29|12|2021

Los planes del Gobierno para las empresas de obra pública de los cuadernos

06 de agosto de 2018

06 de agosto de 2018

Pueden aplicar suspensiones preventivas en el Registro de Constructores, ordenar la intervención de la Procuración del Tesoro y del área Anticorrupción antes de una sentencia firme. El caso Odebrecht.

Mientras continúan las detenciones de empresarios por la investigación judicial de los cuadernos presuntamente escritos por el ex chofer Oscar Centeno, el Gobierno analiza qué medidas adoptará con los contratistas del Estado que aparecen mencionados y que actualmente ejecutan trabajos de obra pública.

 

Fuentes de la Casa Rosada confiaron a Letra P que el “lilito” Fernando Sánchez, al frente de la secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, se reunió antes de finalizar este lunes con funcionarios de la Oficina Anticorrupción, que encabeza Laura Alonso, dentro de la agenda de trabajo de la “Mesa de Integridad”, que este viernes se reunió con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. En el encuentro de la semana pasada también estuvieron el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el síndico general de la Nación, Alberto Gowland; el director de la Agencia de Acceso a la Información, Eduardo Bertoni, y el subsecretario de Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización, Rudi Borrmann.

 

 

La cita prevista para este lunes es parte del plan de la Casa Rosada para capitalizar el escándalo desatado por las fotocopias e imágenes que ventiló el periodista Diego Cabot, del diario La Nación. Sin embargo, entre la cita de Olivos y la reunión de este lunes, el primo presidencial Ángelo Calcaterra, ex dueño de la firma IECSA, se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio y ofreció colaborar con la pesquisa como arrepentido, luego de admitir que pagó coimas. Si bien las fuentes consultadas no informaron sobre las empresas contratistas que fueron materia de análisis, la lista podría incluir a firmas allanadas como Techint, de Paolo Rocca, y la Corporación América, que preside Eduardo Eurnekian

 

 

 

La reunión, que algunos funcionarios definieron como “técnica”, se realizó en reserva, pero este medio pudo saber las alternativas que baraja el Ejecutivo sobre las firmas presuntamente cuestionadas.

 

"Es posible que utilicemos un mecanismo similar al que aplicamos con el caso Lava Jato de Brasil, especialmente en torno a la firma Odebrecht", detalló a este medio una alta fuente del Ministerio de Justicia, en referencia a la medida preventiva que dispuso el Gobierno a principios de julio del año pasado, cuando el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, suspendió preventivamente por 12 meses a esa firma del Registro Nacional de Constructores, cuyo certificado de "Capacidad de Contratación Anual" para licitar obras había vencido el 30 de junio de 2016. De acuerdo a la Ley de Obras Públicas, ninguna empresa puede presentarse a competir en una licitación del Estado si no cuenta con el certificado anual. 

 

 

 

Hasta que haya una sentencia definitiva, la Casa Rosada podría hacer uso de ese recurso, aunque una fuente integrante a la "Mesa de Integridad", confió que "la última palabra sobre los contratos en marcha, la tiene el procurador General del Tesoro, que es el jefe de todos los abogados del Estado y podría firmar un dictamen sobre cada caso", explicó el funcionario consultado en referencia al rol que podría adoptar Saravia Frías sobre en torno a cada empresa indagada.

 

Aunque el Poder Ejecutivo podría tomar distancia de cada contrato, el límite de actuación sería limitado hasta que haya una sentencia firme. 

 

Además de los recursos administrativos que puedan instrumentar la cartera de Interior, o el Procurador del Tesoro,  la Oficina Anticorrupción podría hacerse parte en el expediente que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, con una ofensiva jurídica similar a la que utilizó Alonso en la causa por el direccionamiento de obra pública, en la que está detenido el empresario Lázaro Báez y procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

 

En ese expediente, originalmente instruído por el juez Sebastián Casanello, la OA se presentó como querellante y pidió una serie de medidas de prueba.En este caso, el organismo podría hacer lo propio, argumentar distintas "conexidades" y también hacer eje en la ex presidenta. 

 

Otro punto de acción es la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria (27.401), que establece una serie de normas específicas y cuyo incumplimiento llega a penas que van desde multas hasta la quita de la personería jurídica en caso de confirmarse delitos como cohecho (soborno a autoridades o funcionarios públicos); concusión (cuando un funcionario público exige un soborno y la persona o empresa se lo paga) y realización de balances falsos.