El 1 de agosto dejarán de funcionar seis delegaciones de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ubicadas en distintas localidades del interior bonaerense. Estos cierres se suman a otros seis dispuestos a partir del 1 de junio pasado. Los trabajadores damnificados, que serán reubicados en las sedes de las ciudades cabeceras, denuncian que la administración provincial aísla a los contribuyentes, obligándolos a viajar más de 60 kilómetros para el desarrollo de distintos trámites.
La medida, que comenzó a aplicarse en junio, se sellará este martes 31 de julio con el cierre de doce servicios locales.
Según la resolución 23/18 de la Agencia de Recaudación, publicada el 24 de mayo pasado en el Boletín Oficial, “resulta necesario organizar de manera más eficiente la descentralización administrativa que esta Agencia ha mantenido a través de los distintos Centros de Servicio Local en el territorio provincial” por lo que “ha implementado un proyecto tendiente a optimizar los centros de atención al público con el objetivo de brindar un mejor servicio y facilitar la realización de trámites”.
En las argumentaciones, además, se hace hincapié en la necesidad de “tomar conciencia de la limitación de los recursos, humanos y materiales y, por consiguiente, la importancia de dirigir eficazmente la fuerza de trabajo a áreas y tareas donde existe una mayor necesidad de respuesta”.
La medida dispuso, entonces “la reubicación” de diversos Centros de Servicio Local; decisión que despertó el malestar del personal de las delegaciones, de los contribuyentes y representantes de la dirigencia política.
Desde la entidad conducida por Gastón Fossati aseguraron a Letra P que en “ninguna localidad se dejará de atender”. En esa línea, sostuvieron que “se modifica la modalidad de atención” y argumentaron que en algunas de las localidades donde se cerró el servicio local “se estableció un Punto ARBA municipal, con una mesa de recepción de trámites en la delegación municipal y en otros lugares se dispuso una mesa de atención presencial en conjunto con el Registro de las Personas que tiene atención presencial en la localidad”.
Además, indicaron que la situación de los empleados dependerá del caso concreto de cada localidad. “Algunos serán reubicados en la sede la ciudad cabecera y otros pueden ir al Punto ARBA o a la mesa presencial”, señalaron desde la Agencia de Recaudación.
El viernes pasado un gran número de vecinos de la localidad de Mones Cazón, partido de Pehuajó, se manifestó en contra del cierre de la oficina. “Los empleados no son despedidos, sino reubicados en la ciudad cabecera, a la que tendrán que viajar todos los días, al igual que los vecinos que necesiten hacer algún trámite”, señaló a Letra P la delegada de la localidad, Alicia Tobio, quien detalló que la distancia es de 60 kilómetros. Haciéndose eco de la problemática, el diputado Avelino Zurro presentó un proyecto denunciando la situación y el intendente Pehuajó, Pablo Zurro, ofreció las instalaciones de la delegación municipal para que no desapareciera el servicio local.
La resolución está atada al plan de ajuste impulsado por Vidal desde fines del año pasado. En el caso de las delegaciones, el ahorro provendrá, sobre todo, de alquileres. “Son alrededor de 4500 pesos por el lugar y los servicios”, precisó Tobio y agregó que “de todos modos, aunque no está garantizado, habrá gastos en viáticos”, teniendo en cuenta que el personal deberá viajar.
En línea con el planteo de Mones Cazón, se expresaron desde la localidad de Rivera, partido de Adolfo Alsina. “Está a 60 kilómetros de la ciudad cabecera, Carhué, a donde se accede por una ruta en construcción, sin servicio de transporte público”, denunció a este portal Beatriz Ludovico, presidente del Consejo distrital del Partido Justicialista, quien sostuvo que el ahorro será del mismo monto.
“Estamos tratando de motorizar un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante evite el cierre. (El intendente David) Hirtz prometió gestionar, aseguró que no se iba a cerrar la oficina y engañó a la gente”, señaló, comparando la situación de ese distrito con el de la localidad de Casbas, partido de Guaminí, donde la decisión fue desarticulada tras “las presentaciones del intendente Néstor Álvarez (PJ)”, aseguró la dirigente.
El cierre, que se registró en 12 localidades de menos de 10 mil habitantes, fue desdoblado y afectó entre dos y tres empleados por servicio, quienes – según los propios trabadores- serán reubicados en las sedes de las ciudades cabeceras, hasta dónde deberán viajar diariamente.
A estos ceses se sumaran el de otras seis delegaciones que dejarán de prestar servicio a partir del próximo miércoles.
“La decisión es aislar los pueblos, centralizando en las ciudades cabeceras. Somos pueblos que no movemos la aguja electoral y donde el descontento de una población no es importante”, agregó la representante peronista de Adolfo Alsina.