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El CELS y Poder Ciudadano, think tank de Laura Alonso, entre otras ONG, presentaron los cuestionamientos a Arribas y Majdalani. Antecedentes ocultos, negocios con el fútbol y fondos reservados.

Por 01/08/2016 20:43

Falta de idoneidad, operaciones de triangulación de jugadores de fútbol con el fin de evadir impuestos, lavado de dinero, asociaciones ilícitas, ocultamiento de actividades en el sector privado, falta de transparencia, enriquecimiento ilícito, vínculos con la cuestionada ex SIDE, forman parte de la larga lista de imputaciones que las organizaciones que integran la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) hicieron contra los eventuales titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el escrito que presentaron este lunes ante el Senado.

“Solicitamos al Honorable Senado de la Nación que niegue el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo”, dice la impugnación firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET), que también fue acompañada por la Asociación de Pensamiento Penal y Poder Ciudadano, la ONG que presidió la titular de la Oficina Anticorrupción y ex diputada del PRO, Laura Alonso.

Arribas y Majdalani, designados hasta el momento “en comisión” por el presidente Mauricio Macri para ocupar los cargos de director general y subdirectora general de la AFI, respectivamente, deberán presentarse el próximo miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el salteño Rodolfo Urtubey. Allí responderán preguntas de los senadores y también deberán hacer frente a los duros cuestionamientos presentados por las organizaciones.

“Los senadores no pueden dejar de considerar que detrás del negocio por la transferencia de jugadores de fútbol muchas veces se oculta la comisión de delitos tales como asociaciones ilícitas, evasión, lavado de dinero y fuga de divisas”, plantean las organizaciones en el escrito, luego de detallar las actividades de Arribas en el negocio del fútbol, como representante de intermediario de jugadores y clubes.

De acuerdo con la presentación, el historial de Arribas “es frondoso” en cuanto a los pases en los que intervino y “oscuro” respecto de los socios con los que realizó operaciones. Como ejemplo, cita la venta en 1999, con irregularidades, del futbolista Diego Garay, cuyo pase correspondía a Arribas y a Talleres de Córdoba. La FIFA multó a Talleres y sancionó Arribas “por la presentación de un pasaporte falso del jugador y por no tener la licencia habilitante”. Además, liga al eventual titular de la AFI con operaciones de triangulación de jugadores con el fin de evadir impuestos, como las realizadas con Deportivo Maldonado, de Uruguay.

Respecto de la experiencia profesional, las organizaciones consideran que la designación corresponde “únicamente a criterios de confianza personal” del Presidente con Arribas, quien actualmente “estaría viviendo en el departamento del mandatario”, ubicado en avenida Libertador y Cavia. “La confianza personal puede ser un necesidad – aceptable – del presidente, pero no un requisito suficiente para obtener el acuerdo del Senado. Si así fuera, todo el procedimiento sería en verdad ficticio”, dice respecto de la exigencia establecida en la ley 27.126.

Sobre Arribas, el escrito agrega que en el CV que acompaña el pliego enviado al Senado “surgen omisiones inconsistencias” en cuanto a las actividades en el sector privado. En primer lugar, Arribas no consigna su participación en “al menos dos empresas”: GAG CONSTRUCCIONES y HAZ SPORT AGENCY S.A.  Las organizaciones remarcan que el responsable de la inscripción de HAZ SPORT AGENCY es el contador Julio César Jiménez, “quien también habría inscripto la empresa American Tape, vinculada a Antonio Stiuso y Seguridad Integral Empresaria S.A., empresa responsable de la seguridad del edificio Le Parc, donde vivía el fiscal Nisman”.

VÍNCULOS CON LA EX SIDE. Sobre la designada subdirectora general, la presentación menciona la “ausencia total a cualquier mención sobre sus pasos y actividades en el sector privado”, que surge del simple contraste entre el CV enviado en el pliego y el que Majdalani tenía publicado en la web de la Legislatura porteña.

“El ocultamiento de actividades en el sector privado es un pésimo antecedente para quien, de resultar seleccionada, debería gestionar actividades que gozan de secreto y para las cuales el Estado autoriza el uso de fondos reservados”, explica.

En cuanto a sus antecedentes en la actividad pública, el escrito destaca que Majdalani fue diputada por dos períodos consecutivos y que fue vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que “ha llamado la atención por su falta de resultados y la más absoluta falta de transparencia”.

Además, menciona que “Majdalani  también es conocida por sus fuertes vínculos con personal y directivos de la ex Secretaría de Inteligencia, justamente aquellos que han sido reiteradamente señalados como responsables del caos en dicho organismo”. El vínculo más directo al que menciona es José Francisco Larcher, subsecretario de Inteligencia entre 2011 y 2014,  desplazado por Cristina Fernández de Kirchner luego de la muerte de Alberto Nisman.

De acuerdo con el escrito, fue Elisa Carrió quien en mayo de 2012 dirigió un pedido de impugnación al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para que desistiera de designar a Majdalani como vicepresidenta de la Bicameral de Inteligencia, ya que objetaba su independencia e imparcialidad para controlar a la ex SIDE.

El escrito agrega las denuncias existentes contra Majdalani por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, presentadas por el legislador Gustavo Vera, la causa por usurpación de identidad que enfrentó por haber votado en lugar de su compañero de bancada Daniel Amoroso, cuando era legisladora porteña- en la que resultó sobreseída –, la denuncia por robo y usurpación de un predio estatal ubicado en Andalgalá, Catamarca, una denuncia por estafa y otra por irregularidades en el manejo de fondos cuando era interventora de la Obra Social del Personal de la ENCOTESA.

Por último, las organizaciones advierten que el Poder Ejecutivo adoptó un conjunto de decisiones que representan “verdaderos retrocesos institucionales” respecto al proceso iniciado a partir de la sanción de la ley 27.126, entre los que menciona el decreto 656/16, que eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos.  

En el área de finanzas del organismo, el escrito cuestiona específicamente la designación de Juan José Gallea, quien fuera director general del mismo sector durante el gobierno de la Alianza y de Eduardo Duhalde. “Gallea ocupaba ese puesto cuando la denuncia de pago de coimas en el Senado para la aprobación de la ley de flexibilización laboral puso a la cuestión de los fondos reservados de la SIDE en la primeras planas”, dice el texto. Luego, Gallea ocupó un cargo gerencial en Grupo Veintitrés, que fue vaciado por el empresario Sergio Szpolski. El funcionario también fue involucrado en denuncias por jubilaciones “truchas” en la provincia de La Rioja.