El anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri para aplicar por decreto el régimen de extinción de dominio, responde a una trastienda política, protagonizada por la diputada nacional Elisa Carrió, y a una estrategia comunicacional: la utilización de “temas sustitutos” por parte de la Casa Rosada para afrontar un escenario económico negativo con pocos pronósticos de recuperación.
Con el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2019, publicado este martes por la mañana en el Boletín Oficial, el Gobierno buscó exhibir una imagen de “ejecutividad” ante dos preocupaciones sociales que, con el empeoramiento de la recesión, comenzaron a ocupar un lugar secundario en el torrente de encuestas que consumen sus funcionarios. Esos puntos son la inseguridad y la corrupción, dos variables que ocupan un tercer, cuarto y hasta quinto puesto detrás de la creciente inquietud social ante el incremento de la inflación, el desempleo y la pobreza.
En Balcarce 50 hacen un balance positivo sobre el impacto inicial del DNU, consideran que las críticas de la oposición “son capitalizables” y reconocen el margen suficiente como para “reabrir el debate en el Congreso” y sacar el tema del estancamiento que padece en ambas cámaras desde el año pasado.
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LA CANTERA MIGRATORIA. Detrás de las pasiones legislativas de último momento, existe una hoja de ruta que sumará nuevos capítulos, como la iniciativa que prepara el Gobierno para endurecer su política migratoria, luego del revés que sufrió en la Corte Suprema con la anulación del decreto 70/2017 que impuso una serie de exigencias a los extranjeros que ingresen al país, como la prohibición para aquellos con antecedentes penales en su nación originaria, y los cambios en los tiempos administrativos de la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio.
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Para este año, el Ejecutivo buscará acelerar la deportación de los extranjeros con antecedentes penales, con otro cambio en el sistema judicial, a partir de la posible creación de un fuero específico para cuestiones migratorias. La señal de largada para ese nuevo “tema sustituto” incluye la posible expulsión casi mil extranjeros, cuyos nombres serán enviados a la Justicia para pedir su retención y expulsión del territorio nacional.
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En la cartera de Interior no aportaron detalles sobre la fecha de lanzamiento de la medida, pero en la jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, negaron el motivo sea buscar “sustitutos”. “No es una estrategia disuasiva, es uno de los ejes con los que el Presidente se comprometió cuando asumió y es así desde que comenzó la gestión”, definió el funcionario consultado. Para la fuente, “hay matices que permiten que esto de repente se convierta en un tema. En el caso del régimen de extinción de dominio, lleva años de congelamiento en el Congreso, Cambiemos lo viene reclamando, por diferentes razones los sectores opositores vienen frenándolo, pero para este gobierno es importante y el Presidente firmó un DNU”.
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Casi la misma argumentación discursiva que pondrá a prueba el Gobierno cuando desempolve el plan de deportaciones que podría aplicar el Director Nacional de Migraciones, Horacio García, durante lo que resta del verano.
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UN EJEMPLO: EL CASO BALCEDO. Hasta su concreción, la agenda del Gobierno apuesta al impacto que tendrá la posible aplicación del régimen de extinción de dominio sobre casos “emblemáticos” para la opinión pública, como las posesiones del ex titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) y ex dueño del diario Hoy de La Plata, Marcelo Balcedo, que esta detenido junto a su esposa Paola Fiege en Uruguay, acusado de lavado de dinero, contrabando de vehículos y posesión de armas de fuego.
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“Para nosotros es un caso paradigmático, porque todos los bienes de Balcedo son producto de la corrupción y estamos hablando de un montón de capital en bienes, y hasta que la Justicia determine la situación, el Estado tiene la posibilidad de recuperar ese dinero”, insistió un alto funcionario de la Casa Rosada, respecto a la cantidad de automóviles e inmuebles que el Estado buscará recuperar. La frase también refleja la certeza que alberga el Ejecutivo respecto a la capacidad y los beneficios de aplicar el DNU 62/2019 hasta que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se expida al respecto, o que sea reabierto el debate legislativo para sacar a los proyectos que quedaron estancados en Diputados y en el Senado. Ante esa línea institucional de tiempo, signada por debates legislativos y apelaciones judiciales, los funcionarios del Gobierno que combinan la gestión cotidiana con la campaña que se avecina, apuestan a exprimir cada hecho en todas sus dimensiones posibles. En el corto plazo, el DNU fija dos meses de plazo para que el Ministerio Público Fiscal elabore un detalle sobre todas las causas penales que vinculadas el nuevo régimen.
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Una muestra de esa estrategia la aportó este martes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que salió a defender el régimen aplicado por decreto y anticipó el antagonismo que buscará desarrollar con quienes se nieguen a dar su apoyo al DNU dentro del Congreso: "Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de voltear una ley de este tipo que le devuelve a la sociedad y al Estado todo el producto del crimen que le han sacado a la gente", disparó la funcionaria que junto a su par de Justicia, Germán Garavano, protagonizó el anuncio que hizo el Presidente este lunes desde el Salón Blanco.
Para las próximas semanas, al calor de los anuncios, el Gobierno aguarda más polémicas con la oposición sobre estos ejes, en un contexto donde la inflación, el desempleo y la pobreza surgen como las principales preocupaciones de las encuestas de los primeros 15 días de enero. La consolidación de una tendencia que viene del último trimestre del año pasado y que ahora aporta contornos aún peores sobre el incremento de la imagen negativa de Macri y los cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno.