Tras un tenso y largo debate, el cuerpo de concejales de Florencio Varela aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación en el que se le solicita al Departamento Ejecutivo que informe sobre un paso bajo nivel que quedó bajo y angosto, ejecución que limita la circulación en simultáneo por ambas manos de colectivos y de los llamados “doble piso”. Durante el debate, el oficialismo y los representantes de Cambiemos rechazaron que los funcionarios implicados sean citados al Concejo Deliberante. La polémica pone en la mira la gestión del ex intendente Julio Pereyra, al convenio que se firmó con el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo y a la auditoría que firmó su reemplazante, Guillermo Dietrich.
Tal como Letra P había anticipado, el Concejo Deliberante trató el pedido de informes presentado por el bloque de Unidad Ciudadana/Nuevo Encuentro. Antes de que el pliego fuera aprobado por todas las manos del recinto, la jornada se tornó tensa tras el pedido de una concejal radical de que el pliego fuera girado a comisión y se citara a los funcionarios responsables.
LA OBRA. El proyecto busca que la administración del peronista Andrés Waltson -reemplazante del ahora titular del bloque PJ-Unidad y Renovación de la Cámara a de Diputados bonaerense, Julio Pereyra -informe sobre la ejecución del paso bajo nivel de ubicado en el cruce de las vías de Ferrocarril Roca, con las avenidas Ituzaingó-Hudson, y que las primeras pruebas indican que es imposible la circulación en simultáneo de micros con dirección opuesta y el tránsito de los micros conocidos como “doble piso”.
El proyecto de obra se inició a mediados de 2014 tras un convenio firmado entre el municipio y el Ministerio de Transporte e Interior en 2013, entonces conducido por Florencio Randazzo. Sin embargo, se paralizó tras la llegada de Mauricio Macri a la administración nacional y María Eugenia Vidal al territorio provincial. No fue el único, también otro ubicado entre las calles Brasil y Estados Unidos, que se inauguró en octubre de 2017 y que fue visitado por el Presidente en plena campaña electoral.
El paso bajo a nivel, según el detalle del proyecto presentado, fue licitado y adjudicado a la UTE integrada por las empresas Xapor y Ecas y, debido a su magnitud, fue financiado con recursos provenientes del Gobierno Nacional. En principio el costo era de poco más de 80 millones 985 mil pesos, pero finalmente superó los 140 millones de pesos.
En 2017, tras una auditoría por parte de la cartera que ahora conduce Guillermo Dietrich, se retomó el desarrollo y ahora está pronta a inaugurarse.
DEBATE EN EL CONCEJO. La moción de citar a los funcionarios que ahora responden a Watson no avanzó ante el voto contrario de los concejales oficialistas y de los representantes de Cambiemos, posición que fue cuestionada por los impulsores del proyecto dado que el pereyrismo y el macrismo fueron mencionado como los responsables del avance de la obra.
“Es más razonable que primero nos informen, que citar a funcionarios sin saber qué pasó. Nos pareció imprudente. Primero hay que entender qué pasó”, señaló a Letra P el concejal macrista, y futuro candidato a intendente por Cambiemos, Pablo Alaniz, quien acompañó a Dietrich cuando se inauguró en octubre pasado otro paso bajo a nivel.
El edil, además, se refirió a la auditoría que hizo el gobierno al que representa y a la ejecución de la obra. “El Ministerio audita los pagos, no la parte técnica, y fue el municipio el encargado de la ejecución”, explicó, rechazando que la actual conducción ministerial haya podido verificar que el desarrollo de la obra no era adecuada a las necesidades. Y agregó: “Se hizo una transferencia de fondos para que la obra se termine, porque lo que estaba sucediendo es que los se giraba el dinero, pero el municipio lo usaba para gastos corrientes”.
RESPUESTAS DEL OFICIALISMO. Por unanimidad los concejales aprobaron el proyecto de comunicación del bloque Unidad Ciudadana/Nuevo Encuentro, en que se apunta a que se informe si la obra realizada se encuentra en condiciones de utilización, si se ajusta a los proyectos y planos realizados inicialmente y si el pliego original fue realizado con las medidas de ancho y altura necesarios para el normal tránsito de vehículos afectados al transporte público de pasajeros; entre otras cuestiones.
En el medio de la polémica, el Departamento Ejecutivo difundió un comunicado en el que responsabiliza por el planeamiento y financiación a las distintas administraciones nacionales (kirchnerismo y Cambiemos) y además sostiene que la obra no fue pensada para la circulación de transporte público de pasajero.
El comunicado planteó que “tanto el financiamiento, como también el proyecto estuvo impulsado, homologado y auditado por gobierno nacional, a través del ministerio de Interior y Transporte del Gobierno anterior, y por el actual ministerio de Transporte de la Nación”.
Además, se indica que las “obras ejecutadas por la UTE integrada por las empresas Xapor y Ecas, que construyó el paso bajo nivel, no (fue) proyectado para la circulación de colectivos y camiones de carga, bajo un diseño que se materializó, con el máximo de las posibilidades permitidas por el espacio existente en el lugar; y de acuerdo al plano del estudio arquitectónico, contratado por la empresa”; por lo que argumenta que las eventuales “deficiencias de cálculos en la construcción”, no corresponden a la injerencia municipal.
Sin embargo, según cita el portal Varela al Día, en el año 2014, el Departamento Ejecutivo informó sobre el comienzo de la obra cuyos detalles contradicen el último comunicado. “El cruce consiste en un paso bajo nivel de doble sentido de circulación con dos carriles por sentido y adoptó un gálibo vertical de 4,20 metros, que permitirá el paso de camiones y micros de larga distancia”, indica.
DENUNCIAS. Durante las argumentaciones del proyecto, los concejales de Nuevo Encuentro, además de explicar los detalles del pedido informes, denunciaron que la empresa que finalmente ejecutó la obra no estaba constituida al momento de ganar la licitación.
“La UTE integrada por las empresas Xapor y Ecas ganó la licitación el 17 de septiembre de 2013 por un valor de 80 millones 950 mil pesos, pero se constituyó formalmente el 30 de septiembre, es decir 13 días después de ganar la licitación”, señaló Héctor Salatino y agregó: “Si yo tenía preguntas cuando vi el video, ahora tengo muchas más preguntas para hacerles”.
Por su parte, su par de bancada, Mariano Camilletti, rechazó la posición del municipio que responsabilizó al Gobierno nacional y recordó que en 2006 la gestión del entonces intendente Julio Pereyra firmó un contrato con un arquitecto en el que se le solicita la realización del proyecto.
“El 17 de agosto de 2006, el señor intendente municipal Julio Pereyra firma un contrato de locación con el señor Daniel Martínez, en el que se encomienda la elaboración del diseño geométrico y cómputo para la obra: bajo a nivel de avenida Hudson e Ituzaingó”, indicó y completó que “se le pagó 85 mil pesos a un arquitecto para que diseñe el proyecto, eran 28 mil dólares, hoy sería 1 millón 120 mil pesos”.