Apenas termine la negociación presupuestaria del ajuste entre el Gobierno nacional, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la transferencia de los subsidios estatales y la jurisdicción de control del transporte público y la distribución de electricidad, el presidente Mauricio Macri pondrá en marcha un plan de traspaso que combinará la firma de una serie de decretos para el pase de manos de la jurisdicción sobre el transporte público del Área Metropolitana y los contratos de concesión que tienen las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, de la órbita federal a la porteña y la bonaerense.
Según confiaron a Letra P fuentes de la Casa Rosada, la transferencia tendrá una arquitectura similar al decreto 1853/2011, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner para pasar a la empresa Edelap de la jurisdicción nacional a la bonaerense, que desde esa fecha funciona bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA), que actualmente fiscaliza las tarifas, distribución e inversiones de EDEN, EDES, EDEA y la mencionada Edelap. Cuando concluya la negociación de la mesa chica del PRO, a ese paquete se sumarán Edenor y Edesur, actualmente controlado por el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE).
El segundo decreto de cambio de jurisdicción se concentrará en la Ciudad de Buenos Aires y buscará oficializar la transferencia de esa fiscalización a manos del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma. Sin embargo, a pesar de los cambios jurisdiccionales, las distribuidoras eléctricas seguirán en manos de empresarios íntimamente ligados a Cambiemos, que son los principales impulsores y beneficiarios de los aumentos a las tarifas. En el caso bonaerense, tanto EDEN, EDES, EDEA y Edelap son controladas por el empresario Rogelio Pagano, a través del Grupo DESA, cuyo virtual monopolio mantiene una relación tan íntima con el oficialismo como la que cultivan los magnates Marcelo Mindlin (dueño de Pampa Energía y Edenor), y Nicolás Caputo, accionista de Edesur, ex socio y amigo íntimo del Presidente.
COLECTIVOS. Para el caso de los colectivos que surcan el conurbano bonaerense y la capital, el Ministerio de Transporte baraja distintas alternativas de traspaso. En la Casa Rosada explicaron a este medio que “hay una serie de alternativas, que buscan un traspaso gradual de las potestades de control y para definir tarifas y recorrido del área nacional a la bonaerense, algo que requiere un análisis específico, porque hay muchas líneas de colectivos que van y vienen de la provincia a la capital, otros que solamente recorren tierra bonaerense, y otros menos que sólo tienen recorrido dentro de la capital”.
Con el cambio de jurisdicción, otro decreto de traspaso buscaría cambiar el rol “consultivo” de la Agencia de Transporte Metropolitano (ATM), creada en 2012, con un directorio integrado por el subsecretario de Transporte bonaerense, Lisandro Perotti; por el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y por el secretario de Gestión de Transporte de la Nación, Guillermo Krantzer, que trabaja con Macri desde su primer mandato como alcalde porteño, junto al entonces titular del área en la Ciudad y ahora jefe de la cartera de Transporte nacional, Guillermo Dietrich.
Tan compleja e intrincada es la red de transporte público de pasajeros bonaerense que está atravesada por líneas de jurdisdicción nacional, provincial y municipal. Cada categoría implica un esquema de subsidios diferentes, que son parte de la tirante negociación que mantiene la administración de Vidal con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y con su par de Interior, Rogelio Frigerio.
Cuando ese poroteo financiero haya concluido, la primera etapa de transferencia implicaría un decreto que establecería un cambio “gradual” en el financiamiento de los subsidios y un rol de control “mucho más activo” por parte de la ATM. Según las fuentes consultadas, el cambio en ese organismo permitiría que sus autoridades sean las encargadas de anunciar los aumentos en el costo del boleto en el conurbano e, incluso, en la Ciudad. Un tema que, por ahora, es potestad del Ente Regulador porteño para los colectivos que solamente transportan pasajeros dentro de las calles de la capital.
COSTOS POLÍTICOS. Como en toda frazada corta, la negociación por las transferencias de los servicios públicos de la órbita federal a la porteña y bonaerense no sólo incluye jurisdicciones y subsidios, sino también los costos políticos de quienes deban poner la cara para anunciar los aumentos de las tarifas. Para ambos casos, en el Gobierno confían que los roles de los organismos de control permitirían atemperar esas consecuencias, tanto para el desarrollo del tarifazo en materia eléctrica como para el transporte público: dos variables de malhumor social que, tanto en Ciudad como en Provincia, generan una resistencia que la Casa Rosada pretende doblegar a fuerza de decretos y anuncios, como el que hizo Macri este martes en declaraciones a una radio cordobesa, para confirmar el traspaso de Edenor y Edesur.
Así cerró en público una negociación que todavía no concluyó en privado, pero que continuará con una batería de resoluciones legales y administrativas que ya cosechó el elogio del gobernador mediterráneo Juan Schiaretti, el primer impulsor del traspaso que Vidal y Larreta buscaron eludir hasta este martes.
