La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elevó un informe en el que comprueba que la capacidad de acceso a créditos hipotecarios para la franja de jóvenes que va desde los 19 a los 29 años es "sumamente limitada". El informe, elaborado por el defensor adjunto Arturo Pozzali, indica que las razones de este fenómeno son "multicausales" pero hace hincapié en los salarios bajos, los altos costos del mercado inmobiliario y la falta de programas de gobierno que apunten a este grupo de jóvenes.
Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), en la Ciudad de Buenos Aires residen 502.400jóvenes entre 19 y29 años. El estudio del radical Pozzali se centró en este grupo de jóvenes que estudian y/o trabajan, que buscan independizarse y "construir sobre la base de sus propios medios los pilares para avanzar en su vida". "Son esos jóvenes, la generación que marcará el futuro, no sólo de nuestra Ciudad, sino también del país", se aclara en la investigación.
De hecho, el salario promedio que perciben los jóvenes entre 19 y 29 años pendula entre los $12.955 y los $11.590, monto que representa apenas entre un 27% y un 18% más respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil y que resulta escaso para acceder a un crédito hipotecario.
Al mismo tiempo, los altos costos del mercado inmobiliario, sumado a la inestabilidad que el dólar le da a los mismos, complejizan aún más el acceso al crédito. El aumento de un pequeño porcentaje en dólares significa una variación difícil de afrontar en pesos, y más aún cuando el ingreso resulta acotado. Incluso con las diferencias de precios entre el norte y sur de la Ciudad, la estabilidad económica y financiera resulta imprescindible a la hora de embarcarse en la compra de un inmueble, cuestión que deviene casi en imposible tratándose de jóvenes.
Por último, la falta de programas que ponderen estos aspectos sobre el grupo etario bajo análisis. En la actualidad, no existen políticas apuntadas a los jóvenes argentinos en general y a los jóvenes porteños en particular. Incluso, no se suele pensar al joven como un colectivo vulnerable capaz de ser foco principal de políticas públicas, sino que se suele apuntar a los extremos anteriores o posteriores, como los son los niños, niñas y adolescentes y a las personas mayores.
"Las medidas de acción positiva en relación a la vivienda, no han sido siquiera pensadas. Los programas que existen, como se ha visto en el desarrollo de este informe, no logran resolver el problema de la primera vivienda y a raíz de ello, cada vez son más los jóvenes que no perciben a la vivienda propia como un objetivo alcanzable en su proyecto de vida, cuestión que era casi indiscutible en las generaciones anteriores", diagnostica Pozzali en la investigación.
“Desde esta Adjuntía creemos que resulta imperiosamente necesario implementar programas de políticas públicas orientadas a la problemática habitacional que los jóvenes padecen, ponderando el salario promedio y su capacidad crediticia. La dificultad que implica acceder a una vivienda torna fundamental la toma de medidas por parte del Estado, quien debe fomentar la participación de la juventud en el mercado y el acceso a la vivienda propia de este grupo etario que, actualmente, se ve severamente diezmado por esta problemática”, subraya Pozzali.
“Resulta necesario el fomento de la independencia y la autonomía personal de los jóvenes con políticas que estén destinadas a otorgarles las garantías necesarias para avanzar desde la perspectiva de crecimiento personal y no fomentando que sean los padres aquellos que compre una segunda vivienda para sus hijos, tal y como lo ha expresado el Banco Ciudad respecto de la nueva línea de créditos hipotecarios para segunda vivienda”, concluye el informe.
