En plena negociación del Presupuesto 2019 y en busca de reducir la planta estatal, el gobierno de Mauricio Macri apuesta por una prórroga del plazo para adherir a los retiros voluntarios, tras una cosecha menor a la esperada. Sin embargo, el Ejecutivo choca con los gremios estatales, UPCN y ATE, que rechazan la propuesta por considerarla “fantasiosa” y “restrictiva”, al tiempo que alertan sobre la “difícil situación del mercado laboral privado”.
El oficialismo esperaba que entre 3.000 y 5.000 empleados tramitaran el retiro voluntario, pero la cifra confirmada apenas superó los 1.800. El plan contempla que los empleados mantengan la obra social y puedan cobrar hasta 36 sueldos, según su edad y antigüedad laboral. Este último punto es que el cuestionan los estatales, además de que la medida incluye únicamente al personal de planta permanente, exceptuando a los contratados.
Por fuera de las condiciones ofrecidas por la Secretaría de Modernización, que conduce el flamante vicejefe de Gabinete Andrés Ibarra, ATE y UPCN le bajan el precio a la iniciativa porque se ofrece una liquidación sobre el salario neto y no sobre el bruto y, además, porque tampoco contempla el pago de adicionales. Sin embargo, el freno más fuerte es, según los sindicalistas, que “no hay oferta” en el mercado laboral privado. “La propuesta no es estimulante en este contexto económico, donde hay despidos en el sector público y también en el privado”, advierten desde ATE.
“Con pretexto de bajar el gasto público se ofrece este retiro voluntario, pero es muy restrictivo y son muy pocos los compañeros dispuestos a dejar su trabajo por la poca oferta laboral que hay en el sector privado”, argumentan en UPCN.
En el Gobierno niegan que la disminución del gasto público sea el leitmotiv de la decisión. “Queremos facilitar la adecuación de las plantas del Estado en el marco del planeamiento de dotaciones óptimas”, explican fuentes oficiales. Hasta ahora, Modernización recibió 1.824 solicitudes de adhesión al plan de retiros voluntarios, pero se espera un incremento. Por eso estiraron el plazo hasta el 31 de noviembre.
En el oficialismo advierten que no es un “trámite sencillo” porque los empleados públicos requieren de una autorización de sus superiores para avanzar con el retiro voluntario, que además se encuentran impedidos de contratar más personal desde la publicación del Decreto 632/18, firmado por Macri en junio.
Ambos gremios confirman esa situación, pero niegan que sea el motivo puntual de la baja adhesión al régimen de retiros voluntarios y enfatizan en la situación económica la dificultad de reinsertarse en el mercado laboral tras dejar el Estado. Ante ese reclamo, a quienes adhieran al plan, el Gobierno les ofrece programas de capacitación para “favorecer su reinserción laboral conforme determine la reglamentación”.
EL RÉGIMEN. El plan de retiros voluntarios involucra únicamente a empleados públicos contratados bajo el régimen de planta permanente.
Aquel empleado público que tenga 65 años o más y no cuente con los años para jubilarse, “tendrá derecho a la percepción de una suma no remunerativa de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de saldo neto”. Quienes tengan entre 60 y 65 años tendrá derecho a la percepción de una suma no remunerativa de hasta 36 cuotas mensuales de sueldo neto. Cumplidos los 65 años de edad, percibirán hasta 12 cuotas adicionales, siempre que en total no se supere la cantidad máxima de 36.
La última condición es “tener hasta 60 años de edad con dos o más años de antigüedad en la Administración Pública”. Quienes se encuentren bajo esta situación podrán percibir una suma no remunerativa al finalizar su relación de empleo, equivalente a una cantidad de cuotas al momento de su baja, más una suma no remunerativa de cuotas mensuales, iguales y consecutivas.