derechos humanos".
En el distrito sureño el nuevo foco de conflicto se inició el último día hábil del 2018 tras la firma de un decreto por parte del intendente PRO en el que realizó cuatro nombramientos en la obra social de los trabajadores municipales (DOSEM).
Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de una respuesta a una orden del Tribunal de Cuentas; desde el gremio señalan que el organismo sugiere la cobertura de cargos, pero no impone hacerlo. Incluso afirman que existe una intervención solapada y que el objetivo de la intendencia es ir por el manejo de la caja superavitaria de la obra social en este año electoral.
La decisión de Gay provocó la afectación de múltiples servicios en la comuna durante los primeros días del 2019 ante la retención de tareas impulsada por el gremio, detalla La Nueva.
El jueves, luego que el gremio anunciara que avanzaría con un paro por tiempo indeterminado, intervino el Ministerio de Trabajo provincial y dictó la conciliación obligatoria, imponiendo un plazo de 20 días para negociar las diferentes posturas.
