26|2|2021

El histórico juicio por Las Marías, en un escenario de fuerte militarización

04 de julio de 2018

04 de julio de 2018

Con notable presencia de fuerzas de seguridad se desarrollan las audiencias en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Se juzga la represión ilegal contra trabajadores de la yerbatera.

GOBERNADOR VIRASORO, Corrientes (Enviada) El juicio conocido como “Causa Las Marías”, en el que se juzga la responsabilidad del entonces intendente militar de facto Héctor María Torres Queirel en la desaparición de Marcelo Peralta, trabajador tarefero, se desarrolla en esta localidad en un escenario fuertemente militarizado.

 

Peralta vivía temporariamente con su mujer y su hija de diez meses en una pieza sin baño ni agua potable, ubicada en la estancia María Aleida, administrada y donde residía Torres Queirel. Había sido reclutado para trabajar en la estancia del intendente en la tarefa (la cosecha de yerba) por medio el contratista Ignacio “Nacho” Balbuena, hoy fallecido. Balbuena era contratista en varias estancias de la zona, propiedad de diversos miembros de la familia Navajas Artaza. La yerba cosechada en esas estancias era producción que finalizaba en la empresa Las Marías. Es, decir, Peralta era un trabajador tercerizado, una modalidad habitual desde aquellas épocas. El contratista Balbuena, además, tenía responsabilidades estatales en una dependencia de rentas del Municipio. Tanto por su rol en el entramado productivo de la yerba como en el Estado municipal, tenía relación directa con Torres Queirel.

 

El 29 de junio de 1977, alguien autorizó la entrada de vehículos por un acceso secundario de la Estancia, que tenía una tranquera habitualmente cerrada con candado. Tres hombres, vestidos con ropa oscura verde, secuestraron a Peralta, que continúa desaparecido.

 

Algunos de los testimonios escuchados en estos dos días de juicio dan cuenta de que Peralta era delegado sindical de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y estibadores (FATRE).

 

 

De anteojos, el imputado, Héctor María Torres Queirel, junto al colega yerbatero Pancho Szychowski, de Amanda.

 

 

MISIÓN DE RIESGO. Hablar de las condiciones de trabajo en los yerbales vinculados a esta empresa lleva directamente a hablar de las condiciones de vida, especialmente de aquellos trabajadores rurales que se dedicaban a la tarefa, como era el caso de Peralta.

 

Eran trasladados en un camión que los dejaba en el campo durante una semana, diez días o meses. En esos lapsos, dormían entre las bolsas de yerba en los llamados “campamentos” que se armaban precariamente mientras duraba la cosecha. Sus derechos humanos eran vulnerados diariamente, ya que no contaban con condiciones de vida mínimas como acceso al descanso en camas, agua potable o una alimentación adecuada.

 

Los derechos laborales también eran violados diariamente, ya que no contaban con una contratación formal, no estaba determinada la duración de la jornada laboral ya que, si bien no se les prohibía el descanso de una o dos horas durante la jornada diurna, la modalidad a destajo los condicionaba a trabajar sin descanso para lograr una paga que les pudiera alcanzar para alimentarse ellos y sus familias. Mujeres, hijos e hijas a partir de ocho o nueve 9 años en muchos casos los acompañaban en el trabajo en el campo. No contaban con ropa adecuada, ni siquiera con botas, por lo que pasaban todo el día mojados. Tampoco tenían acceso a la salud.

 

La formación de dos filiales sindicales en la zona -el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y FATRE- en los primeros años de la década del setenta les permitió comenzar a reclamar mejoras en las condiciones de trabajo y organizar las primeras huelgas y medidas de fuerza.

 

 

 

Esta organización en crecimiento preocupaba fuertemente a la yerbatera. En algunos casos, los patrones intimaron a los trabajadores y a las trabajadoras, en conversaciones informales, a que “se dejaran de joder con el sindicato”. Pero también existió una reunión convocada por “Don Toco” Adolfo Navajas Artaza, ya iniciada la dictadura, donde citó a los trabajadores en la empresa y, junto a otro de los imputados (Sacco), hoy apartado de la causa por problemas de salud, les advirtió que dejaran la actividad sindical, que “terminaran con el sindicato”, a la vez que comenzaron a asignarles los peores trabajos a quienes participaban sindicalmente.

 

Finalmente, muchos de ellos fueron secuestrados, en algunos casos, durante los primeros días del golpe y, en otros, durante 1977. Fueron violentamente torturados, algunos pasaron varios años presos y dos de ellos, Peralta y Neris Perez, se encuentran desaparecidos.

 

 

 

EL JUICIO. De ese entramado político, productivo y laboral participaba el hoy imputado Torres Queirel. Gran responsabilidad tienen el abogado querellante, los fiscales y el Tribunal en develar y juzgar, a partir de las pruebas, el rol del único imputado que tiene la causa debido a las postergaciones y dilaciones de la justicia, entre las que se cuenta una veintena de jueces que se excusaron de juzgar a los acusados.

 

En cuanto a la constitución del juicio, la familia de la víctima está representada por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por Juan Manuel Brest, quien tuvo que presentar un poder para participar como querellante en reemplazo de Daniel Domínguez Henain, que finalmente no participó del juicio como estaba previsto.

 

El imputado está representado por Néstor Irazusta. Del Ministerio Público Fiscal participa el fiscal ad hoc Juan Martín García y el Tribunal interviniente es el Oral Federal de Corrientes, integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni.

 

 

 

MILITARIZADO. Si bien el juicio se está llevando a cabo según lo previsto, el Tribunal ha tomado algunas medidas que incomodan a los participantes y exponen a las y a los testigos a un clima de tensión.

 

Con una presencia muy importante de gendarmería, los y las participantes del juicio son obligados a dejar todas sus pertenencias y celulares antes de entrar a la sala. Son requisadas y requisados antes de entrar a la sala por un o una oficial en uno de los baños del lugar donde se desarrolla el juicio, la Casa del Bicentenario. En algunos casos, de manera arbitraria se ha dispuesto que aquellas personas que quieran ir al baño deban deben hacerlo ante la presencia de oficiales, hecho que fue denunciado oportunamente por una persona mayor de edad que sufrió esta situación y se sintió sumamente avasallada en su intimidad y en sus derechos.

 

A la prensa se le permite sacar fotos o filmar sólo en los momentos previos al comienzo de la audiencia y, a partir del inicio, por el lapso de un minuto y medio. Tampoco se permitieron registros audiovisuales que fueron solicitados con antelación mediante notas formales.

 

Por otro lado, una de las particularidades de este juicio es que los y las testimoniantes son, además de testigos, víctimas de delitos de lesa humanidad, si bien sus casos no han sido incorporados en la causa. A pesar de esto, el presidente del Tribunal, Alonso, ha interrumpido con sesgo autoritario a testigos que solicitaron agregar otros datos más allá de las preguntas que se les realizó, de tal manera que no pudieron relatar sucesos vividos, bajo la justificación jurídica de que no se atenían directamente al objeto procesal. Esta actitud fue considerada un destrato por parte de las víctimas, que se sintieron cercenadas puesto que esperaban desde hacía más de una década esperaban el momento de la declaración y desde hace más de 40 años esperaban para contar la experiencia vivida como víctimas del terrorismo de Estado.

 

En el segundo día de audiencias, el presidente del Tribunal se retiró atravesando dos filas de gendarmes que saludaba con mucha amabilidad con un apretón de mano uno por uno, lo que generó indignación en muchos de los presentes, que habían presenciado el destrato hacia los y las testimoniantes.