En el marco de la creciente tensión con los gremios del sector, el gobierno de María Eugenia Vidal recibió en las últimas horas un duro revés de la Justicia, que decidió frenar las jubilaciones docentes de oficio determinadas por el titular de la cartera educativa bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, al cierre del pasado año pero que habían sido formalizadas, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el 22 de marzo último. El magistrado Francisco Terrier, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, determinó "ordenar, en carácter de medida precautelar, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, suspender la ejecución de la Resolución Nº 2397/17 hasta tanto se resuelva la tutela cautelar peticionada".
Así, el juez hace lugar a la demanda cautelar presentada por Suteba y FEB una vez oficializada la decisión de Sánchez Zinny de cesar de oficio al personal docente que al 31 de diciembre del pasado año hubiera alcanzado los 60 años de edad y 30 años de servicios.
Facsímil de la resolución del juez Terrier, a la que accedió Letra P.
“Esta resolución pretende condenar a la pobreza a 3060 docentes de la provincia de Buenos Aires”, habían denunciado los gremios acerca de la polémica medida de la cartera educativa, llamativamente formalizada en pleno debate salarial, aunque tenía fecha de 29 de diciembre de 2017.
Para avanzar sobre esas jubilaciones de oficio, la Provincia había aludido a la resolución 204 de 2016, la cual había quedado suspendida por aquel entonces tras la presentación de una cautelar de los gremios ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2 de La Plata.
Extracto de la resolución frenada por la Justicia.
“La patronal de forma arbitraria te cesa pero no al porcentaje que deberías tener”, había señalado semanas atrás a Letra P la secretaria de Jubilaciones del Suteba, Marina Mapelli, quien el 25 de enero pasado realizó tres presentaciones al detectar intentos de ceses de oficio a docentes por parte de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), “con un cambio de carátulas en los expedientes de aquellos que habían iniciado una jubilación: las caratulas pasaban de cese ordinario a cese de oficio”.
La dirigente del Suteba había dado cuenta de la existencia de dobles expedientes y la elaboración de carátulas con ceses de oficio de docentes que no habían iniciado ningún trámite jubilatorio, por lo que consideró que se trata de “un cese compulsivo de 3000 docentes, cercenando sus derechos con un anticipo jubilatorio, cuyo monto se determinará en un 60% del sueldo básico, antigüedad y cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente, ni aguinaldo”.
Mapelli advirtió que, con el pretendido cese de oficio masivo –frenado ahora por la Justicia-, el gobierno de Vidal buscaba coartar el derecho de los trabajadores de elegir el mejor cargo para jubilarse, sin poder tampoco acceder a un mejor porcentaje de anticipo a la espera de la jubilación: “Se quedan con el último cargo y congelado. Acá está el quid de la cuestión: mientras esperan que le entreguen el código jubilatorio, no tienen ningún tipo de aumento, recomposición, ni aguinaldo y se les cae el IOMA. Pueden esperar un año, dos, tres, y sabemos de situaciones de hasta 5 o 6 años”, resaltó para detallar el caso de una docente con cáncer que cesaron de oficio y aún no le llegó la jubilación por lo que no puede contar con la obra social.