La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires advirtió al gobierno de María Eugenia Vidal que los cambios la ley de Procedimiento Laboral (Ley 11.653 y modificatorias) que discute el Senado bonaerense- y se incluye dentro de la llamada reforma judicial- tendrían un costo superior a los $1000 millones anuales, entre personal y gastos de alquileres que “deberían ponderarse en caso de que prospere la iniciativa, a fin de evitar problemas presupuestarios, de soporte técnico e infraestructura, entre otros aspectos”. Sin embargo, la iniciativa empezó a modificarse para morigerar el impacto presupuestario.
Según supo Letra P, el proyecto -que se encuentra en la comisión de Trabajo y Legislación Social- conseguiría dictamen favorable a principios del mes de agosto y la reforma será más gradual a lo que prevé la iniciativa general que giró el Ejecutivo al Senado bonaerense.
Puntualmente, la apuesta de Cambiemos para calmar la presión de la Corte es que el impacto presupuestario “sea gradual”. Esto se debe que también será gradual la entrada en vigencia al proyecto que propone originalmente crear 179 juzgados nuevos de trabajo en remplazo de los tribunales laborales. A la vuelta del receso legislativo se acelerarán los cambios.
Cuando Vidal envió el proyecto a la Legislatura, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara alta, Teresa García, cuestionó la desatención presupuestaria de la iniciativa. “Pensar que un tribunal lo van a transformar en juzgado, implica triplicar el presupuesto en infraestructura y en personal”, decía la senadora en diálogo con Letra P y se preguntaba: “¿Cuánto cuesta implementar este sistema viendo los agujeros presupuestarios?”.
En la comisión de Trabajo ya se venía manejando borradores con cambios al proyecto original. En el universo judicial bonaerense acusan al Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires de estar detrás de la redacción de la nueva ley que el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari le mostró a Vidal y que se terminó anunciado con el objetivo de darle “mayor celeridad” a la resolución de los juicios laborales.
Más allá de lo presupuestario, los jueces laboralistas también habían alertado sobre el fondo del proyecto. Puntualmente que la norma quite la instancia única en la judicialización de un conflicto laboral dando así lugar a una apelación que dilate la sentencia final y además la atribución del fuero civil para dictaminar en los juzgados de trabajo mientras estos se constituyan.
“Lo que nos preocupa es la atribución de la competencia laboral al fuero civil. Esto no solo nos preocupa porque le quita trabajador el derecho a tener un fuero especializado sino que es flagrantemente inconstitucional porque la constitución de la provincia de Buenos Aires a diferencia de la constitución nacional expresamente prevé que la provincia tiene que tener un fuero especializado en materia laboral”, decía el mes pasado, Enrique Catani uno de los titulares del tribunal laboral nº3 de La Plata.
