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  • Las Marías: crece la preocupación por irregularidades en el juicio

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  • Las Marías: crece la preocupación por irregularidades en el juicio

Sin notificar a las partes, el tribunal a cargo realizó una visita a la estancia donde ocurrieron los hechos investigados y tiene domicilio el imputado. La palabra del fiscal.
Por 11/07/2018 18:26

Víctimas y familiares de las víctimas de la represión ilegal en el Establecimiento Las Marías, que se ventila en el juicio oral que se desarrolla en estos días en la localidad correntina Gobernador Virasoso, expresaron su preocupación por lo que denuncian como una actuación irregular del Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni.

No bien comenzada la audiencia de este martes, el fiscal Flavio Ferrini, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó al tribunal que informara sobre una visita que habría realizado a la estancia María Aleida, ubicada en Virasoro, donde el imputado, el ex intendente de la dictadura Héctor María Torres Queirel, tiene asentado su domicilio desde 1972. La diligencia se habría realizado sin dar aviso debidamente a la Fiscalía ni a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos.

En una entrevista realizada por Cecilia Rodríguez para la Agencia Para la Libertad, el fiscal Ferrini afirmó que, ante el pedido de informes que realizó, “el tribunal manifestó que fue a tomar conocimiento de cómo está ubicada la estancia, de la zona geográfica” y destacó que “la inspección judicial, que es una medida de prueba, es importante que se realice de acuerdo al mecanismo procesal que está previsto para esta figura, que es con la presencia de las partes. Entonces, ahí podemos tomar conocimiento todos de dónde está ubicado el casco de la estancia, de dónde se encontraban las personas que trabajan, los tareferos, y (hablar) con algunos testigos que nos recreen lo que pasó en aquel momento”.

 

El fiscal de la causa, Flavio Ferrini (foto: Marcos Otaño).

 

El fiscal explicó que “la duda surgió a partir de que tomamos conocimiento de que el día jueves, que era la fecha para la que estaba prevista la inspección ocular, por situaciones climáticas se dejó sin efecto. Es así que la fiscalía, que estaba constituida en Virasoro, se volvió a la ciudad de Corrientes, (donde) se nos consulta si estábamos en Virasoro todavía porque aparentemente el tribunal se iba a constituir en el lugar. Entonces, lo que queríamos saber es si esa visita a la estancia significó una inspección ocular en los términos del código procesal penal y si se iba a tener como elemento de prueba, se iba a labrar el acta que corresponde y se iba a verificar. En tal caso, la fiscalía podía llegar a entender que, no habiendo sido parte, no habiendo sido notificada, podía presentar algún tipo de recurso. Y el Tribunal nos ha dejado muy en claro que lo que ha hecho es ir a visitar motu propio (el establecimiento), porque quería ver la geografía del lugar”.

Consultado respecto de si la visita del tribunal a la estancia donde ocurrieron los hechos investigados y en la que reside actualmente el imputado podía ser considerada un acercamiento a una de las partes, Ferrini afirmó: “No entendemos por qué se hizo sin el marco de las formas procesales que están previstas para la realización de la inspección”. Y agregó que aún no sabe “si el tribunal va a receptar el pedido de hacer la inspección judicial en el campo”.

 

Juan Gómez uno de los testigos de la represión en Las Marías (foto. Marcos Otaña).

 

Acerca del malestar de víctimas-testigo frente al trato hostil por parte del presidente del tribunal en las primeras audiencias, el fiscal afirmó “este juicio trasciende el hecho del señor (Marcelo) Peralta (el trabajador tarefero y militante sindical desaparecido en Las Marías). Éstos son casos justamente de lesa humanidad: significa que perjudican a toda la sociedad”.

Por eso, destacó “hubiera sido muy importante que cada testigo hubiera podido declarar todo lo que le pasó, todo lo que conoce, sobre las circunstancias que ocurrieron en aquel entonces, porque eso nos hubiera dado todo el contexto de qué era lo que pasaba, por qué ocurrieron (los hechos), quiénes se beneficiaron con las desapariciones, quiénes se beneficiaron con las persecuciones a quienes estaban sindicados como trabajadores gremiales”.

Ferrini consideró que hubiera sido importante que el juicio hubiese tenido también como imputado a Adolfo Navajas Artaza, dueño del Establecimiento Las Marías, porque “es éste el momento en el que se puede inspeccionar la responsabilidad de todos aquellos que, de alguna manera, tuvieron alguna cercanía con los hechos que se investigan”.

“Creo que hubiera sido mucho más relevante para la sociedad en su conjunto tenerlo a Navajas enjuiciado, sentado aquí y, si de aquí tiene que salir inocente, que sea de un juicio oral y público y no de este entramado judicial de recursos”, agregó en referencia al sobreseimiento por falta de mérito que le fue otorgado por el Juez federal Antonio Chalup, sin siquiera haberlo indagado.

 

El presidente del tribunal, Víctor Alonso, y la fuerte presencia de Gendarmería.

 

A las preocupaciones expuestas desde las primeras audiencias debido a la excesiva, intimidatoria presencia de Gendarmería Nacional, las muestras de hostilidad del tribunal hacia las víctimas, que impidieron contextualizar el entramado de poder político militar y empresarial y la contrastante actitud de cordialidad con los familiares del imputado, se suma ahora esta “visita” informal -y no informada a las partes- a la estancia donde tiene asentada residencia el acusado y donde fue secuestrado y desaparecido Peralta.

Familiares, víctimas y organismos de Derechos Humanos que acompañan el desarrollo del juicio se mostraron sumamente preocupados ante esta situación irregular, a la vez que esperan que el tribunal lleve a cabo la inspección ocular debidamente y tome las medidas necesarias para que víctimas, testigos y participantes de este proceso no sean avasalladas en sus derechos y revictimizadas en las próximas audiencias, confirmadas para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Corrientes.

 

Las Marías: crece la preocupación por irregularidades en el juicio

Sin notificar a las partes, el tribunal a cargo realizó una visita a la estancia donde ocurrieron los hechos investigados y tiene domicilio el imputado. La palabra del fiscal.

Víctimas y familiares de las víctimas de la represión ilegal en el Establecimiento Las Marías, que se ventila en el juicio oral que se desarrolla en estos días en la localidad correntina Gobernador Virasoso, expresaron su preocupación por lo que denuncian como una actuación irregular del Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni.

No bien comenzada la audiencia de este martes, el fiscal Flavio Ferrini, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó al tribunal que informara sobre una visita que habría realizado a la estancia María Aleida, ubicada en Virasoro, donde el imputado, el ex intendente de la dictadura Héctor María Torres Queirel, tiene asentado su domicilio desde 1972. La diligencia se habría realizado sin dar aviso debidamente a la Fiscalía ni a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos.

En una entrevista realizada por Cecilia Rodríguez para la Agencia Para la Libertad, el fiscal Ferrini afirmó que, ante el pedido de informes que realizó, “el tribunal manifestó que fue a tomar conocimiento de cómo está ubicada la estancia, de la zona geográfica” y destacó que “la inspección judicial, que es una medida de prueba, es importante que se realice de acuerdo al mecanismo procesal que está previsto para esta figura, que es con la presencia de las partes. Entonces, ahí podemos tomar conocimiento todos de dónde está ubicado el casco de la estancia, de dónde se encontraban las personas que trabajan, los tareferos, y (hablar) con algunos testigos que nos recreen lo que pasó en aquel momento”.

 

El fiscal de la causa, Flavio Ferrini (foto: Marcos Otaño).

 

El fiscal explicó que “la duda surgió a partir de que tomamos conocimiento de que el día jueves, que era la fecha para la que estaba prevista la inspección ocular, por situaciones climáticas se dejó sin efecto. Es así que la fiscalía, que estaba constituida en Virasoro, se volvió a la ciudad de Corrientes, (donde) se nos consulta si estábamos en Virasoro todavía porque aparentemente el tribunal se iba a constituir en el lugar. Entonces, lo que queríamos saber es si esa visita a la estancia significó una inspección ocular en los términos del código procesal penal y si se iba a tener como elemento de prueba, se iba a labrar el acta que corresponde y se iba a verificar. En tal caso, la fiscalía podía llegar a entender que, no habiendo sido parte, no habiendo sido notificada, podía presentar algún tipo de recurso. Y el Tribunal nos ha dejado muy en claro que lo que ha hecho es ir a visitar motu propio (el establecimiento), porque quería ver la geografía del lugar”.

Consultado respecto de si la visita del tribunal a la estancia donde ocurrieron los hechos investigados y en la que reside actualmente el imputado podía ser considerada un acercamiento a una de las partes, Ferrini afirmó: “No entendemos por qué se hizo sin el marco de las formas procesales que están previstas para la realización de la inspección”. Y agregó que aún no sabe “si el tribunal va a receptar el pedido de hacer la inspección judicial en el campo”.

 

Juan Gómez uno de los testigos de la represión en Las Marías (foto. Marcos Otaña).

 

Acerca del malestar de víctimas-testigo frente al trato hostil por parte del presidente del tribunal en las primeras audiencias, el fiscal afirmó “este juicio trasciende el hecho del señor (Marcelo) Peralta (el trabajador tarefero y militante sindical desaparecido en Las Marías). Éstos son casos justamente de lesa humanidad: significa que perjudican a toda la sociedad”.

Por eso, destacó “hubiera sido muy importante que cada testigo hubiera podido declarar todo lo que le pasó, todo lo que conoce, sobre las circunstancias que ocurrieron en aquel entonces, porque eso nos hubiera dado todo el contexto de qué era lo que pasaba, por qué ocurrieron (los hechos), quiénes se beneficiaron con las desapariciones, quiénes se beneficiaron con las persecuciones a quienes estaban sindicados como trabajadores gremiales”.

Ferrini consideró que hubiera sido importante que el juicio hubiese tenido también como imputado a Adolfo Navajas Artaza, dueño del Establecimiento Las Marías, porque “es éste el momento en el que se puede inspeccionar la responsabilidad de todos aquellos que, de alguna manera, tuvieron alguna cercanía con los hechos que se investigan”.

“Creo que hubiera sido mucho más relevante para la sociedad en su conjunto tenerlo a Navajas enjuiciado, sentado aquí y, si de aquí tiene que salir inocente, que sea de un juicio oral y público y no de este entramado judicial de recursos”, agregó en referencia al sobreseimiento por falta de mérito que le fue otorgado por el Juez federal Antonio Chalup, sin siquiera haberlo indagado.

 

El presidente del tribunal, Víctor Alonso, y la fuerte presencia de Gendarmería.

 

A las preocupaciones expuestas desde las primeras audiencias debido a la excesiva, intimidatoria presencia de Gendarmería Nacional, las muestras de hostilidad del tribunal hacia las víctimas, que impidieron contextualizar el entramado de poder político militar y empresarial y la contrastante actitud de cordialidad con los familiares del imputado, se suma ahora esta “visita” informal -y no informada a las partes- a la estancia donde tiene asentada residencia el acusado y donde fue secuestrado y desaparecido Peralta.

Familiares, víctimas y organismos de Derechos Humanos que acompañan el desarrollo del juicio se mostraron sumamente preocupados ante esta situación irregular, a la vez que esperan que el tribunal lleve a cabo la inspección ocular debidamente y tome las medidas necesarias para que víctimas, testigos y participantes de este proceso no sean avasalladas en sus derechos y revictimizadas en las próximas audiencias, confirmadas para el próximo 7 de agosto en la ciudad de Corrientes.