En el marco de las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Letra P entrevistó a los primeros candidatos a presidentes de las listas que compiten por la conducción del CPACF. Además de los candidatos al Consejo Directivo de la institución, se eligen representantes para el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados de los matriculados porteños.
Como informó este medio, compiten cuatro listas agrupadas en frentes electorales. El CPACF es conducido por una alianza entre el PRO y la agrupación Gente de Derecho, que preside Jorge Rizzo, desde hace una década. El oficialismo repite su acuerdo con el macrismo y apuesta a mantener el Colegio por dos años más. En tanto, la oposición se presenta con tres listas distintas: Seamos El Encuentro de Abogados, Cambio Pluralista y Mariano Moreno.
Este medio propuso realizar seis preguntas a los cuatro candidatos para poder ver las distintas respuestas ante los mismos interrogantes. Todos los aspirantes respondieron, a excepción del candidato oficialista Eduardo Awad (Gente de Derecho + PRO) , quien comunicó que no tenía intenciones de participar.
A continuación, el diálogo con Virginia Badino, candidata a presidenta por Cambio Pluralista (lista 60).
-¿Cómo evalúa la gestión actual del CPACF?
-Incompleta. Es innegable que el Colegio ha logrado generar comodidades para los profesionales, pero los ha dejado abandonados en muchos aspectos. Por ejemplo a la actual conducción le cuesta mucho ejercer la función gremial de los abogados: el fuero laboral es un caos, existen alrededor de 200 vacantes de magistrados en la justicia nacional y no hay un patrocinio del CPACF por incumplimientos legales en la regulación de honorarios. Nosotros estamos convencidos de que además de ser una institución “prestadora de servicios” el CPACF debe defender a los abogados éstas y otras cuestiones muy importantes que hacen a nuestra profesión. Los problemas del Poder Judicial son los problemas de los abogados. Se requiere un cambio profundo de conducción, una participación primaria de las mujeres en la misma y un pluralismo que enaltezca la profesión. Los abogados somos atacados por el gobierno actual y el anterior como costos molestos y servicios masivos, sin darse cuenta de lo que trabajamos y estudiamos durante todos los años para mantener la matrícula vigente en todos sus aspectos.
-¿Qué propuestas tiene para el CPACF?
-Somos la única lista con propuestas. La primera de todos es tener una ley de honorarios que se cumpla y que cuide nuestros ingresos en forma legítima. En primer medida, impulsar una reforma de la ley de honorarios vigente. Pero además vamos a exigir al Consejo de la Magistratura una resolución urgente de la crisis del fuero laboral, en particular; y de todo el sistema de justicia, en general. Queremos que las mesas receptoras de escritos amplíen su horario de atención, que los abogados estemos eximidos del pago de la tasa de justicia en reclamos de honorarios regulados y que se reduzca el monto de apelabilidad.
De la misma manera, Cambio Pluralista fue la primera fuerza política que se opuso a la eliminación de la feria judicial. Desde la conducción del CPACF vamos a insistir con fuerza en estas demandas, sólo por mencionar algunas. El Colegio usará los recursos para proveer mejores servicios, más baratos y de trascendencia para la profesión. Los gobiernos locales o nacionales, tendrán un referente obligado ante cualquier consulta legal, así lo dispone la Ley N° 23.187, donde los abogados somos parte del gobierno democrático y no meros apéndices del poder de turno.
Instauraremos la eximición del pago de inscripción para los jóvenes abogados, que se ven burlados por la falta de pago de la matricula por los primero dos años, para cobrárselas todas juntos con el “derecho de inscripción”.
-¿Está a favor de la nueva ley de honorarios? ¿Cree que beneficia a los matriculados?
-Para nada. La ley actual no permite vivir a los abogados con dignidad porque la UMA (Unidad de Medida Arancelaria) es bajísima: apenas 540 pesos. Un divorcio, por ejemplo, se regula en 10 UMAs, es decir, 5400 pesos. Una miseria. Es por eso que hemos realizado una presentación ante la Corte para que el cálculo de la UMA no se efectúe sobre la remuneración básica de un juez federal, como estipula la ley que impulsó Gente de Derecho, sino sobre todas las partidas que conforman el sueldo del juez, lo que equivaldría a pasa de una UMA de unos 540 pesos actuales, a una de cerca de 18000. A los abogados previsionalistas se les fijo un monto rídiculo, impidiendo el ejercicio profesional, al regular un monto tope de $ 1300 por trámites de reparación histórica. Vamos a impulsar la reforma del límite a los honorarios de los abogados.
-¿Cómo evalúa el traspaso de la Justicia de la Nación a la Ciudad?
-Consideramos que es una oportunidad única para que los abogados porteños podamos participar activamente de la discusión del nuevo poder judicial que se va a configurar cuando se efectúe el traspaso. No podemos permitir que el traspaso se arregle entre gallos y medianoches, a espaldas de quienes somos los que más sufrimos los desperfectos de la Justicia: los abogados. Lo que tenemos hasta ahora son esbozos, intentos vanos y un silencio preocupante y cínico por parte del oficialismo del CPACF.
-¿Hay independencia judicial en la Ciudad de Buenos Aires?
-Hay una influencia creciente del oficialismo en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires que nos preocupa. No dudamos de la probidad e independencia de los jueces porteños, pero sabemos perfectamente que la tentación del Ejecutivo existe. Y sinceramente no nos parece la mejor garantía de independencia judicial que los representantes de los abogados sean los mismos que los representantes del Gobierno porteño, algo que sucedería si triunfa la lista de (Jorge) Rizzo y Gente de Derecho.
-Como abogado/a ¿Cómo toma las declaraciones del presidente Macri en torno a la “mafia de los juicios laborales”?
-El presidente no es abogado y viene del mundo empresario. Creemos que no conoce en profundidad de lo que habla. Hemos tomado la frase como una preocupación –que compartimos- por el mal funcionamiento del fuero laboral. Pero de ahí a que existan “mafias”, nos parece una declaración exagerada. Estamos dispuestos en avanzar en discusiones que estén orientadas a acelerar y transparentar los juicios. Pero nuestro límite está en el menoscabo a los derechos de los trabajadores. Jamás acompañaríamos ninguna iniciativa que perjudique al más débil de la relación obrero-patronal.
-¿Cómo repercute en la actividad de los abogados la obligatoriedad de cobrar honorarios por método posnet?
La medida fue vista con preocupación y consternación entre los colegas, y vemos una vez más como en estas cosas que afectan directamente el ejercicio profesional el CPACF no emite opinión ni actúa para nada.
Consideramos que la incorporación de las actividades profesionales de los abogados dentro de los denominados “servicios de consumo masivo” es indebida y temeraria. Implica asimilar el trabajo del abogado a servicios mercantiles o empresarios, nada más alejado de la realidad. Pretender ubicar nuestra rol en la defensa de los derechos de nuestros clientes como un servicio masivo evidencia un desconocimiento de la actividad que sólo puede explicarse por una desmedida voracidad fiscal por parte del Estado, de la cual el abogado ya es una víctima recurrente.