El juez federal Claudio Bonadio desvinculó al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el macrista Gustavo Arribas, de la mega causa de corrupción y coimas conocida como Lava Jato y solicitó la extradición del arrepentido Leonardo Meirelles, en el marco de la denuncia por “falso testimonio” iniciada por el funcionario nacional. Sin embargo, la Constitución brasileña niega tajantemente esa posibilidad: en su artículo cinco, la Carta Magna del país vecino aclara que ningún brasileño puede ser extraditado.
Para el magistrado argentino, el prestamista Meirelles mintió al afirmar que había realizado 14 transferencias bancarias desde un banco de Hong Kong a una cuenta a nombre de Arribas por un monto total de 850 mil dólares. Esa suma fue enviada en concepto de “acuerdo de sobornos” para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento declaró el prestamista que operaba para la constructora brasileña Odebrecht, investigada por pago de sobornos millonarios para conseguir contratos de obra pública en Argentina y otros países del continente.
Además, Bonadio cargó contra los dos fiscales por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Cuando los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Delgado y Rodríguez, hacen lugar al testimonio de Meirelles, Arribas responde con una causa por falso testimonio.
En ese marco, el magistrado desvinculó al titular de la AFI y dispuso la captura nacional e internacional del arrepentido del Lava Jato. “En primer lugar, habrá de considerarse que, tal como se ha dicho, sólo está acreditada la recepción en la cuenta de Arribas del Banco Credit Suisse de la ciudad de Lugano, de una única transferencia de u$s70.475. Las restantes (“cuatro”, “más de diez”, “catorce”) NO lo están”, determinó Bonadio en el fallo.
“Tampoco existen en estas actuaciones, ni en todas aquellas en las que los contratos celebrados por Odebrecht Argentina están siendo investigados, imputación a Arribas por algún hecho ilícito”, remarcó.
Tras el testimonio de Meirelles, se abrió una causa contra Arribas por presunto lavado de dinero, aunque la denuncia fue desestimada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
En junio pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento y cerró el caso, al tiempo que rechazó un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.
“La única suma de dinero que recibí es la que se realizó con motivo de la compra de muebles existentes en el inmueble que vendí”, insistió el director de la AFI a la hora de defenderse.
