La Cámara de Diputados avanzó con el proyecto del gobierno de Mauricio Macri que propone urbanizar las villas de la República Argentina contemplando la expropiación de tierras y la regularización de los títulos de propiedad.
En rigor, son más de 4 mil barrios populares, asentamientos de emergencia, villas. Se calculan que viven allí cerca de 3,5 millones de personas (unas 850 mil familias) que no tienen acceso a agua corriente, a red cloacal, y el 70 por ciento tampoco acceso formal a la energía eléctrica.
El texto se aprobó con 194 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones. Ahora, la discusión pasa al Senado de la Nación. La iniciativa fue presentada por el oficialismo, con las firmas de los jefes de bloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, el macrista Nicolás Massot y la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
“Declárese de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por Decreto 358/2017. Entiéndase por ´Barrio Popular´ a aquel con las características definidas en el Capítulo XI del Decreto N° 2670 del 1° de diciembre de 2015”, dice el artículo 1°.
La iniciativa oficialista sostiene que sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados. “La declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el RENABAP a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional”.
El proyecto plantea que será la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien actuará como Sujeto Expropiante, la cual “individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.
Por otro lado, la misma Agencia y el Ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las Provincias, Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. “En caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, dice el proyecto.