En el marco de las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Letra P entrevistó a los primeros candidatos a presidentes de las listas que compiten por la conducción del CPACF. Además de los candidatos al Consejo Directivo de la institución, se eligen representantes para el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados de los matriculados porteños.
Como informó este medio, compiten cuatro listas agrupadas en frentes electorales. El CPACF es conducido por una alianza entre el PRO y la agrupación Gente de Derecho, que preside Jorge Rizzo, desde hace una década. El oficialismo repite su acuerdo con el macrismo y apuesta a mantener el Colegio por dos años más. En tanto, la oposición se presenta con tres listas distintas: Seamos El Encuentro de Abogados, Cambio Pluralista y Mariano Moreno.
Este medio propuso realizar seis preguntas a los cuatro candidatos para poder ver las distintas respuestas ante los mismos interrogantes. Todos los aspirantes respondieron, a excepción del candidato oficialista Eduardo Awad (Gente de Derecho + PRO) , quien comunicó que no tenía intenciones de participar.
A continuación, el diálogo con María del Carmen Besteiro, candidata a presidenta por Seamos El Encuentro de Abogados (lista 65).
-¿Cómo evalúa la gestión actual del CPACF?
-La gestión actual del Colegio es mala. Avaló la reducción de honorarios profesionales en todos los órdenes, festejó la sanción de la nueva ley de honorarios que en los hechos también nos perjudica, avaló la suma irrisoria de apenas $1500 para el patrocinio de abogados en el proceso de Reparación Histórica para jubilados y pensionados. Y, además, se mantuvo en silencio ante los ataques que permanentemente recibe la abogacía. En definitiva, en todo este tiempo la gestión actual no protegió la libertad y la dignidad profesional, como lo impone su ley de creación.
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-¿Qué propuestas tiene para el CPACF?
-Nuestro slogan de campaña es “Te defendemos a vos, ni a los lobbies ni a los partidos políticos”. Con esta orientación vamos a emprender todas nuestras acciones. Nos planteamos tres ejes principales de trabajo. El primero tiene que ver con la recuperación del valor de nuestros honorarios profesionales y para ello vamos a promover una reforma de la nueva ley de honorarios con la que estamos en total desacuerdo porque baja nuestros honorarios para beneficiar intereses de lobbies ajenos a la abogacía.
El segundo eje es el de revalorizar el rol de la abogacía de cara a la sociedad. Hace décadas que nuestra profesión es atacada, directa o sutilmente, desde los medios y los distintos espacios de poder públicos y privados. Cuando se nos menciona como “caranchos” y se nos acusa de ser los responsables del alto nivel de litigiosidad, en realidad se está ocultando ante la gente nuestra tarea de proteger y restituir los derechos de las personas. Nosotros vamos a hacer desde el Colegio campañas de concientización pública sobre la extensión e importancia de nuestro trabajo.
Y nuestro tercer eje está relacionado con la transparencia en la gestión. El oficialismo maneja un presupuesto que en muchos aspectos es, en el mejor de los casos, inexplicable. Nosotros, junto a otras fuerzas de la oposición presentamos un presupuesto alternativo que reducía drásticamente el gasto sin aumentar el abono ni la matrícula. Situaciones como la de la asamblea escandalosa en la que el presidente del Colegio aprobó gastos injustificados y terminó a los gritos agrediendo a los presentes sin votar autoridades, no pueden repetirse. Nosotros vamos a convocar a la participación de todas las listas en las comisiones asesoras del Consejo Directivo, para garantizar control y transparencia en los actos de gestión.
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-¿Está a favor de la nueva ley de honorarios? ¿Cree que beneficia a los matriculados?
-Claramente, no nos beneficia. La ley de honorarios con la que hace campaña el oficialismo es una trampa que, en los hechos, hace que cobremos menos que antes. Establece una Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que redunda en honorarios bajísimos. Además, en los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria crea una tabla en la que se reduce el porcentaje a medida que aumenta el monto de indemnización, por lo que está hecha a la medida de los lobbies económicos y los incumplidores seriales que se financian con la litigiosidad. Sumado a la situación de colapso de la justicia, podemos concluir que se alargan los juicios y disminuyen nuestros honorarios.
-¿Cómo evalúa el traspaso de la Justicia de la Nación a la Ciudad?
-No se observan políticas claras en relación a este punto. Es importante resaltar que la implementación de este proceso no puede llevarse adelante afectando derechos laborales, funcionales y jurisdiccionales de las personas.
-¿Hay independencia judicial en la Ciudad de Buenos Aires?
-Como abogada, no he litigado ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, por motivos institucionales siempre he estado en contacto con esta jurisdicción. Si bien no tengo conocimiento de situaciones concretas, la mayoría requerida para iniciar el proceso de remoción magistrados puede atentar contra su independencia.
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-Como abogado/a ¿Cómo toma las declaraciones del presidente Macri en torno a la “mafia de los juicios laborales”?
-Como abogada y dirigente de la abogacía repudié estas declaraciones como lo hago en todas las oportunidades en que se arroja un manto de sospecha sobre nuestra gestión profesional.
El Presidente de la Nación, como cabeza de uno de los poderes del Estado, no puede hacer denuncias infundadas a través de los medios de comunicación. El ataque a la abogacía afecta la convivencia social,genera sospecha sobre nuestro trabajo, y deja desprotegida a la sociedad que no tiene a quien recurrir cuando sus derechos se ven vulnerados.
-¿Cómo repercute en la actividad de los abogados la obligatoriedad de cobrar honorarios por método posnet?
-Creo que no corresponde su aplicación porque no prestamos servicios de venta masiva. Más allá de su improcedencia, siguen incrementando los costos de los abogados y se disminuyen los honorarios. En definitiva, perjudica a los abogados independientes o de estudios pequeños o medianos, y fomenta una abogacía concentrada en los grandes estudios.