En medio de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo, que se circunscribe exclusivamente a la discusión salarial, Cargill anunció este jueves la interrupción por cinco días de las operaciones en sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca.
"En virtud de los paros no programados que se suceden en forma frecuente e intermitente en distintas áreas de trabajo, que nos impiden operar en condiciones seguras, es que nos vemos obligados a tomar esta decisión", aseguró la empresa en un comunicado difundido a primera hora, que apareció pegado, en un texto escrito a mano, en la puerta de la sede de Villa Gobernador Gálvez. La comunicación oficial informó además que los trabajadores no percibirán el salario correspondiente a los días en los que no funcionen las plantas.
Las medidas de fuerza de los trabajadores habían sido decididas por la Federación Aceitera, que conduce Daniel Yofra, para rechazar los despidos ordenados por la empresa a principio de año.
Desde esa organización gremial denunciaron que la medida adoptada este jueves es un "lockout patronal" y consideraron "una provocación que una multinacional como Cargill comunique esta decisión ilegal con una notita escrita a mano en la puerta".
El sindicato afirmó que los trabajadores se enteraron de la medida empresaria por una nota manuscrita pegada en las puertas de ambas plantas y que se desplegaron efectivos de fuerzas federales, al menos, dentro de la empresa del Gran Rosario.
"Los trabajadores ponen a disposición su fuerza de trabajo por lo que la multinacional no puede decidir dejar de pagarles en cualquier momento porque se le ocurre en determinado momento hacer un lockout de cinco días" señalaron a Letra P desde el gremio que conduce Yofra.
"Contamos como mínimo 20 efectivos adentro de la planta de Villa Gobernador Gálvez y no sabemos si hay más porque la empresa impide el ingreso de los trabajadores", indicaron, a la vez que denunciaron que se trata de "un nuevo intento de displinamiento que apunta a debilitarnos".
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En enero, Cargill había enviado 44 telegramas de despidos que fueron rechazados por el gremio, que lanzó una serie de protestas que se potenciaron con la falta de un llamado a las negociaciones paritarias. Eso motivó el llamado a una huelga general del sector dos semanas atrás, lo que a su vez precipitó la intervención de la cartera laboral a cargo de Jorge Triaca y el dictado de una conciliación obligatoria que ahora fue violada por Cargill, según la óptica del sindicato.
El comunicado de la empresa considera que los despidos son una "decisión irreversible". La empresa aclara que los mismos tienen como objetivo "la tercerización, ni la eliminación de puestos
de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles adecuados".