La causa penal en la que se investiga los posibles delitos ejecutados durante la toma del ministerio de Economía por parte de trabajadores de Astilleros ya tiene su primera convocatoria oficial. Fuentes judiciales confirmaron a Letra P que el titular de la cartera, Hernán Lacunza, prestará testimonio el próximo miércoles 26 de septiembre ante el fiscal Marcelo Romero. También fueron convocados todos los jefes de área del Ministerio. En tanto, el titular del gremio ATE Ensenada, Francisco Banegas, presentó un escrito en el que ofrece reparar las instalaciones dañadas del edificio ubicado en avenida 7 entre 45 y 46 que fue epicentro de la tensa jornada de protesta ocurrida el martes 18 y hasta la madrugada del miércoles 19..
Marcelo Romero es el fiscal designado para indagar la denuncia abierta de oficio a la que se sumó la realizada por Lacunza. No es la primera vez que el fiscal es convocado para casos de relevancia social. Quienes transitan a diario los pasillos del fuero Penal de la capital bonaerense sostienen que se trata de uno de los magistrados preferidos de la gobernadora María Eugenia Vidal, tal como se informó en este medio en diversas publicaciones.
A diferencia de otras declaraciones judiciales, el encuentro entre Romero y Lacunza se desarrollará en el despacho del funcionario.
En tanto, Banegas, titular de gremio en el que se nuclean los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública naval, presentó un escrito en el que se pone a disposición de la investigación.
El dirigente aclaró en su presentación que la causa “tiene su origen en una actividad gremial” en un marco de “conflictividad” con el gobierno bonaerense. En el marco de esa disputa se convocó a una marcha a la que se sumaron “otras organizaciones sociales y sindicales”.
“Por lo multitudinario de la convocatoria” resulta “imposible tener certeza de quienes participaron en la actividad”, expresó el gremialista, asistido por el abogado Marcelo Ponce Núñez. Además no descartó la “posibilidad” que además de los trabajadores y trabajadoras “hayan concurrido” otras personas “ajenas” al sindicato y su “idiosincrasia”.
En otro pasaje de la presentación judicial espontánea (no hay imputados ni procesados en la causa), Banegas aclaró que tras la protesta, los y las manifestantes limpiaron la sede ministerial para dejar el lugar “en iguales condiciones que a nuestro ingreso”.
En relación a los daños edilicios que se conocieron mediante publicaciones periodísticas se pusieron a disposición para reparar las roturas “y volver las cosas a su estado anterior”.
“Tal ofrecimiento ya ha sido conversado con los compañeros de Astilleros, donde existe personal idóneo” para realizar los arreglos necesarios y que el costo económico de los trabajos (mano de obra y material) “serán a cargo de la Seccional Ensenada de ATE”, según se lee en expediente.
“Nuestra actividad pretendió, pretende y pretenderá, en los casos de reclamos gremiales, ir por la vía pacífica y de respeto a las normas vigentes, que también admiten, por cierto, el derecho de reunión, de petición y de huelga”, se detalla en la causa.
La designación de Romero al frente de la investigación fue rubricada por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo. En rigor le correspondía por turno a la fiscal Ana Medina, titular de la Fiscalía 1 de la capital provincial, pero el jefe de los fiscales platenses optó por designar al magistrado que estuvo a horas de detener al intendente de Ensenada, Mario Secco, tras su irrupción en la legislatura provincial, en el marco de una protesta, registrada en diciembre de 2017.
Análisis de cámaras de video, barrido de imágenes por medios de comunicación, declaración de trabajadores de la cartera económica y pericias sobre computadoras, son las primeras medidas de prueba que se tomó en la instrucción del caso.
El universo de posibles delitos a investigar es vasto. Algunas de las figuras posibles son vandalismo, intimidación pública, coacción agravada, entre una cadena de infracciones descriptas en el capítulos de delitos de acción pública del Código Penal. Una de las figuras más graves que se analiza es la de privación ilegal de la libertad. También ataques al sistema informático del edificio público.
