ENTREVISTA. FISCAL MARCELO ROMERO

"Podemos tener el mejor Código Penal, pero con estas cárceles no sirve"

A 20 años de la reforma procesal bonaerense, el primer fiscal que tuvo el sistema lo examina desde adentro. Reclama "inteligencia criminal, no chusmerío de peluquería". Su futuro en la política.

El frío calendario de efemérides judiciales indica que el 15 de julio de 1998 juró el primero de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la reforma procesal penal que estaba en marcha. Marcelo Romero se convirtió en uno de los funcionarios más jóvenes de entonces, que venía a formar parte de un sistema que apuntaba a una justicia más rápida y transparente. A veinte años de aquel hito fundacional de la historia de la Justicia bonaerense, el magistrado del departamento judicial de La Plata analiza jubilarse y lanzarse a la arena política, según anticipó en entrevista con Letra P.

 

Para Romero, los constantes cambios al Código Procesal borraron el espíritu original de la reforma. Habló de edificios improvisados y fugas evitables. Se quejó del marketing político y dio sus recetas para lograr un mejor servicio de seguridad y justicia. Recordó a su amiga, víctima de la inseguridad y actual diputada bonaerense, Carolina Píparo, y sostuvo que es un alivio que ya no esté en funciones la ex procuradora María del Carmen Falbo, de quien no guarda un buen recuerdo. “Pasamos de la infamia de sensación de inseguridad a otra que es la de seguridad”, sostiene uno de los fiscales más mediáticos de todo el país, dice que “la política obliga a contarle al ladrón qué se hará para neutralizarlo” y que “nadie quiere una foto inaugurando cárceles, es el juego político”.

 

BIO. Tiene 54 años de edad y 20 como fiscal, aunque lleva tres décadas dentro del Poder Judicial. Fue fiscal de juicio en el debate que terminó en la histórica condena a policías por el homicidio de Miguel Bru, pese a que su cuerpo no fue hallado hasta el momento. También es periodista, actividad a la que piensa volver una vez que se jubile como magistrado. Cultor de un alto perfil, nunca esquivó los debates y se imagina su futuro delante de una cámara de televisión, explicando en lenguaje llano, las resoluciones judiciales de interés para la opinión pública. Ávido lector, su biblioteca está llena con libros de historia, filosofía política y ensayos. En los momentos de ocio le gusta viajar o mirar series en Netflix. Durante más de 20 años fue docente de las materias Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional de La Plata, de donde se retiró. Además dictó postgrados en la Universidad Central de Chile, aunque volvió a la docencia y da clases en la Universidad Católica de La Plata y en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

 

 

-A punto de cumplir 20 años la reforma procesal, ¿qué balance hace?

 

-Primero pongamos el tema en contexto histórico. El ex gobernador Eduardo Duhalde veía que su proyecto presidencial flaqueaba, recordemos el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, la “maldita policía”, una seguidilla de secuestros extorsivos y se imponía un cambio rotundo en la estructura del sistema penal. Ya había existido un intento con la intervención de la policía, a cargo de Luis Lugones, pero se hablaba hacía mucho tiempo de intentar un cambio copernicano en el sistema penal, pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, que hoy tenemos vigente. Había una importante reunión de magistrados y juristas del país que consideraron que la provincia de Buenos Aires debía ser pionera en esto.

 

-¿Qué objetivos se plantearon?

 

-Se hablaba de una etapa de instrucción muy rápida, de cuatro meses, de un legajo fiscal que iba a ser como una carpeta. Había mucha imaginación cinematográfica, televisiva. Se decía que se terminaba el papel. El entusiasmo era grande. Todos los que éramos empleados, prosecretarios, secretarios o que se estaban por recibir, veíamos en esto la posibilidad de integrar los cuadros profesionales del Poder Judicial, el cuerpo de magistrados, fue un cambio grande. No solamente el Código Procesal, también se judicializó la etapa de ejecución de la pena (control del cumplimiento de la condena), algo revolucionario en la Argentina, y la creación del Consejo de la Magistratura, que ya estaba dispuesta en la reforma constitucional de 1994. Hubo, también, un cambio muy importante en la estructura policial, al dividirla en especialidades y jefaturas departamentales que coincidieron con los departamentos judiciales. Era todo más real, el fax era lo más moderno, era un salto a lo desconocido.

 

-¿Qué se cumplió y que no?

 

-El expediente papel no desapareció, hay más que antes. Tenemos una carpeta de la investigación, otra del órgano de juicio, otra para incidencias, otra en Casación y eventualmente algún legajo en la ejecución penal. La IPP (Investigación Penal Preparatoria para el juicio oral) no fue lo desformalizado que nos habían dicho los codificadores (autores del Código Procesal), al contrario, tienen una carga de incidencias formales, tal vez, más importantes que tenía el viejo sumario del código Jofré (norma del viejo sistema inquisitivo). Ese fue el primero de los obstáculos. En lo positivo, la división de roles es importante. Antes era una función esquizofrénica la que tenía el juez penal, que (en la práctica) era juez de instrucción y sentencia, dictaba la prisión preventiva y después tenía que sobreseer, pasaba la etapa del plenario y el mismo juez que detuvo tenía que absolver. Era una tarea muy difícil.

 

 

 

-¿Cuál era el rol del fiscal en esa época?

 

-Era recibir la vista en la etapa del plenario y formular la acusación. También notificarse de alguna resolución que podría generar agravio procesal. Era un destino muy tranquilo para los empleados y funcionarios. Yo era funcionario de la Fiscalía 2 a cargo de Ricardo Fuente (padre del hoy actual y homónimo defensor), que me enseñó muchísimo. Los fiscales más modernos de entonces, César Melazo, Claudio Bernard, Rubén Sarlo, eran un poco más activos, se metían en la investigación, iban a los lugares del hecho. Pero no era común ver a los fiscales en ese rol.

 

 

Los comandantes políticos de la fuerza son el gobernador y su ministro, aunque siempre habrá un oficial de mayor rango o antigüedad, es el Jefe de policía, como hay un jefe de Prefectura, de Gendarmería o un jefe de la Policía de seguridad Aeroportuaria. Esta fue una obsesión de todos los gobiernos, que tiene que haber un jefe civil y hubo jefes civiles, pero por debajo del civil hay un oficial superior, que es el referente de los uniformados.

 

 

-¿Qué pasó con el nuevo esquema?

 

-Cambió absolutamente todo y de un día para el otro, en un segundo. Había que convencer a los jueces penales que ya no investigaban más, los fiscales investigábamos pero no decidíamos, fue difícil ensamblar todo ese engranaje nuevo. También había miserias humanas, celos, luchas de egos. La Policía estaba muy molesta con el poder que perdió. Hubo un grave error en la reforma policial: al destruir la cadena de mandos, se horizontalizó, en las comisarías había designaciones de investigaciones que no respondían al comisario, dependían de un coordinador que, a su vez, tenía menor jerarquía que el comisario, hubo una suerte de pandemónium. Siempre hubo una obsesión del poder político con el autogobierno de la policía cuando en realidad es un error de concepto, porque la policía no se autogobierna sino que está a las órdenes de un ministro que, generalmente, es un civil, y del gobernador. Los comandantes políticos de la fuerza son el gobernador y su ministro, aunque siempre habrá un oficial de mayor rango o antigüedad, es el Jefe de policía, como hay un jefe de Prefectura, de Gendarmería o un jefe de la Policía de seguridad Aeroportuaria. Esta fue una obsesión de todos los gobiernos, que tiene que haber un jefe civil y hubo jefes civiles, pero por debajo del civil hay un oficial superior, que es el referente de los uniformados.

 

-Y en medio de esa pelea estaban los fiscales. ¿Cómo hicieron para convivir y trabajar?

 

-Hubo una tremenda improvisación en la puesta en funcionamiento. En la Argentina creemos que todo se soluciona con leyes. Las leyes son palabras, oraciones subordinadas, preposiciones. Si esas palabras no tienen por detrás una estructura, una superestructura y una infraestructura, son palabras que se las lleva el viento. Nadie pensó en las oficinas de los fiscales. Recuerdo que en una jornada en Villa Gesell, a la doctora Ángela Ledesma –que fue una de las codificadoras-, le preguntamos por los despachos. Nos dijo: “Ustedes no necesitan despachos, van a estar en la calle con una libretita tomando nombres y direcciones para el gran momento procesal que es el juicio oral”. Uno la miraba y pensaba ‘¿qué está diciendo esta mujer?’. Los codificadores pensaban que la IPP iba a ser una libreta, como en las películas. La policía estaba muy molesta con nosotros, éramos los jovencitos de saco y corbata que íbamos a reemplazar a los oficiales con muchos años de antigüedad y formación en la investigación. Dijeron: ‘ahora mandan ustedes, nosotros no hacemos nada’. Llamaban por teléfono a la fiscalía de turnos, que eran 24 horas reales, se pasaba la noche en la oficina, pedían instrucciones y no hacían absolutamente nada. Había que decirles todo, que tomen la denuncia, reciban fotos, tomar declaración a los testigos. Una Policía sin brazos, no hacían nada.

 

-¿Era temor, desconocimiento o formaba parte de esa puja?

 

-Era una mezcla de todo, estaban enojados, muy molestos, había temor a la nueva ley. Estábamos todos temerosos a lo nuevo. A veces se aplicaba un rigor exagerado que escondía inseguridad, miedos, desconocimientos, porque la ley recién se ponía en funcionamiento. Es más, se aplicaba medio Código Procesal porque la parte oral no estaba, no había ningún juicio oral. Lentamente la Policía se fue adaptando, llegaron oficiales jóvenes muy comprometidos con la reforma policías y la judicial. Los jueces de Garantías comprendieron que su función es controlarnos a nosotros y a la defensa. Hubo muchas peleas jurídicas con los defensores, pero se fue saneando.

 

-¿Qué rol jugaron las modificaciones al Código Procesal Penal bonaerense?

 

-El Código original fue varias veces modificado, ya perdí la cuenta, fueron más de 30 reformas. Se perdió el espíritu original, que tampoco se correspondía con los reclamos de la época. Se hablaba del imputado en libertad durante todo el proceso y no hacía diferencias entre un asesino y un ladrón de golosinas. Eso es imposible.

 

-¿Hay que repensar el sistema?

 

-Es compleja la pregunta, pero empezaría por las facultades donde se nos forma para el litigio, somos abogados litigantes. Todo es denuncia, todo es demanda, todo es apelación. Los métodos alternativos para el ideario popular y para el ideario de los profesionales del Derecho, no es justicia. Una mediación, que a veces ni pasa por el Poder Judicial, puede ser un mediador particular, una suspensión de juicio a prueba, un criterio de oportunidad, un archivo, no es justicia. La justicia tiene que ser condena y cárcel, según el ideario popular. Todo es litigiosidad. Y se denuncian cosas que ni siquiera son delitos, si alguien no toma la denuncia en una comisaría o fiscalía, después se denuncia al que no toma la demanda. Permanentemente hay conflicto, hay contradicción, y eso viene desde la formación de los abogados. Después en los Tribunales reciben todas las denuncias y cuando el empleado de la Mesa de Entradas le explica que eso no es materia penal y tiene que dirigirse a otro organismo, muchas veces es denunciado, entonces prefiere recibir la denuncia y que el fiscal la archive. Eso ya es un error nuestro, de las personas, de formación y deformación del oficio judicial.

 

"Yo fui muy crítico de la gestión del ex ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, pero él sí hizo efectiva una consulta. Nos llegaban al mail oficial consultas sobre posibles reformas y fueron escuchadas, eso hay que destacarlo. Después no hubo muchas consultas."

-¿Qué se hace con la cantidad de instancias de apelación?

 

-Es verdad que son exorbitantes las instancias recursivas. Si bien es cierto que el pacto de San José de Costa Rica, que es un texto supraconstitucional, obliga al doble conforme, es decir que haya una instancia revisora, tampoco tiene que haber ocho o diez. Si sumamos las instancias internacionales, nunca hay sentencia definitiva. Encima las cautelares de discuten en cada instancia, la excarcelación se puede discutir hasta en la Corte, no se termina nunca. Ahí hay un defecto que debe ser subsanado. Después si los operadores no tenemos cierta celeridad y del otro lado se plantean la nulidad por la nulidad misma ante cada acto procesal, obviamente que no hay ley que se sostenga.

 

-¿Los legisladores deberían estar observando esto?

 

-Sí, pero quiero ser justo. Yo fui muy crítico de la gestión del ex ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, pero él sí hizo efectiva una consulta. Nos llegaban al mail oficial consultas sobre posibles reformas y fueron escuchadas, eso hay que destacarlo. Después no hubo muchas consultas, por lo menos a los operadores del llano. Tal vez las haya a los colegios profesionales, a las facultades.

 

-La gobernadora María Eugenia Vidal sostiene que impulsa una reforma judicial en toda la Provincia, pero hasta el momento, se apunta al ámbito de la justicia laboral.

 

-No hay que desatenderlos, también es justicia. Hay que hacer reformas, pero hay mucha resistencia al cambio en el Poder Judicial. Cuando llegaron las primeras computadoras los antiguos empleados no querían saber nada con dejar la máquina de escribir. Cuesta adaptarse a la firma electrónica, costó muchísimo adaptarse al SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público). Afortunadamente ya está todo digitalizado y se va mejorando. Hay cosas buenas, no todo es negativo. Pero hay muchas vacantes que están sin cubrir desde hace años, eso es una grieta del sistema. Se improvisó mucho.

 

-¿Ese nivel de improvisación se mantiene?

 

-Sí. En La Plata, dos meses antes de la puesta de funcionamiento del Código, no teníamos lugar de trabajo. A alguien se le ocurrió desalojar casi por la fuerza a los empleados de Vialidad y se transformó este edificio histórico en sede de las fiscalías y del Tribunal de Casación. Un edificio histórico que no puede ser modificado. Acá funcionó la primera Legislatura provincial, hay grandes ventanales sin rejas y se nos han escapado muchos presos. Antes no siquiera había reja perimetral. Se ve un hermoso jardín, los autos, la calle, era una invitación a escaparse. Acá había ingenieros y planos, no policías, fiscales y presos. Se improvisó con todo, con la policía, con los edificios. Como la Policía Judicial nunca se terminaba de formar, le pusieron a los policías de investigaciones: “Policía de Investigaciones en Función Judicial”. Así estamos.

 

 

A alguien se le ocurrió desalojar casi por la fuerza a los empleados de Vialidad y se transformó este edificio histórico en sede de las fiscalías y del Tribunal de Casación. Un edificio histórico que no puede ser modificado. Acá funcionó la primera Legislatura provincial, hay grandes ventanales sin rejas y se nos han escapado muchos presos. Antes no siquiera había reja perimetral. Se ve un hermoso jardín, los autos, la calle, era una invitación a escaparse.

 

 

-Superada la etapa de tensiones, ¿cómo trabajaban en la actualidad con la fuerza policial?

 

-Trabajamos bien con investigaciones, con la de seguridad. Trabajamos muy bien con la Policía Científica, con los peritos, tenemos nuestros peritos judiciales, pero hay realmente un trabajo en equipo con la Policía. Obviamente que cuando hay integrantes de la fuerza sospechados, se los releva del trabajo y se investiga con fuerzas federales o con personal de la fiscalía exclusivamente. Hay gente muy joven, muchísimas mujeres. Afortunadamente fueron ganando espacios, en esta fiscalía la mayoría son funcionarias mujeres. Hay fiscales, juezas, camaristas mujeres y, hasta hace poco, nuestra Procuradora y una magistrada en la Suprema Corte bonaerense.

 

 

 

-¿Cómo quedó su relación con María del Carmen Falbo, la ex jefa de los fiscales bonaerenses?

 

-Un muy mal recuerdo. Se ensañaba en pequeñeces, ejemplo: si los fiscales aparecíamos en los medios de comunicación, si criticábamos al entonces ministro León Arslanián, que era su amigo personal, pero las críticas eran a su función no a la persona. Yo fui muy crítico de su gestión. La reforma policial que llevó a cabo fue mala. La doctora Falbo no entendía así lo de las críticas y fui sancionado infinidad de veces por omitir opinión.

 

"Falbo es el pasado, afortunadamente ya no está entre nosotros. Espero que no la nombre jueza en la Corte provincial. Y si vuelve, ya voy a estar jubilado."

-¿Cuál era su sentimiento?

 

-Me sentía satisfecho con las sanciones. Fue muy reconfortante desobedecerla permanentemente en cuanto a ese tipo de presiones. Cuando eran órdenes de servicios se cumplían, pero el recuerdo que tengo es muy malo.

 

-Sin embargo hoy es asesora del ministro de Justicia, Germán Garavano.

 

-Sí, pero no sé en qué puede asesorarlo, solamente en cómo sancionar fiscales. Falbo es el pasado, afortunadamente ya no está entre nosotros. Espero que no la nombre jueza en la Corte provincial. Y si vuelve, ya voy a estar jubilado.

 

 

 

-¿Cómo es la relación con el actual procurador Julio Marcelo Conte Grand?

 

-No tenemos contacto, pero no molesta. Él, en su acto de lanzamiento de la gestión, dijo que el Ministerio Público tiene que estar en contacto con la prensa, tiene que dar explicaciones. Estoy convencido que el fiscal debe dar explicaciones a la comunidad, no somos jueces, no prejuzgamos porque no juzgamos. Yo emito opinión. Tengo un perfil alto que fui construyendo con el paso de los años.

 

-En el camino de dar explicaciones, hoy todo se potencia con las redes sociales.

 

-Hoy las redes sociales existen, nadie puede negar su influencia, ha revolucionados las comunicaciones. Hoy en día no existe un periodista que no tenga acceso, al menos, cuando no cuenta propia, de una red social. La propia internet cambió. Y nosotros tenemos que dar explicaciones. Del por qué de las resoluciones judiciales tenemos que dar cuenta. Es como pedirle explicaciones a un médico y que te entreguen una historia clínica, uno no entiende nada. El médico, que es mucho más importante que nosotros porque salva vidas, nos explica con un dibujito cómo funciona el corazón o el riñón y uno lo entiende de manera sencilla. Acá, que el derecho no es tan complejo como la medicina, hay que explicarlo de la misma manera. Los médicos hacen sencillo lo complejo. En la justicia hacemos complejo lo sencillo. En vez de decir “vaso con agua” escribimos “recipiente cilíndrico vidriado con un contenido líquido incoloro, inodoro, insípido”. Si nos gusta ser complicados en las causas, expliquemos a la comunidad para que entiendan.

 

 

No empezaría ni por la policía ni por las leyes, empezaría por la cárcel. Podemos tener el mejor Código Penal del mundo, copiar lo mejor de cada país, lo más avanzado y hacer uno propio, pero si eso termina en una cárcel como las que tenemos, no sirve. Si ponemos una persona 20 años, literal, hasta el último día en prisión y tenemos una cárcel como la de Olmos, ese individuo sale peor de lo que está. No digo que tiene que ser un spa o una colonia de vacaciones, pero sí digno, con talleres y campo de deportes, lugar de esparcimiento y que el preso no tenga ocio negativo, que sea resocializador y no un castigo

 

 

-Las encuestas de opinión pública muestran un deterioro de la imagen de la Justicia en la ciudadanía ¿Cómo se revierte esa realidad?

 

-Tenemos que dar muchas explicaciones, no de los errores, debemos aceptar la crítica, somos funcionarios públicos, no tenemos títulos de nobleza. Dar explicaciones de lo que hacemos permanentemente. Hay gente que no sabe para qué se le cubre el rostro a un detenido. Creen que es para protegerlos, pero se hace para evitar nulidades en los reconocimientos en rueda de personas. Hay que explicar que una excarcelación no significa una absolución. Que las salidas transitorias o libertad asistida están en la ley y que es obligación de los jueces concederla si se dan los pasos procesales correspondientes y no es que un juez se levante y dice “a ver, a quién libero hoy”. Cuando hay errores judiciales hay que reconocerlo y dar la cara. Eso es el primero de los pasos para recuperar la confianza. Creo que hay desconocimiento, a veces de la prensa que confunde una excarcelación con una absolución y eso es grave el concepto. Todos los rudimentos procesales penales hay que explicarlos y conociendo eso, tal vez, la comunidad pueda recuperar la confianza. Obviamente que si hay decisiones judiciales contrarias al sentido común, ahí no hay explicación que valga, como la jueza de Concordia que autorizó ir de pesca con custodia policial a un detenido, esto es absurdo. Ese tipo de decisiones son las que irritan y destruyen la confianza.

 

-¿Cuál es el rol que juegan los medios de comunicación?

 

-La responsabilidad es nuestra. Tenemos que dar explicaciones. Si me hacen una crítica y pido un espacio, no me lo van a negar. Me acuerdo que en Letra P expliqué el tuit de “lloran como nenas”, después el medio puede hacer su conclusión. Pero si no doy la explicación, queda solamente la palabra del periodista que es la crítica, que es válida, pero también es necesario escuchar la otra campana. Pero los magistrados, en general, se encierran, tratan de defenderse en los despachos o en los colegios de magistrados, diciendo “como nos ataca la prensa” cuando en realidad hay que dar explicaciones, como las da un médico, un político o el técnico de la selección nacional. Nosotros aplicamos las leyes, no las hacemos, pero hay que reconocer que muchas veces se aplica en forma absurda. 

 

 

 

-En materia penal, ¿qué hay que hacer con las leyes?

 

-No empezaría ni por la policía ni por las leyes, empezaría por la cárcel. Podemos tener el mejor Código Penal del mundo, copiar lo mejor de cada país, lo más avanzado y hacer uno propio, pero si eso termina en una cárcel como las que tenemos, no sirve. Si ponemos una persona 20 años, literal, hasta el último día en prisión y tenemos una cárcel como la de Olmos, ese individuo sale peor de lo que está. No digo que tiene que ser un spa o una colonia de vacaciones, pero sí digno, con talleres y campo de deportes, lugar de esparcimiento y que el preso no tenga ocio negativo, que sea resocializador y no un castigo. Podemos endurecer las penas, nos va a dar cierta tranquilidad, pero la persona algún día saldrá, porque el sistema penal argentino no es un sistema eliminatorio, gracias a Dios no hay pena de muerte.

 

-¿Entonces el problema es la etapa de reinserción?

 

-Claramente. En la cárcel trabaja el que quiere, estudia el que quiere, el resto puede pasar toda la condena fabricando facas, violando al compañero de celda y tratando de lastimar al guardia. Hay mucho ocio negativo, que lo transforma en una persona feroz cuando sale de la cárcel. Nadie quiere una foto inaugurando cárceles, nadie quiere la imagen cortando cintas en el presidio, porque de la vereda contraria le van a decir “ellos hacen cárceles y nosotros fábricas y escuelas”. Es el juego político, acá se vota año por medio.

 

-¿La mayor presencia policial previene el delito?                                                     

 

-Todos los ministros de seguridad, desde el regreso de la democracia, utilizan las palabras mágicas: “más policías en las calles”. Pasamos de la infamia de la sensación de inseguridad a otra infamia, que es la sensación de seguridad. La sensación de seguridad se la da al honesto, al buen vecino, al trabajador, al ver la luz azul dando vueltas y piensa,"‘la Policía me está ciudand". Pero el delincuente no se intimida con la luz azul, sino no sería delincuente, bastaría con poner luces en todas las esquinas. El delincuente desafía a la policía, a la ley, a los jueces, a los fiscales, al guardia cárceles, a la propia vida, sale con un revólver a enfrentarse al mundo. El delincuente, cuando ve un policía, roba al lado. Cuando le ponen una cámara, se encapucha. Muchas veces miran a la cámara y después salen en Facebook mostrando el botín, las armas, las caras, sus tatuajes, sus apodos. Es desconocer la psicología básica del delincuente. “Más policías en las calles” es un slogan que no sé qué gurú de la comunicación, de los que pululan hoy, se los dará a los gobernantes. Esa frase ya está perimida, no tiene validez y el delincuente se ríe de nosotros, pero todos los ministros de Seguridad la siguen imponiendo. Otra que hacen los ministros es dar a conocer las estrategias, muestran fotos dónde informan en qué lugares están las cámaras de seguridad, los puestos de control policial. Avisan todo. Le están diciendo al delincuente qué van a hacer para neutralizarlo. Hay una necesidad muy grande del maketing político, también obra de los gurúes. No me imagino a un general del ejército informando dónde están la vanguardia y la retaguardia. Acá la política obliga a la Policía a contarle al delincuente qué es lo que hará para neutralizarlo.

 

-¿Cuál es la solución?

 

-Se necesita inteligencia criminal, no chusmerío de  peluquería, que es lo que hacen los gobiernos con sus servicios de inteligencia. Tiene que haber un sistema de inteligencia que se adelante al accionar del delincuente. Tenemos un servicio de inteligencia que es uno de los mejores del mundo y que no está en el ámbito penal, que es la AFIP. Ellos no se meten en nuestra intimidad, no escuchan conversaciones, no le importan quiénes son nuestras parejas o amigos, nada de eso, no saca fotos, no escucha audios. Simplemente cruza datos públicos y oficiales, con eso logra una inteligencia financiera feroz. Hagamos lo propio con la materia criminal. No tenemos que meternos y violar garantías constitucionales, pero¿ cómo no vamos a poder saber dónde están los aguantaderos, dónde se vende droga, quiénes son los que la venden, quiénes son los que, en autos ostensiblemente vistosos, traen la droga?. Eso es inteligencia criminal, no meterse en la intimidad de las personas como hace cierto espionaje estatal.

 

 

 

-¿Se imagina trabajando en algún cargo más político? Los rumores indican que es uno de los fiscales preferidos de Vidal.

 

-Tuve contacto personal con la gobernadora cuando se hablaba de mi candidatura a Intendente de La Plata, que nunca negué, pero después decidí no aceptar porque considero que no fui formado para la función ejecutiva, tengo una relación protocolar con ella. Me veo trabajando en otra función, pero dentro del área que sea de mi competencia, seguridad o justicia penal. La Legislatura también podría ser, sería un desafío muy grande, pero es muy difícil acceder porque hay muchos pedidos y no participo en las “roscas”, son muy aburridas.

 

-¿Qué sintió cuando se enteró que Carolina Píparo fue electa diputada?

 

-Un orgullo gigantesco, fue tal vez el caso más emblemático de mi carrera. Durante el juicio oral forjamos una amistad que después se fortaleció en Usina de Justicia, donde ambos participamos. Cuando me comentó que había sido tentada, la alenté. Ella tenía que estar en la Legislatura, ella no usó su tragedia para acceder a una banca. Me consta que la fueron a buscar, no pidió nada. Se indigna con algunas cosas de la política, pero está haciendo un gran trabajo.

 

-Desde el punto de vista del marketing político fue una estrategia acertada la candidatura de Píparo. Ya está la víctima en funciones legislativa. ¿Estará el fiscal del caso encabezando la lista de senadores de La Plata en 2019?

 

-(Risas) Si me llegan a proponer una cosa así la evaluaría, sería un honor, pero no voy a hacer ninguna gestión porque no corresponde, soy un magistrado judicial, no actúo en política. Me gustaría trabajar en áreas como seguridad o justicia. Estoy volviendo a la docencia, pero no me veo muchos años más en la actividad. Quiero dedicarme a estudiar y cumplir el sueño de hacer periodismo. No como salida laboral, sino como vocación.

 

Las Más Leídas

También te puede interesar