Preocupación y alerta. Así se puede describir el estado de ánimo de gran parte del personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires por el destino de su Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones, que figura entre los objetivos de la reforma previsional que pretende seguir profundizando la gobernadora María Eugenia Vidal.
Luego de flexibilizar el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia -que deberán trabajar más años para obtener una jubilación menor que los actuales pasivos-, ahora el nuevo objetivo es la masa de dinero que manejan los policías retirados.
Con el argumento de “reducir el déficit fiscal” como mascarón de proa, el vidalismo sorteó las vallas de la Legislatura bonaerense para lograr la aprobación de la ley que ya fue repudiada en 79 concejos deliberantes, según informó la Asociación Bancaria.
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Pero, para esta nueva empresa del ajuste provincial, Vidal deberá ensayar otra excusa para que el Estado bonaerense se apropie de esos fondos y los hombres de azul pasen a ser jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense que, conduce con mano de hierro el angelicista y futuro presidente de Boca Christian Gribaudo.
La caja policial tiene números positivos, año tras año, producto de una gestión austera apuntalada en el flujo de dinero descontado de los salarios policiales pero robustecida por la cantidad de préstamos y servicios que otorga la entidad a sus afiliados.
Vidal tiene al detalle la contabilidad de ese organismo. El directorio está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, el abogado de policías y comisario inspector jubilado Juan Eduardo Caniggia, quien también fue titular de la entidad. Un todo terreno de la gestión.
Fuentes policiales confirmaron a Letra P que siguen el tema de cerca y recordaron que “a principios de año hubo un intento similar, pero logramos desarticularlo; no hay motivos para cambiar el sistema”, expresó una de las fuentes consultadas.
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La Caja de Previsión de policías fue creada en 1974, concretándose, así, un viejo anhelo del sector: contar con un régimen previsional específico y con un organismo de aplicación particularizado. En tiempos de crisis, varios gobernadores intentaron echar mano a esos fondos, pero se encontraron con una fuerte resistencia de los afiliados y los beneficiarios. Además, no se conocen, hasta el momento, hechos de corrupción con el manejo de esos fondos.
En 2018, Vidal tuvo logros en su objetivo de reformar el sistema previsional. Luego del cambio para los trabajadores del Banco Provincia, el paso siguiente era equiparar (a la baja) las jubilaciones del IPS con las de la ANSES, que paga prestaciones menores que la caja bonaerense. Bajo el eufemismo de “armonizar” las prestaciones, el proyecto se desactivó para no generar mayor descontento social en el electorado bonaerense y porque la situación del Banco no se resolvió tan rápido como esperaba la gobernadora. A la fecha, siguen aprobándose declaraciones de rechazo en distintos municipios, con fuertes contenidos políticos. Apuntan a una “insensibilidad” del gobierno provincial, lo contrario al perfil que buscan mostrar las usinas de comunicación de Cambiemos.
Esta pelea, que, en el fondo, es por el manejo de los fondos previsionales, tiene como decorado principal la pelea que Vidal enfrenta con la Suprema Corte bonaerense. Los jueces reclaman un aumento acorde a la inflación, que, se estima, será del orden del 30% anual, lejos del 15% de pauta salarial ofrecida al mundo de los trabajadores públicos y más distante aun del 8 por ciento que recibieron los integrantes del Poder Judicial (magistrados y empelados).
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Esta tensión permanente entre el Ejecutivo que niega la reparación de ingresos y el Poder Judicial, que alerta sobre la afectación del servicio de justicia, es el telón del teatro en el que deberá salir a escena la resolución de la constitucionalidad de la reforma previsional a los bancarios, que fue judicializada por el gremio del sector y sobre la que deberá expedirse la Suprema Corte bonaerense.
